EL CRECIENTE DESCONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ARAUCANÍA
por El Mostrador 24 febrero, 2021 Es una opinión bastante generalizada, incluso en el oficialismo, que ya existen suficientes leyes para abordar una política de normalización en esa zona, y que embarcarse en nuevas legislaciones sólo sería una pérdida de tiempo, sin ningún efecto práctico. Todo indica que el punto más débil es la escasa …

por El Mostrador 24 febrero, 2021 Es una opinión bastante generalizada, incluso en el oficialismo, que ya existen suficientes leyes para abordar una política de normalización en esa zona, y que embarcarse en nuevas legislaciones sólo sería una pérdida de tiempo, sin ningún efecto práctico. Todo indica que el punto más débil es la escasa eficiencia de los servicios públicos involucrados en el manejo de la crisis, especialmente los policiales, además que el gobierno actúa de manera ambigua, buscando siempre evitar decisiones complejas, y tratando de trasladar a terceros, especialmente al Congreso Nacional, la responsabilidad de lo que se haga u ocurra. Cada día que pasa, aumenta la convicción de que el Gobierno no acierta a comprender la profundidad de la crisis ni a dar con las medidas que se requieren para retomar un curso de normalidad y estabilidad políticas. Ahora, ante el aumento de atentados incendiarios, La Moneda anuncia que llamará a un gran “acuerdo nacional” para la gobernabilidad de la zona. Y que promoverá nuevas leyes para una mayor penalización de actos criminales y la facilitación de investigación de delitos cometidos. Pero es una opinión generalizada, incluso en el oficialismo, que ya existen suficientes leyes para abordar una política de normalización, y que embarcarse en nuevas legislaciones sólo sería una pérdida de tiempo, sin ningún efecto práctico. Las opiniones concuerdan en que el punto más débil es la escasa eficiencia de los servicios públicos involucrados en el manejo de la crisis, especialmente los policiales. Y existe la convicción que el gobierno actúa de manera ambigua, buscando siempre evitar decisiones complejas, y tratando de trasladar a terceros, especialmente al Congreso Nacional, la responsabilidad de lo que se haga u ocurra. Acciones irracionales como el fallido allanamiento masivo de la PDI en Temucuicui, la designación de un Coordinador Presidencial sin capacidad real de control (y por encima de las competencias de la administración interior del país), o negociaciones con privilegios para un machi en huelga de hambre, carente de vocería y reconocimiento de tal entre sus pares mapuche, indican una pérdida de perspectiva de lo que es la autoridad del Estado Nacional en estas materias. Si el Gobierno pretende escamotear su responsabilidad de garantizar el orden público interno, se pone al margen de sus obligaciones. Es evidente que no se trata de responder con violencia estatal irreflexiva o desmedida la actitud irracional y violenta de las reivindicaciones mapuche. Máxime si a estas alturas existen claros indicios de que, para mayor complejidad, en la Araucanía están operando grupos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. Los incendios indiscriminados crean un estado de alarma pública que no puede ser aceptado, pues lesionan los derechos políticos y civiles de otros ciudadanos, mapuches, mestizos o blancos, y la estabilidad política del país. Y nadie está en condiciones de garantizar que esa violencia no llegue a las ciudades, e incluso a Santiago. Lo peor de ello es que obstruye el curso de la renovación constitucional que actualmente tiene el país, y que debiera abrir paso a la solución a largo plazo de las reivindicaciones de los pueblos originarios. Por otro lado, la inactividad de inteligencia y de seguridad de los servicios policiales del Estado, su abierta falta de profesionalidad, y la incompetencia gubernamental para superarla, ha agravado la situación al no proporcionar, al cabo ya de más de diez años de intensificación de la violencia, información adecuada para adoptar acciones represivas y de control enérgicas y congruentes con un Estado de Derecho y una democracia estable. El indeclinable respeto de los derechos humanos y el debido proceso, así como la satisfacción de demandas sociales justas, no pueden interferir con la defensa de la paz social a todo evento, y para que ello ocurra con legitimidad, las instituciones deben funcionar y el Gobierno gobernar. Así las cosas, la primera responsabilidad le compete al gobierno de turno, actuando en el marco de sus competencias, de manera clara y sin soslayar todas y cada una de las competencias que lo obligan, sean estas económicas, sociales o judiciales. La Moneda tiene todo el derecho a convocar a grandes acuerdos nacionales, o intentar nuevas leyes, o gastar sus esfuerzos políticos en actividades comunicacionales. Pero lo primero es decidir y gobernar, precisamente lo que no está haciendo. GENTILEZA DEL MOSTRADOR