¿INEPTOS? ¿CRIMINALES? ¿O AMBOS?

Por Fernando García -  04 de abril 2021 – Colaborador de UTE-USACH NOTICIAS 

Nuevamente millones de habitantes de nuestra patria debemos encerrarnos en nuestras casas, sin poder realizar las básicas actividades de la vida diaria, trabajar, ir al colegio, ir de compras, o ir a ver a los hijos, padres, abuelos, nietos, amigos.  Nuevamente cientos de miles de grupos humanos deberán vivir hacinados, compartir las 24 horas del día en espacios de pocas decenas de metros y nuevamente millones de personas verán reducidos o simplemente desaparecidos sus ingresos básicos, aquellos que les permiten sobrevivir. Y como si fuera poco, hemos debido postergar el ejercicio democrático más importante de los últimos 30 años.

Y la medida del encierro tiene todo el sentido del mundo. Desde hace ya siglos, mucho antes que se conociera la existencia de los virus, o las bacterias, se sabía que había enfermedades que se contagiaban por el contacto con personas infectadas y que, en consecuencia, la reducción de la movilidad constituía una de las principales medidas para evitar la difusión del contagio.

Lo que si carece de sentido es que hayamos llegado a este dramático escenario como consecuencia del fracaso total y absoluto del gobierno en el control de la pandemia. Con un número de contagiados creciente, que en algunas oportunidades ha superado los 8.000 diarios, un centenar de muertos cada día, falta de camas críticas en todo el país (“se hospitaliza donde se puede y no donde se debe”, explicaba recientemente un especialista), incluso el colapso de algunas morgues, y si a todo ello agregamos un personal de salud agotado, la situación difícilmente puede ser peor.

Y todo lo anterior, secuela de una falta de liderazgo total y absoluta por parte del gobierno, una comunicación de riesgo confusa y contradictoria, que “creó una falsa situación de confianza” como dijo un experto de Harvard, una trazabilidad y un aislamiento absolutamente insuficiente, unas cuarentenas irreales, un cierre de fronteras tardío, (cuando ya las nuevas cepas del Covid 19 estaban en nuestro país).

Y es aquí donde surge las preguntas ¿Hemos llegado a esta situación producto de un grupo de ineptos que toman decisiones sin saber lo que hacen? ¿o más grave aún, de un grupo de criminales a quienes la vida de las personas les importa poco?

Y ninguna de las dos preguntas es meramente retórica, por el contrario, la situación es demasiado grave como para quitarle seriedad y por ello ambas preguntas merecen plantearse, y al menos intentar unas respuestas.

Para efectos de precisar cuándo estamos frente a un grupo de “ineptos”, resulta suficiente con lo señalado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Allí se nos dice que inepto es “No apto ni a propósito para algo”, en su primera acepción, y “Necio o incapaz” en la segunda. Ambas acepciones parecen poder aplicarse a varias de aquellas autoridades que hoy a nivel nacional toman las decisiones sobre la manera de enfrentar la pandemia.

Pero no basta con esos calificativos, cuando una conducta causa daños a la vida o la salud de las personas, y en este caso a miles de habitantes de nuestro territorio, es legítimo y necesario preguntarse si esta situación no constituye además un verdadero delito. Después de todo precisamente entre los delitos más graves tenemos el “matar a otro”.

El Derecho Penal desde hace siglos ha considerado que las conductas delictivas pueden ser resultado de una voluntad dirigida al resultado delictivo (delitos dolosos) o dirigida hacia un objetivo no relevante, pero con una conducta ejecutada con tal falta del debido cuidado (imprudencia, negligencia, ignorancia) que se produce un desvío del curso causal perseguido, produciéndose un resultado dañino, especialmente sobre la vida o la salud de las personas, ((“cuasidelitos”, en un lenguaje tradicional, “delitos culposos”, en un lenguaje más actualizado)..

Hoy el razonamiento general es que, en una sociedad compleja, como la nuestra, existen innumerables conductas que generan riesgo. (Basta pensar en realizar una instalación eléctrica, conducir un vehículo motorizado, efectuar una cirugía, pilotar un barco, o un avión, o simplemente construir un edificio, dar un paseo en bote, o simplemente cambiar una ampolleta). Ahora bien, las conductas riesgosas jurídicamente se justifican en la medida que los beneficios que ellas reportan son mayores que los riesgos que provocan. Así, por ejemplo, aun sabiendo que cada año hay cientos de muertos y heridos en accidentes de tránsito, a nadie se le ha ocurrido prohibir el uso de los vehículos motorizados. Pero el que dichas conductas se acepten jurídicamente no significa que se pueden ejecutar de cualquier forma. Por el contrario, ellas requieren para su legitimidad jurídica, ser realizadas con el “cuidado debido”.

Pues bien, el Derecho Penal chileno sanciona como delito conductas que se realizan, “sin el debido cuidad”, y atentan “contra las personas” (vida y salud). En este sentido es ejemplificador el artículo 490 del Código Penal que señala textualmente “El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado…”, y por si quedara dudas, el artículo 492 dice “El médico, cirujano, que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión, incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior”.

Aclarado lo anterior, la pregunta precisa es saber si las conductas realizadas por nuestras autoridades en relación con el control de la pandemia han sido ejecutadas con el debido cuidado, o, por el contrario, lo han sido con “imprudencia temeraria”. Para evaluar esto podemos considerar dos elementos. Por un lado, la realidad que vivimos, la peor que hemos tenido durante toda la pandemia, por otro, la información que se tenía y debían conocer y aplicar las autoridades. Y aquí basta recordar que la experiencia internacional, los especialistas nacionales más reconocidos, así como el Colegio Médico y las sociedades científicas, indicaron desde siempre un camino distinto. Pero la soberbia por un lado y el privilegiar la economía y especialmente el modelo neoliberal por otro, han permitido que nuestras autoridades nos hayan llevado al horror que hoy padecemos. Y el horror ha sido demasiado y debe tener su costo. No es posible que los responsables de miles de contagios y de muertes, del sufrimiento de millones de personas, que se pudieron haber evitado, o al menos sobrellevado de manera más digna, queden en la impunidad. Paris debe asumir sus responsabilidades, pero el responsable mayor es Piñera y ambos deben pagar política y penalmente por ello.