Noviembre 14, 2020 - Por Antonio Ramírez – Doble Clik

En febrero de 2013, el SERNAC interpuso una demanda colectiva en contra de las farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada, con el propósito que las compañías compensaran a los consumidores que se vieron dañados por la colusión en el alza de precios de 206 medicamentos, ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. El Servicio interpuso esta acción judicial colectiva luego que la Corte Suprema ratificara la determinación del Tribunal de la Libre Competencia. La demanda buscaba compensación para dos tipos de consumidores: aquellos que tuvieron que pagar de más por los medicamentos, cuyos precios aumentaron artificialmente (en algunos casos en casi un 50%), y aquellos consumidores que se vieron impedidos de adquirir medicamentos a causa del alza artificial y debieron abandonar sus tratamientos, o bien debieron utilizar medicamentos de peor calidad. En aquella oportunidad se indicaba: “no podemos aceptar que quienes lucraron en alrededor de 58 millones de dólares a costa de los consumidores, no compensen a quienes sufrieron el daño. No hay que olvidar que las farmacias tenían más del 90% de la participación de mercado en esa época, y que los consumidores afectados se encontraban a lo largo de todo el país”.

La autoridad del SERNAC comunicó recientemente que se había alcanzado un acuerdo con dos importantes cadenas farmacéuticas del país. En esa comunicación, el director del SERNAC afirma ufano en los medios de prensa que “Los consumidores van a recibir incluso más de lo que tuvieron que pagar por sobreprecio y los montos están absolutamente cubiertos con la demanda y de forma adicional se incorporaron montos para su distribución”La sorpresa que experimenta la ciudadanía es mayúscula. El acuerdo alcanzado por SERNAC se refiere al pago individual de 22 mil pesos por persona, para un grupo cercano a los 53 mil consumidores y solo para un grupo de 26 medicamentos. Es decir, de un castigo inicial establecido en cerca de 20 millones de dólares para cada empresa, y sobre un universo de 206 medicamentos, por arte de magia se redujo a un monto total de apenas 1,5 millones de dólares, y dejando fuera los efectos sobre la colusión en otros 180 medicamentos. Ese es el castigo nominal que el Estado propina a quienes se coludieron para jugar y especular con un bien que debiera ser de uso público: la salud de las personas.

 Estamos hablando de un acuerdo que se refiere solo a dos de las empresas. Otra, la que se autodelató, indica que ellos ya tuvieron el castigo social necesario y, por ello, no son incorporados en este acuerdo.

Las farmacéuticas se frotan las manos, se trata de un acuerdo extraordinariamente beneficioso para ellas. El acto de “reparación” no toca de manera alguna la fuente de sus ganancias, ni afecta sus intereses. Por el contrario. ¿Por qué decimos esto? Porque no fue solo ese grupo de 53 mil personas el afectado por esta brutal colusión. Subrayamos: no estamos diciendo que este grupo de personas no merezca reparación. Lo que afirmamos desde estas páginas, es que este grupo no representa en absoluto el universo total de afectados por este acto CRIMINAL ejecutado por las cadenas farmacéuticas. Esto quedó establecido en la demanda inicial presentada por el propio SERNAC.

Entonces, nuevamente estamos ante OTRA GRAN ESTAFA. Aclaremos: por estafa se entiende el delito que provoca a alguien perjuicio patrimonial mediante engaño y con ánimo de lucro. Y aquí se continúa engañando a la ciudadanía, profundizando su deterioro patrimonial en beneficio de las principales cadenas farmacéuticas. ¿Cómo? Se informa de manera rimbombante que las empresas que se coludieron fueron castigadas. Sin embargo, el problema radica en que el castigo no es acorde al crimen ejecutado. Estas empresas afectaron a la sociedad en su conjunto. Peor aún, el mismo “castigo” encierra un beneficio pecuniario para las mismas empresas coludidas. Señalemos algunos aspectos. En primer lugar: veintidós mil pesos para cada uno de los “seleccionados” como beneficiarios de esta reparación. Sin olvidar que dejaron sin reparación al 87,4% de los medicamentos considerados en la colusión, vinculados a decenas de miles de chilenos, el monto asignado como reparación por el 12,6% restante no alcanza para comprar las dosis medicamentosas ni siquiera de un mes. En algunos casos, no alcanza para comprar ni siquiera uno solo de estos medicamentos. Como ejemplo tomemos solo el precio de uno de los 26 medicamentos favorecidos en la selección del SERNAC: SPIRON gotas. El precio promedio de un solo frasco es de 24.780 pesos. Es decir, ya para este solo medicamento no alcanza la supuesta “reparación”.

Pero, profundicemos. De ese precio, el consumidor deberá pagar 4.708 pesos por concepto de IVA. Es decir, el Estado se apropia de un 19% de ese supuesto “beneficio”, en vez de que sean los farmadelincuentes quienes asuman ese costo. Pero esto no termina aquí. Sumemos a ese precio por el Spiron, el 30% de ganancia que la empresa incluye en el precio al consumidor, es decir otros 6.600 pesos que, por la magia del mercado, nuevamente van en beneficio de la empresa, y en perjuicio del consumidor agraviado. Es decir, en términos reales, para el caso del medicamento mencionado, el monto de la “seudo reparación” alcanza apenas a 10.692 pesos.

Adicionalmente, este acto de “seudo reparación” hace caso omiso de todos aquellos ciudadanos que, por carecer de los recursos necesarios para adquirir medicamentos a precios de colusión, no pudieron comprarlos, viendo afectada su salud a la de sus familiares. Ellos quedan fuera, en la sombra, son los ignorados. Por eso es que desde estas páginas insistimos en que nos encontramos ante UNA NUEVA GRAN ESTAFA. Y el responsable de ello es nuevamente el Gobierno, que es el que maneja el SERNAC, institución que defiende los intereses de las empresas y sus accionistas. Institución que descaradamente da la espalda a los ciudadanos, cuyos intereses debería estar llamada a defender. Por esta vía, una vez más, el aparato del Estado se hace parte de este nuevo atentado contra el derecho de los ciudadanos a la salud.

Así las cosas, nos enfrentamos a otro acto brutal de expoliación de los intereses de la ciudadanía, donde los chilenos son agredidos por partida doble: primero durante el mismo acto de colusión de las empresas por el precio de los medicamentos; y luego durante un proceso de “reparación” que testimonia de la colusión entre una parte del Estado y los inculpados.

Esto se suman a las estafas ya acometidas por el Estado en los casos de Johnson’s, Pollos, Penta, Bilbao, Cascadas, Serrano, Inverlink, La Polar, Metrogas, Colusión de Navieras, Papel Confort, etc.

¿Qué debiera demandar la ciudadanía? a) el congelamiento de los precios, a lo menos de los 206 medicamentos objeto de la colusión; b) el encarcelamiento de los criminales coludidos; c) el pago de una reparación justa, expresada a través de la reducción de precios para el resto de los medicamentos, reparando las pérdidas del conjunto de la ciudadanía por lucro cesante.

Finalmente, esto lo decimos con dolor, con rabia e impotencia, no vemos la presencia de ningún organismo social, de ninguna fuerza política, que levante su voz protestando por esta nueva arbitrariedad en contra de los chilenos. Aquí deberían estar las organizaciones sindicales, partiendo por la Central Única de Trabajadores, el Colegio Médico, otras asociaciones gremiales y sindicatos, levantando su voz como una sola, y demandando justicia también en esto. Ahí se manifiesta el verdadero liderazgo social, no solo en la caza de nuevos puestos para los constituyentes. Y para que hablar de los partidos políticos, los que hace ya tiempo perdieron el respeto y confianza de la ciudadanía. Pero, las organizaciones sociales, el movimiento social, tienen hoy el deber, el imperioso deber, de levantar su voz.

Sí. Estamos ante una nueva gran estafa y, al menos por ahora, la reacción social refleja solo impavidez.