LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA ¿POR QUÉ NO?
Por Fernando García -  colaborador de UTE-NOTICIAS – 17 de marzo 2021 Hace sólo un par de, el ex jefe del Observatorio de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), Álvaro Briones, se refirió a la posibilidad de legalizar el consumo recreativo de la marihuana en nuestro país. Planteaba esto cuando ya son varios los países y los estados norteamericanos que …

Por Fernando García -  colaborador de UTE-NOTICIAS – 17 de marzo 2021

Hace sólo un par de, el ex jefe del Observatorio de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), Álvaro Briones, se refirió a la posibilidad de legalizar el consumo recreativo de la marihuana en nuestro país. Planteaba esto cuando ya son varios los países y los estados norteamericanos que lo han hecho. Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el gobierno y de organizaciones religiosas y de la derecha política se respondió rechazando esa posibilidad e insistiendo, como por lo demás siempre ha ocurrido, en el argumento del daño que a la salud individual es capaz de producir dicha sustancia

Sin entrar a discutir los daños efectivamente susceptibles de causar el consumo de marihuana, nos parece que quienes levantan éste como argumento para legitimar la prohibición olvidan que, más allá de los discursos, la realidad es que no fue ése el argumento que motivó y que mantiene la prohibición.

Recordemos que, tratándose de un tema de política criminal en donde parecen colisionar derechos individuales y sociales, las verdaderas cuestiones a discutir son claramente otras:

¿Tiene el estado derecho a impedir, a una persona adulta, y desde el punto de vista jurídico plenamente capaz, el consumo voluntario de una sustancia, sobre la base del daño a la salud que ella puede ocasionarle?

¿La política que bajo la amenaza de la sanción penal busca impedir dicho consumo, genera efectivamente más beneficios que su despenalización?

Y en aquellos países, como el nuestro y muchos más, en donde la prohibición penal de la marihuana se ha sustentado en principios de dudosa legitimidad, es necesario también formularse una tercera pregunta:

¿Son legítimos los mecanismos penales que actualmente se utilizan en la persecución de consumidores y proveedores de marihuana?

Respecto de esta última pregunta nos hemos pronunciado latamente sobre ello, haciendo presente, que, en nuestra opinión, la legalidad aplicada al modelo prohibicionista, viola de manera flagrante principios fundamentales del Derecho Penal liberal, como los de lesividad, culpabilidad, proporcionalidad de las penas y otros, y la aplicación práctica de esa legalidad, viola de manera recurrente los derechos humanos de miles de personas.

        La primera pregunta es una cuestión jurídico política, que puede sustentarse simplemente sobre la racionalidad ¿hasta dónde alcanza la potestad punitiva del Estado en una sociedad democrática? La segunda en cambio, una cuestión de hecho, que exige fundamentarse empíricamente.

Por cierto, podemos discutir latamente sobre estos temas, pero al menos parece necesario tener presente lo siguiente:

1.- Por un lado, el derecho a la libertad personal y el respeto y protección a la vida privada, se encuentran garantizados debidamente en nuestra Constitución. Por otro, el derecho a la salud se ha entendido siempre como derecho frente a atentados de terceros, (vg. homicidios y lesiones) no propios (no se sancionan ni las autolesiones ni el suicidio). La actual situación de pandemia ratifica esta situación. Los fundamentos del control y sanción que experimenta la población se refieren siempre al riesgo de contagio a terceros.  De este modo, y desde una primera lectura, centrada en los derechos de las personas, no queda claro que el Estado democrático tenga facultades para intervenir limitando la libertad personal y la vida privada, al impedir conductas que, en el peor de los casos, pudieran estimarse autoatentados.

2.- Las políticas públicas que se estructuran sobre la base de normas legales debieran sustentarse como mínimo sobre la base de la racionalidad y la universalidad de las normas (donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, dice el principio jurídico). De lo contrario, más que normas legales preocupadas de defender un bien jurídico determinado, son meras discriminaciones irracionales o con ocultos propósitos. Y en el caso que analizamos no encontramos racionalidad ni coherencia ¿O es que quienes son partidarios de la prohibición de la marihuana, también piden la prohibición del alcohol y del tabaco? Después de todo, y de esto no hay duda, por un lado, cada una de esas sustancias posee una toxicidad mayor que la marihuana y por otro, en Chile al menos, el consumo del alcohol es un problema de salud pública muchísimo más grave que el del consumo de marihuana. Y si de impedir el consumo de sustancias por el daño que hacen se trata, ¿debiéramos sancionar penalmente a quien ofrece dulces o pasteles a un adulto diabético, sabiendo que lo es? ¿o a quien siendo hipertenso mantiene un significativo aprovisionamiento de charqui para los próximos meses?

3. - Por otro lado, de manera análoga a lo planteado por quienes son partidarios de mantener la prohibición, que acusan desconocer el daño a la salud que provoca la marihuana, se puede argumentar que ellos desconocen los tremendos daños que produce la prohibición en la sociedad toda. Y ello, porque con frecuencia no se distingue entre los daños resultado del consumo de sustancias psicoactivas y aquellos que pueden ser atribuibles a la política prohibicionista que frente a ese consumo se ha desarrollado. Entre los principales de estos últimos tenemos:

             a)     A la salud, al potenciar la venta de sustancias adulteradas, (incluso con solventes en algunos casos), con dosis de THC desconocidas y variables, al dificultar que se recurra oportunamente al terapeuta, como consecuencia de la estigmatización que significa reconocerse “drogadicto” y al fomentar el paso a otras drogas que puede ofrecer el traficante, a quien obligatoriamente hay que comprar.

             b)  A la seguridad de los habitantes, al potenciar las organizaciones criminales dedicadas al tráfico, aumentar la violencia, como consecuencia de los ajustes de cuentas, los enfrentamientos entre narcotraficantes, o de estos con la policía, al generar degradación urbana y pérdida de espacios públicos, al hacer colapsar el sistema penal, y al generar mayor control y represión sobre poblaciones vulnerables, por ejemplo.

            c)  Al erario nacional, que debe destinar cientos de millones de dólares, en policías, fiscales, defensores, armas, vehículos, tribunales, gendarmes, cárceles, comida, alojamiento, etc., para mantener un modelo penal cuya ineficiencia hoy muy pocos discuten.

         d) Al ámbito político y público, al aumentar la corrupción, la deslegitimación institucional y la violación de los derechos humanos.

4 - Por último, recordemos que el modelo prohibicionista no ha tenido éxito en ningún país del mundo y, por el contrario, su fracaso estrepitoso se escucha en todo el planeta cada vez con más fuerza. Como escribimos hace ya más de veinte años, “…legalizar la droga puede ser una alternativa real para enfrentar los problemas que la prohibición genera…” y hoy agregamos… y en definitiva, establecer sistemas eficaces, humanitarios y de salud pública, para controlar y reducir el consumo.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, NO SIEMPRE REPRESENTAN EL PENSAMIENTO DE ESTE DIARIO