Carlos Daroch – Abogado - Bogotá – Colombia - Para UTE NOTICIAS - 4/07/2021
Los datos que estremecen por lo ocurrido en el estallido social en Colombia, son: 955 Víctimas de violencia física. 50 homicidios. 1388 Detenciones arbitrarias. 46 agresiones oculares. 22 Victimas sexuales. La Fiscalía General de la Nación en el informe entregado a la Comisión de verificación de la CIDH manifiesta que investiga 21 homicidios cometidos en relación al Paro Nacional, 11 casos por verificar; 19 casos sucedieron durante las jornadas de paro, pero al parecer no con ocasión de la protesta. Hay 14 casos de violencia contra mujeres, 13 casos de violencia contra civiles y un caso de violencia contra una integrante de la Policía Nacional[i].
A los 63 días de iniciado el “paro nacional”; forzoso es, junto con las cifras dar a conocer que resulto de esta movilización social masiva y espontanea que nace del descontento popular por la presentación al congreso de una reforma tributaria que imponía tributos a muchos productos de la canasta básica, por lo que encarecía estos en el consumidor final.
El día 3 de julio en el Departamento del Cauca, fueron asesinados 3 individuos, dos de ellos eran activistas del paro nacional. Es decir, los números siguen creciendo, la violencia a veces es oficial y otras veces es paramilitar. El clima social se encuentra enrarecido por la crisis económica que afecta duramente a la población colombiana. El gobierno colombiano nombro como negociadores del pliego de peticiones en primer lugar a quien fue el Consejero de Paz, Dr. Miguel Ceballos y luego nombro al Dr. Emilio Archila, ambos funcionarios implacables y acérrimos enemigos de las Farc., quienes nunca han tenido gestos amables en el desarrollo de sus funciones como consejeros de paz o consejeros de la rehabilitación o resocialización de los ex guerrilleros. No se esperaba de ellos una actitud diferente en la negociación de las peticiones formuladas por el Comité Nacional de Paro, las cuales se discutirían en la mesa de trabajo con los diversos sectores sociales en conflicto. Lo que termino en una discusión infinita y que llevo a un desacuerdo y al levantamiento de la mesa de negociaciones por parte del Comité del Paro, que era en realidad lo que buscaba el gobierno en un esquema de dilación para motivar el inconformismo en el resto de la población afectada por el cierre de los establecimientos de comercio, las marchas y concentraciones que dificultaban el quehacer en las ciudades.
De otra parte, sin lugar a dudas, el acuerdo político en que llegaron las Farc EP y el gobierno Santos que culmino en un acuerdo de paz y la desmovilización de la guerrilla más antigua del mundo se encuentra con vida formal solamente. Los espacios territoriales en que se ubicaron a los desmovilizados y que era en principio un espacio de transición armonizado con el rol que ellos debían desempeñar en lo dispuesto para la erradicación de cultivos ilícitos y la propiedad de la tierra, se convirtió en un lugar de vida permanente. Cada vez que uno de los excombatientes abandona el sitio y busca reinsertarse en la sociedad termina asesinado.
En Colombia no hay espacio para la paz. Lo que fue el “Leit motiv” del llamamiento a votar en contra del acuerdo de paz y uno de los propósitos electorales de Ivan Duque, se está cumpliendo de manera irremediable. “hacer trizas los acuerdos de paz”
¿Que se logró con la movilización social? El mayor logro fue hacerle ver a la juventud que su participación es vital y necesaria para darle un aire renovador a la política, todavía resisten heroicamente en la calle, abandonados por las centrales obreras que pocas veces salieron a la calle a manifestarse.
Los afectados fueron ellos, la primera línea, que lucha por las reivindicaciones sociales de un pueblo adormecido por la miseria y la violencia. Garrote y zanahoria doctrina conocida que todavía da réditos a los gobernantes sudacas.
La reforma tributaria disfrazada de “Ley de solidaridad sostenible” volverá a presentarse en esta nueva legislatura a partir del 20 de julio de 2021, el gobierno tendrá a su haber la tramitación de leyes como una reforma a la Procuraduría General de la Republica (órgano que fiscaliza a la función pública) que es contraria a la Constitución Política y que apunta entre cosas a cerrar por vencimientos de plazos legales investigaciones a funcionarios públicos enredados en actos de corrupción, como también juzgar e inhabilitar a los funcionarios públicos electos en votación popular. Contrariando con ello disposiciones y medidas garantistas desde la misma CIDH.
La reforma al régimen de la seguridad social también bajo otra cara será presentada al congreso. Pero no será lo único en este periodo legislativo, el comité del Paro, anuncia que su petitorio de demandas sociales presentado desde finales del año 2019 y que no ha sido tenido en cuenta, será presentado en iniciativa legislativa por intermedio de legisladores de oposición e iniciativas populares.
Oposición que no cuenta con las mayorías necesarias para materializar las demandas que son necesidades apremiantes en estos tiempos de pandemia, carencia en salud, faltan vacunas contra la covid. Trabajo y un ingreso básico para la población vulnerable, que según el DANE [ii] tiene solo dos comidas al día.
No hay entendimiento con el gobierno, puesto que este, ha dirigido y potenciado su ayuda al sector empresarial otorgándole beneficios financieros y tributarios, lo que no se ha traducido en una fuerte reactivación del aparato productivo. La cifra del desempleo en el total nacional es de un 17,3 %, en 13 ciudades y áreas metropolitanas alcanzo un 19,5% (@dane_Colombia).
¿Que se ganó tras dos meses en la calle? La estigmatización de terroristas, de vándalos a quienes hacían uso de un derecho supra legal, la protesta está considerada como un derecho de los ciudadanos cuando se está en desacuerdo con las políticas gubernamentales, como en este caso.
¿El gobierno Duque que gano? Se ganó la visita de una comisión de la CIDH para verificar los abusos policiales y al parecer en el informe entregado al presidente Duque un fuerte llamado de atención y claras recomendaciones en el respeto a la protesta y un límite al abuso policial.
También gano una fuerte reprimenda de José Miguel Vivanco (Human Rights Watch), con quien tuvo, dicen, un fuerte altercado vía virtual. Igualmente gano en el nivel de favorabilidad subió de un 18% la medición más baja en 6 mandatos presidenciales a un 23%. El Congreso como institución de la Republica tiene el índice de desaprobación de un 87%.
Como si fuera poco, la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU ha suspendido oficialmente toda la ayuda económica a la Policía Nacional de Colombia, hasta tanto sean judicializados los miembros que están señalados como autores intelectuales y materiales de abuso policial y otras graves infracciones a los derechos humanos.
Por el lado de los sectores populares que rechazan las medidas económicas del gobierno del presidente Duque, no hay mucho que rescatar y si lamentar la perdida valiosa de vidas.
Se avecina un periodo electoral a principios del próximo año 2022, en marzo se llevan a cabo elecciones de los legisladores (Representantes y Senadores), y en el mes de mayo elección presidencial. Contando los resultados, será el momento para saber quién gano más o perdió más con el estallido social.
Carlos G. Daroch Varas - Abogado.
[i] Junio7/2021 Col prensa