Por Danilo Araneda – 23 febrero 2021 – Colaborador de UTE-NOTICIAS

El "cuento del tío" es el nombre que recibe en Sudamérica un tipo de estafa, que se aprovecha de la ingenuidad de quienes buscan obtener ganancias fáciles. La literatura indica que este tipo de estafa es conocida en el Río de la Plata y en Chile como “cuento del tío”; en Brasil se la conoce como “conto do vigário”; y en otros países de la región andina y el Caribe como “paquete chileno”. Cuenteros, vigaristas y paqueteros eran tres denominaciones posibles del estafador, mientras que a la víctima se la llamaba “otario”[1].

El chileno promedio, el “otario” de a pie, conoce bien de estas estafas, e incluso las incorpora en su comportamiento. Las ventas de productos “mágicos” que, a cambio de precios supuestamente módicos prometen bajar de peso o combatir todo tipo de dolencias; las llamadas telefónicas que imitan voces de parientes supuestamente detenidos por carabineros, y que solicitan recursos para pagar supuestas multas; llamadas similares que demandan rescate por parientes supuestamente secuestrados; etc. Más recientemente, se ha conocido de estafas que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la información, y la absoluta desprotección de la información personal y confidencial de cada ciudadano, que permite que los delincuentes (incluidos los de cuello y corbata) puedan saber dónde vivimos, cuáles son nuestros patrones de consumo, de qué nos enfermamos.

Uno de los casos más preclaros de la incorporación del “cuento del tío” en la cultura nacional está representado por la Constitución de Pinochet. Para muestra solo un botón: hasta la Constitución  de 1925, reformada por la Ley 17.398 de 1971, el Estado de Chile se acogía a una visión extensiva de la seguridad social, conocida también como “Estatuto de Garantías” que, en el primer inciso del numeral 16 de su artículo 10, aseguraba el derecho a la seguridad social, para luego disponer su inciso segundo: “El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a equitativa redistribución de la renta nacional”. Ese concepto amplio de la seguridad social está completamente ausente del inciso cuarto del artículo 1 de la Constitución de 1980, que expresa que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es el bien común, para lo cual debe crear las condiciones ambientales para que todos y cada uno de los miembros de la sociedad alcancen su mayor realización material y espiritual. Bajo un rebuscado lenguaje, borra de un plumazo lo indicado en la Carta Magna anterior. Tras una amable cobertura, de “servicio a la persona humana”, y que declara que “su finalidad es el bien común”, se abre camino para la privatización de todos los derechos sociales hasta ese momento alcanzados por la sociedad chilena. Un cuento que los chilenos hoy ya no aceptan. El 13 de noviembre de 1980, mediante el Decreto Ley N° 3.500, se estableció un sistema de pensiones que obligaba a la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones (AFP). Este sistema “basado en la libertad y la justicia, (permitiría) al trabajador una vejez digna, y al país acelerar su marcha hacia el desarrollo económico y social”.[2] La ciudadanía con angustia y desesperación clama por el fin de este sistema que los condena a jubilaciones de hambre y miseria, que no solo afectan a los mayores, sino también a sus familias, hijos y nietos.

Ejemplos de la aplicación de este “cuento del tío” se aprecian a lo largo de todo el período post-dictadura. A su utilización han recurrido numerosos políticos que visten ropajes de “representantes de un estado verdaderamente democrático”. Los casos permanecen en la memoria de la ciudadanía, entre ellos: el fraude en CONADI, el caso Kodama, el puente Cau, el “perdonazo” a tiendas Johnsons, los escándalos de la FACH, el Milicogate, el Pacogate. Sólo esta reducida muestra supera la friolera de US$ 2 mil millones de dólares. El “paquete chileno” aplicado sin desparpajo por los propios dueños del país y “sus” fuerzas militares y del orden.

Se suman a estos ejemplos los contubernios de las farmacias para manejar los precios de los medicamentos; la incineración de miles de toneladas de carne de ave, para mantener elevados los precios de la carne de ave; el escándalo de los precios con el papel confort y otros.

Paralelamente, el Estado ha procurado vender a los “otarios” nacionales y al exterior una imagen de Estado inmaculado, lejano a la corrupción. Mientras, la población es víctima de los agravios diarios, y testigo de los innumerables casos de corrupción que la propia prensa ventila.

Los medios de comunicación, radio, prensa escrita y televisión, cuya propiedad se encuentra concentrada en un reducido número de grupos económicos, tratan de convencer a la población de las ventajas de un modelo económico que ha comprometido las capacidades productivas del país, destruyendo la industria nacional, limitando el potencial de desarrollo científico, transformando al país en un mero exportador de materias primas y algunos bienes de bajo valor agregado. De una parte, empresarios y políticos se vanaglorian de contar con una economía “inserta en los mercados internacionales”, pero ocultan que esta inserción ocurre a costa de terminar con el trabajo calificado y condenando a la fuerza laboral a un deterioro creciente y sin retorno. Sin trabajo altamente calificado, educado, no hay posibilidad de asimilar nuevas formas de producir, ni nuevas tecnologías. Por ende, no hay ninguna capacidad de poder participar en la competencia de los mercados internacionales. Peor aún, ese trabajo poco calificado comienza paulatinamente a ser reemplazado por robots y otros sistemas automatizados. Aquí el “cuento del tío” aparece expresado en una red de acuerdos internacionales de comercio e inversiones que imponen al país el atraso productivo y tecnológico, además de un acelerado empobrecimiento de la población. Y esto, el “otario” chileno lo siente todos los días, por eso salió a las calles en octubre de 2019.

También en materia de derechos humanos se hace presente otra modalidad del “cuento del tío”. Así lo muestra la reciente sentencia de la Corte Suprema que cierra un proceso que tardó 48 años, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Pisagua, a un mes de iniciada la dictadura. Como indican los familiares de uno de los asesinados, “la tardanza en hacer justicia significó que los principales autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad … murieran durante sus procesamientos sin que pudieran ser condenados, produciéndose lo que se conoce como impunidad biológica.” Los mismos familiares alertan que “existe un aspecto más grave, peligroso e impresentable para nuestro país: que el Estado de Chile no contribuya a construir la Memoria, a establecer la Verdad para exigir y realizar la plena Justicia. No cumple, de ninguna manera el compromiso y la obligación contraída ante la Comunidad Internacional en Derechos Humanos, de tomar todas las medidas necesarias para que no se repita otro genocidio como el sufrido por nuestro pueblo a manos de la dictadura cívico militar de la derecha fascista y sus lacayos, durante 17 años”[3]. Así, larguísimos procesos se transforman en la práctica en denegación de justicia, bajo una cobertura de “democracia” que, en realidad, busca borrar la memoria nacional.

La dura pandemia que afecta a la humanidad también ha sido escenario del aprovechamiento de las necesidades de la población. Incapaz de empatizar con el padecer ciudadano, el gobierno de Piñera se ha negado a generar una ayuda eficaz y urgente para millones de chilenos, limitándose a miserables subsidios, obligando a los asalariados a usar sus propios seguros de cesantía y ahorros previsionales. Y, ¿cómo no usar estos recursos, si solo en el 2020 hubo casi un millón de personas desocupadas? Es el “otario” de a pie quién, con sus ahorros, debe financiar la recuperación económica del país, asegurando las ganancias de los grandes comerciantes y proveedores. En buen chileno, “es la cueca en pelotas”: los empresarios despiden a los trabajadores, los obligan a recurrir a sus fondos de cesantía y previsionales, para que vuelvan a consumir, y asegurar las utilidades que aumentan sus riquezas. Mientras, la población languidece en una miseria que crece.

La pandemia aporta otro crudo ejemplo del carácter miserable de la élite chilena: en medio de un exitoso programa de vacunación a la población más vulnerable, que ha contado con el sacrificio y labor abnegada de miles de trabajadores de la salud, y el anhelo de la población de reducir las pérdidas humanas, por la “puerta chica”, de manera subrepticia y artera, el gobierno se ha preocupado de asegurar que más de 37 mil personas menores de 60 años, sean vacunadas sin pertenecer a los grupos prioritarios. De una parte, disciplina y rigidez para la población, dejando fuera a miles de personas que día a día enfrentan la pandemia, sin más defensa que su buena voluntad; de otra, la vista gorda para sus propios acólitos, postergando a decenas de miles de ciudadanos de alto riesgo que adolecen de enfermedades de base.

Finalmente, la “guinda de la torta”: el proceso constituyente ha sido capturado por los mismos que fueron denostados por las manifestaciones de octubre 2019 y, luego, por el plebiscito de octubre 2020. Tras una máscara de seudo democracia, se ha procurado reducir al mínimo la participación de los “octubristas”, asegurando la presencia de los partidos políticos tradicionales. Mientras políticos tradicionales “renuncian” a sus partidos para postularse como constituyentes, la prensa anuncia que más del 40% de los candidatos independientes no cuenta con ninguna posibilidad de difusión. Así, el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, se transformó en la última versión del “cuento del tío”.

DANILO ARAVENA  -  COLABORADOR DE UTE-NOTICIAS

[1]              HISTORIA No 49, vol. ii, julio-diciembre 2016: 395-427 ISSN 0073-2435. Diego Galeano. Entre cuenteros y otarios: Historia transnacional de una estafa en América Latina. Revista de Historia de la Universidad Católica. http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/view/7694/7208

[2]              Palabras del discurso que diera José Piñera, creador del sistema de AFP, el 6 de noviembre de 1980, en discurso por cadena nacional para explicar el contenido de la reforma. Citado por El Mostrador, 28 julio 2016. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/28/las-promesas-incumplidas-del-sistema-de-afps/

[3]              https://www.facebook.com/search/top?q=DECLARACI%C3%93N%20DE%20LA%20FAMILIA%20MORRIS