NI UNA MENOS; VIVAS NOS QUEREMOS
Por: Karol Cariola | Publicado: 29.12.2020- El Desconcierto Este gobierno de Chile Vamos, en particular, ha actuado con real decidía ante nosotras las mujeres. Una muestra de ello es la falta de iniciativa, el bajo y estancado presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género año tras año, la falta de voluntad que mostraron la …

Por: Karol Cariola | Publicado: 29.12.2020- El Desconcierto

Este gobierno de Chile Vamos, en particular, ha actuado con real decidía ante nosotras las mujeres. Una muestra de ello es la falta de iniciativa, el bajo y estancado presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género año tras año, la falta de voluntad que mostraron la mayor parte del tiempo para tramitar la Ley Gabriela (sólo por ser de autoría de dos diputadas comunistas), ley que logró ampliar la definición de femicidio a TODO crimen de odio contra una mujer en razón de su género. Y uno de los ejemplos más evidentes, es el nulo esfuerzo que han hecho en tres años para hacer avanzar el proyecto de ley presentado por la Ministra Claudia Pascual, en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, para establecer una ley marco que resguarde “El Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

El crimen que acaba con la vida de una mujer es uno de los actos más violentos y reprochables que conocemos. Acabar con la existencia de una mujer, a partir del odio y menosprecio, solo por ser mujer, es algo muy doloroso que por inhumano e increíble que parezca, sigue ocurriendo y aumentado en Chile y el mundo. El Femicidio, las diversas formas de violencia de género, la anulación y el abuso, son la verdadera pandemia de las mujeres. No es un misterio que vivimos bajo el yugo de una sociedad machista y patriarcal.

La relación histórica de asimetría, dominación y abuso de un género sobre el otro, trae aparejados actos de violencia machista de los que incluso en muchas ocasiones no somos conscientes. La mayoría de las veces, antes de la consumación de un femicidio, las mujeres vivimos distintos tipos de violencia, sicológica, física, simbólica, institucional, entre otras; de hecho, un gran número de mujeres asesinadas se encontraban bajo una supuesta “protección del Estado”, con órdenes de alejamiento, acompañamiento psicológico y asesorías de centros de la mujer, por ejemplo. Sin embargo, igual son asesinadas y no son asistidas a tiempo. Esto da cuenta de que estamos llegando tarde como sociedad y que el Estado se hace cómplice con su negligente y ausente actitud.

Gran parte de las políticas preventivas que han surgido en los últimos años corresponden a medidas aportadas legislativamente principalmente por parlamentarias que con voluntad y fuerza junto a organizaciones sociales hemos logrado hacer avanzar. Este gobierno de Chile Vamos, en particular, ha actuado con real decidía ante nosotras las mujeres. Una muestra de ello es la falta de iniciativa, el bajo y estancado presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género año tras año, la falta de voluntad que mostraron la mayor parte del tiempo para tramitar la Ley Gabriela (sólo por ser de autoría de dos diputadas comunistas), ley que logró ampliar la definición de femicidio a TODO crimen de odio contra una mujer en razón de su género. Y uno de los ejemplos más evidentes, es el nulo esfuerzo que han hecho en tres años para hacer avanzar el proyecto de ley presentado por la Ministra Claudia Pascual, en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, para establecer una ley marco que resguarde “El Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Es claro que la naturalización de la violencia de género, la falta de control efectivo medidas cautelares de alejamiento del agresor, el rol insuficiente ya a veces ausente de las instituciones públicas, son algunas de las razones por las que sostenemos que el Estado chileno ha sido negligente, ausente e incluso cómplice de las mujeres que hoy lloramos y por quienes hemos levantado la voz con tanta fuerza. Porque no queremos que nos sigan matando, hemos decidido ser la voz de las que ya no están. Y es esta la razón que nos motiva a ir más lejos aún y hacernos parte de la lucha de aquellas familias que han sido víctimas del femicidio, y que han decidido transformar su dolor en lucha, para buscar la justicia que en gran parte de los casos se les ha denegado por distintas razones. Es fundamental establecer que no sólo es víctima de un femicidio la mujer violentada; también es víctima su familia, sus hijos, todos quienes compartieron con ella. Y esas víctimas, escasamente han sido reconocidas, valoradas y mucho menos han accedido a la reparación que amerita su sufrimiento.

Es por esto que, de la mano de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, Ni Una Menos Chile y la Bancada Feminista Julieta Kirkwood, hemos dado un nuevo paso presentando un proyecto que busca hacerse cargo de aquello que viene después, cuando no hemos podido evitar el crimen, y que es el Estado de indefensión en que quedan las familias víctimas de femicidio, que se les reconozca su derecho a la reparación integral.

La reparación integral a las víctimas es un derecho humano indiscutiblemente y no se agota en lo meramente económico. Mirarlo desde esa perspectiva es un error, que desnaturaliza la protección a las familias y la restringe sólo a quienes llamamos “víctimas directas”, olvidando que las personas, las mujeres, se desarrollan en entornos familiares más amplios y que son quienes más están al cuidado de ellas, paradojalmente, por causa de esa injusta diferencia en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que es también la última causa por la cual se provocan los femicidios.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido la reparación como: “(…) las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial”. Esto significa que la reparación excede lo que habitualmente entendemos como meras indemnizaciones, para abrir paso a todo aquello que permita “hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas”, sustraer la mayor cantidad de efectos nocivos provocados por la violencia impuesta en contra de las víctimas. Ese alcance extensivo ha estado ausente por muchos años en nuestra legislación, y creemos que es necesario y urgente incorporarlo.

La propuesta legislativa que hemos trabajado dice relación con la consagración de derechos centrales e imprescindibles para cumplir con el mandato que pesa sobre nuestro país en materia de derechos fundamentales de las mujeres y que se deriva de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Convención de Belem do Para” (suscrita y ratificada por Chile). Dicha convención señala que “los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda”. Y, en ese sentido, integra derechos y deberes que permitan hacer efectiva la reparación integral considerando un concepto de familia amplio y extendido, incluyendo a hijos e hijas, cónyuges, convivientes, convivientes de hecho, padres y madres, con la obvia salvedad que no hayan sido autores, cómplices o encubridores del femicidio.

La consagración del derecho a la reparación integral de las víctimas, también establece el deber de generar acciones de desagravio, rehabilitación, y a la protección y restitución de los derechos de las familias que se vean afectados y amenazados, garantizando el acceso a la justicia a todas ellas.

Algo que ha sido muy sentido por las familias, es el abuso que hacen los femicidas, usando los propios recursos de las víctimas y de sus hijos, en su beneficio, incluso para costar sus propias defensas particulares, por lo cual nuestra propuesta incorpora la suspensión y pérdida de los derechos hereditarios del femicida respecto de la víctima, además del cuidado personal de los hijos e hijas, y sólo queda vinculado por la obligación de proveer de alimentos.

Por último, el proyecto reconoce la incansable labor que han desarrollado las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, permitiéndoles ser querellantes y defensoras de las víctimas de femicidio.

Creemos que este proyecto marcará un nuevo precedente en la materia, por cuanto no sólo necesitamos que la prevención y persecución del femicidio se perfeccionen, sino que, además, necesitamos poner en serio el foco en las víctimas, muchas veces imposibilitadas de acceder a verdadera justicia, y por sobre todo a reconocerlas como tales, resguardando que sus derechos estén siempre en primer lugar.

Karol Cariola -Diputada del Partido Comunista por el Distrito 9.+

GENTILEZA DEL DESCONCIERTO