Por: El Desconcierto | Publicado: 12.08.2021

De acuerdo a los antecedentes manejados por los abogados de DD.HH. denunciantes del caso, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se han otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas, los que en su mayoría se han informado cuando las medidas ya se han aplicado.

Este jueves, un grupo de abogados especializados en derechos humanos denunciaron que el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro de Justicia Hernán Larraín Fernández, ha comenzado “silenciosamente” a reducir condenas a violadores de DD.HH.

Lo anterior, amparándose en la Ley Nº 19.586, pese a que han sido los tribunales de justicia los que han determinado las penas que deben cumplir estos victimarios, contraviniendo además el derecho internacional.

En detalle, los abogados denunciantes son Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, todos litigantes en causas de derechos humanos.

Sobre la acusación, señalaron que “existiría responsabilidad del Estado por estas rebajas de penas que violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que se sienten burladas nuevamente en sus expectativas de lograr plena justicia”.

Esta medida, que para los denunciantes se ha venido dando “entre gallos y medianoche”, ha resultado beneficiosa para numerosos agentes ya condenados por los tribunales de justicia, denunciaron los litigantes, entre ellos la Corte Suprema, por ser autores de ejecución y desaparición de personas, entre otros ilícitos.

De acuerdo a los antecedentes manejados por los especialistas, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se han otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas, los que en su mayoría se han informado cuando las medidas ya se han aplicado.

Así también, los abogados denunciantes sostienen que todas las actividades desplegadas por las autoridades de gobierno, en este sentido, “son arbitrarias y absolutamente contrarias al derecho internacional, contraviniendo de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normativas, puesto que asumen una forma de impunidad, impidiendo el cumplimiento total de las penas aplicadas por los tribunales de justicia”.

Al mismo tiempo, consideran que esta conducta del ministro de Justicia desvirtúa la labor que realiza la Unidad Programa de Derechos Humanos, órgano dependiente de su ministerio y que es un activo persecutor respecto de los crímenes de la dictadura.

Política de amarre

Considerando ese programa de DD. HH, los querellantes particulares abogan por no aplicar la media prescripción del artículo 103 del Código Penal y solicitan, mediante sus presentaciones, las penas más altas de nuestra legislación para este tipo de delitos.

Para los abogados “resulta absolutamente incoherente que sea el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que, por medio de la Subsecretaría de Justicia, rebaje las condenas favoreciendo la impunidad”.

Finalmente, para los denunciantes, todas estas conductas de indultos y rebajas de penas por parte del Presidente Sebastián Piñera y el ministro Hernán Larraín serían “una suerte de política de amarre en orden a dejar todo resuelto” antes que finalice la actual administración.

GENTILEZA DEL DESCONCIERTO

BENEFICIOS PENITENCIARIOS E INDULTOS CONCEDIDOS POR EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA A CONDENADOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

I.- Antecedentes:  La  presente resume los  beneficios  concedidos  a  condenados por crímenes de lesa humanidad sea reducciones de condena por la Ley Nº 19.856 concedidos  por  el  Ministerio  de  Justicia  y Derechos Humanos, o  bien mediante indultos presidenciales, firmados por el Presidente Sebastián Piñera, o bien, por el Ministro de Justicia, señor Hernán Larraín  Fernández, por orden  del Presidente de la República.

En  período corresponde  al año  2020  de  acuerdo a  información obtenida mediante la Ley de Transparencia consultando por el período 2015-2020.

I.-1.    En  diciembre de  2020  mientras  se conocía una  acción de  inaplicabilidad promovida por Rodrigo Pérez Martínez  y otros agentes de la CNI ante  el Tribunal Constitucional (rol 9406-20-INA)1, la defensa de los agentesdio a conocer el hecho de  que  Pérez Martínez  habría recibido beneficios penitenciarios concedidos por el Presidente,  obteniendo  la  libertad  anticipada,  pese a  que  el  Poder Judicial  había rechazado sus solicitudes de  libertad condicional, por Decreto Ley (DL) Nº 321  en diversas ocasiones desde 2018.

El Ministerio de Justicia, a través de su titular, Hernán Larraín Fernández, ha comenzado silenciosamente a reducir condenas a violadores de derechos humanos amparándose en la Ley Nº 19.586  contraviniendo de esa forma de manera expresa el Estatuto de Roma  y otras normas de Derecho internacional que  prohíben reducir condenas y generar impunidad. Decimos silenciosamente, pues no se ha informa ni se pedido la opinión ni a los familiares de víctimas, ni a querellantes, ni a los jueces que  intervinieron, ni a ente  alguno. Simplemente por un acto  de autoridad arbitrario y contrario al Derecho internacional de los derechos humanos, el Sr. Ministro Larraín ha  procedido a reducir condenas de  personas sentenciadas por crímenes de  lesa humanidad.

Con esta actitud el Ministro Sr. Larraín desvirtúa además la labor que  realiza otra  dependencia de  su Ministerio, la Unidad Programa de  Derechos Humanos, órgano litigante en los procesos relativos a los crímenes de la dictadura. En dichos procesos el Programa de Derechos Humanos, al igual que  los querellantes particulares, abogan por  no  aplicar la media prescripción penal (artículo 103  del Código Penal) solicitando en  sus presentaciones las penas más altas que  nuestra legislación contempla pues la imposición de penas proporcionales y su cumplimiento efectivo es un  deber del Estado.

En el mismo sentido, el Programa de  Derechos Humanos,  junto  a  los  querellantes,  se  opone sistemáticamente  a  los  recursos presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad para  poder  acceder al beneficio de la libertad condicional. Por lo anterior, resulta absolutamente incoherente que sea el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que por medio  de   la  Subsecretaría  de   Justicia  rebaje  las  condenas  favoreciendo  la impunidad, todo, a través del Sr. Ministro Hernán Larraín Fernández.

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1  Véase: Bustos, Francisco. Columna. "Libertad condicional y crímenes de  lesa humanidad. Comentario a  una  sentencia del Tribunal Constitucional (Rol 6985-19-INA) sobre el DL 321 reformado", Boletín del Observatorio Justicia Transicional UDP, No 57, enero-febrero 2020,  2-7.

II.- Estándares de  Derechos Humanos: El Derecho Internacional mandata investigar, juzgar y sancionar con penas efectivas los crímenes de lesa humanidad (Caso Almonacid Arellano vs. Chile). Tratándose de  ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, existen diversas normas en este sentido, incluyendo los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de  Personas; y, del artículo 7.1.  de  la Convención Internacional para  la protección de todas las personas contra  las desapariciones forzadas. En el mismo sentido, a  propósito del indulto otorgado ilegalmente a  Alberto Fujimori la Corte Interamericana de  Derechos Humanos (Supervisión de  sentencias Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú) tuvo ocasión de explicitar que los indultos y otras formas de reducción de condena son improcedentes si tienen por resultado la impunidad.

III -  LISTADO DE CASOS

IV.-  Observaciones:  Respecto  de  ninguna  de  estas  causas se notificó  a  los familiares  de   las  víctimas  sobrevivientes,  ni  tampoco  consta  que   se  hayan ponderado estándares internacionales de derechos humanos como la obligación de imponer sanciones efectivas, generando reiteradas situaciones de  impunidad, sin control judicial alguno.

Desde nuestra oficina hemos impugnado dos de estos casos de beneficios, apenas tuvimos noticia de ellos por la vía del recurso de protección. En primer lugar, (1) en contra  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pues la Ley Nº 19.856 exige entre  otros la rehabilitación, lo que  respecto de crímenes de lesa humanidad debe interpretarse restrictivamente, (2) y otro dirigido contra  uno de los indultos, al no considerar los estándares del derecho internacional; pero los mismos no han sido resueltos. En ambos casos la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ministerio de  Justicia informar. Su  respuesta da  cuenta que  en  ninguno de  estos casos se ponderaron estándares internacionales propios de los crímenes de lesa humanidad, aplicando de forma mecánica la ley, como si se tratara de delitos comunes.

Como  conclusión decirse que  existiría responsabilidad del Estado por estas nuevas situaciones de impunidad que  violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que sienten burladas nuevamente sus expectativas de obtener alguna forma de justicia. Si las acciones a nivel doméstico fracasan, sea en sede jurisdiccional, o por medio del control del Poder Legislativo, y no  se pueden revertir  estos beneficios  ilegales,  se presentarán las  acciones  y denuncias pertinentes a nivel internacional ante  el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas.

Abogados  firmantes: Nelson Caucoto Pereira, Francisco  Ugás Tapia, Pablo Fuenzalida Valenzuela, Francisco Bustos Bustos, Andrea Gattini Zenteno y Carolina Vega  Pérez