LAPIDARIO INFORME DE LA OEA SOBRE LA JUSTICIA CHILENA: «TRAS 14 MESES SÓLO EXISTEN IMPUTADOS FORMALIZADOS EN MENOS DEL 1% DE LAS CAUSAS»
Por: El Desconcierto | Publicado: 19.12.2020 La investigación realizada con apoyo de la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, es clara en criticar al sistema de justicia nacional. «Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que …

Por: El Desconcierto | Publicado: 19.12.2020

La investigación realizada con apoyo de la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, es clara en criticar al sistema de justicia nacional. «Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la fiscalía)», explica el texto.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la OEA publicó un informe que realizó una «evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social».

El texto, pone el foco específicamente en el rol del Ministerio Público, al cual se le critican hechos como por ejemplo que tras 14 meses solo existan imputados formalizados en menos del 1% de las causas. Asimismo, en las conclusiones de la investigación se destaca que los factores determinantes para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones «han sido la presión mediática o a través de redes sociales por parte de la ciudadanía «.

Por otro lado, el estudio denuncia la existencia de un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de «graves violaciones de derechos humanos». Esto, ante la comprobación de que sólo 178 de las 8.827 investigaciones en la materia han sido iniciadas de oficio por la fiscalía.

En ese sentido, desde el CEJA sostuvieron que las falencias del Ministerio Público responderían a «la inobservancia de la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata, prestando especial atención a la preservación de la escena del crimen».

Así, dado el «débil rol del Ministerio Público garantizando una adecuada recolección de la evidencia en la escena del crimen», hay una deficiencia en el principio de exhaustividad que es «notoria», sostiene el informe.

Ante estos hechos el presidente de la CEJA, Jaime Arellano, señaló que es necesaria la creación de «un grupo interdisciplinario de expertos independientes» por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acompañe la investigación y persecución penal que desarrollan las instituciones nacionales en las violaciones de derechos humanos.

El rol de Carabineros

En cuanto al rol que ha jugado la policía uniformada, fundamental para la realización de las investigaciones, el informe es igualmente lapidario respecto a lo negativo de su participación.

«Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la fiscalía)», explica el texto.

En ese contexto, el CEJA identificó prácticas tales como demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, como parte de las problemáticas que afectan a las investigaciones que dirige el Ministerio Público.

Finalmente, como algo positivo de la Fiscalía, el informe reconoce que existen buenas prácticas, como el establecimiento de mecanismos extraordinarios para la recepción de denuncias por las víctimas o la interlocución con organizaciones de la sociedad civiles, a través de la unidad especializada en derechos humanos del Ministerio Público.

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