COLUMNA DE DANIEL MATAMALA: QUE VIENE EL CUCO –
Por Daniel Matamala - La Tercera – 09-05-2021 “No tener más minería en Chile”. Esa será, según el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) la consecuencia del royalty que se discute en el Congreso. En 2004, la única vez que un gobierno (el de Lagos) intentó impulsar un royalty minero en Chile, las …

Por Daniel Matamala - La Tercera – 09-05-2021

“No tener más minería en Chile”. Esa será, según el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) la consecuencia del royalty que se discute en el Congreso.

En 2004, la única vez que un gobierno (el de Lagos) intentó impulsar un royalty minero en Chile, las advertencias fueron apocalípticas. “La industria no lo soportaría”, dijo el presidente de Anglo American. “Es un disparate”, acusó el ex presidente de la Sofofa Hernán Briones. “Proyectaríamos imagen de país poco serio”, advirtió Libertad y Desarrollo.

El lobby empresarial derribó el royalty y lo reemplazó por un impuesto específico, aprobado en 2005. La Sonami advirtió que la ley aprobada “desalienta la inversión, dañando la confianza de los inversionistas y la competitividad internacional del país en la captación de capitales externos”.

El resultado fue que, en la década siguiente a esa ley, las grandes mineras acumularon rentas por 120 mil millones de dólares, por sobre las ganancias necesarias para mantener los niveles de inversión y producción, según cálculo del doctor en Economía Ramón López. En 2006, con el impuesto específico ya vigente, un informe del Banco Mundial puso a Chile como el tercer país que menos tributos cobraba entre 24 naciones (36,6%), y como el segundo en que los inversionistas tenían una mayor tasa de retorno (15%).

En 2010 se modificó nuevamente el impuesto. El lloriqueo corporativo contra los “excesivos” tributos se repitió. Y tras aprobarse, las grandes mineras siguieron amasando increíbles ganancias. En 2020, Antofagasta PLC, del grupo Luksic, pasó de valer U$ 11 mil millones a U$ 25 mil millones. Alzas parecidas han tenido mineras como BHP (82%), Glencore (57%) y Anglo American (54%).

No ocurre sólo en la minería. Cada vez que un debate afecta intereses poderosos, el lobby oficial manda a los ciudadanos a dormir, porque si no obedecen, el cuco se los va a comer.

Este martes cumplirá una década una frase del Presidente Piñera. El 11 de mayo de 2011, profetizó que si no se construía HidroAysén “estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década”. A los grupos ciudadanos y ambientalistas que se oponían al proyecto los tildó de “irresponsables” y los acusó de “engañar a los chilenos”.

Piñera hablaba a coro con la publicidad del proyecto de Endesa y el grupo Matte.

“Si Chile no duplica su energía desde hoy, en 10 años más funcionará a medias”, advertía un spot televisivo, adornado con apocalípticas imágenes de una cirugía hecha a la luz de las velas.

Como sabemos, HidroAysén no se construyó, gracias a la presión ciudadana de los “irresponsables” y al 74% de los chilenos que, según encuestas, se oponían a él. Habría sido un irreparable error histórico. Las gigantescas represas habrían destruido la riqueza natural de la Patagonia, cruzado el sur de Chile con una cicatriz de torres de alta tensión y concentrado el mercado eléctrico en el oligopolio Endesa – Colbún.

Al terminar la década, lejos de sufrir un apagón, Chile es referente mundial en la implementación de energías amigables con el medio ambiente, con un mercado cada vez más competitivo, precios que apuntan a la baja y, gracias a ello, grandes perspectivas en negocios del futuro, como el hidrógeno verde.

Los casos dan para llenar páginas y páginas. Por recordar solo algunos: si ganaba el No, el general Pinochet nos anunciaba que “volveremos al 10 de septiembre de 1973”. Si se despenalizaba la homosexualidad, el diputado García profetizaba que nos caería “el castigo que Dios ha impuesto”. Si se autorizaba el aborto en tres causales, el diputado Hasbún amenazaba con que “se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad”. Si se aprobaba la jornada laboral de 40 horas, el ministro Monckeberg decía que “Chile podría verse impedido de jugar una Copa América”.

Y ni hablar del retiro de fondos previsionales. “Si esto se aprueba, Chile se va a incendiar”, dijo la alcaldesa Matthei. Y una serie de expertos pronosticaron que “se destruye el mercado”, “la bolsa caerá 10 a 12%”, “la entrega de recursos probablemente se demore más de un mes”, y las sucursales de las AFP sufrirán una “ola de incendios en respuesta a las demoras”.

Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá.

Esa mirada infantilizadora de los ciudadanos, esa compulsión por contarles historias de terror para mandarlos a dormir, no entiende que los chilenos despertaron, y, con toda razón, no creen en tales patrañas. Pedrito puede engañar una y dos veces diciendo que viene el lobo, pero después de décadas de falsas alarmas, estas ya no provocan terror ni obediencia; sólo indignación y burlas.

Y eso impide la discusión seria sobre las políticas públicas. El proyecto de royalty minero tiene deficiencias que deben ser mejoradas. Pero, después de estas declaraciones, difícilmente alguien pueda tomar a la Sonami como un interlocutor válido en ese debate. Lo mismo pasa con los 10% de las AFP, en que las insensatas amenazas hicieron que no se debatieran en serio los problemas reales que esos retiros suponen para las jubilaciones de los chilenos.

Y esto se agrava por una tecnocracia repleta de inconfesados conflictos de interés, que llevan a muchos “expertos” a actuar como voceros informales del lobby empresarial, en vez de ser imparciales defensores del bien común.

Los mismos que se llenan la boca acusando “populismo”, “demagogia” y “falta de seriedad” en el debate parlamentario, acuden sin asco a las fake news. El presidente del gran empresariado, Juan Sutil, afirmó que la inmigración “detuvo el crecimiento y el desarrollo” del país, una relación tajantemente desmentida por los datos de innumerables informes de organismos como el Banco Central.

Ya está bueno. Tratemos a los ciudadanos como adultos, no como niños desobedientes a los que hay que mandar a dormir.