Silvia Redon y José Félix Angulo Rasco - Escuela de Pedagogía. PUCV – 04-10-2021 – Para UTE-NOTICIAS
Los medios (periódicos, programas de contingencia política por televisión, noticieros etc…) se han encargado de reiterar, enfatizar e, incluso, gritar que la libertad está en peligro. Está en peligro la libertad de pensamiento y de expresión por culpa de la normativa ética aprobada por la Convención Constituyente y posible artículo en la nueva constitución, que no sólo sanciona el negacionismo histórico político, sino que pone en peligro la libertad de educación. Pareciera que la convención ha reunido a los y las enemigas de la república y de las libertades. El periódico El Mercurio de Santiago, en la entrevista a Pablo Ruiz-Tagle señala que la tendencia de la ciudadanía de un 80 % de apoyo para la redacción de una nueva constitución en el 2020, hoy en septiembre del 2021, se ha reducido a tan sólo, un 24% de confianza en el trabajo de la convención.
Queremos recordar la serie The Good Fight, que ha llegado a su 5a temporada, de un bufete de abogados y abogadas que transcurre durante la era Trump en USA, demostrando justamente que la historia mejor relatada es la que gana, impera y triunfa en el marco político, jurídico y legal. Asistimos a una era, en la que la “verdad”, la racionalidad, los hechos y evidencias de lo ético y lo valioso son borrosas. Es, por el contrario, la narrativa mejor contada desde la tribuna del poder social y económico -la posverdad[1]- la única que vale… Pero ¿qué tiene que ver con esto con la libertad y con la convención Constituyente? Todo.
El sector de la derecha que nunca quiso una nueva constitución ha hecho su trabajo desde el monopolio de los medios, desde la historia reinterpretada, desde la posverdad narrada y desde un cierto populismo conceptual que utiliza conceptos tan loables y complejos como el de libertad , escondiendo la profundidad compleja que dicho concepto contiene y trivializándola al modo en el que conservadores más o menos liberales suelen hacerlo[2].
Pero, aunque se rasgan las vestiduras y se alarman por el atropello a la libertad de expresión, no ocurre los mismo cuando un sujeto que adhiere a una dictadura que torturó y asesinó a ciudadanos y ciudadanas chilenas, simplemente por pensar distinto, consiente y defiende implícitamente los atropellos a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos. En su ideológica simplificación, sancionar las manifestaciones públicas del negacionismo, suponen para ellos un atentado grave a la libertad de expresión. ¿Qué pensarán estos los liberal-conservadores de derecha ante la democracia liberal de Alemania que sanciona todo acto que vincule simbólicamente al nazismo (símbolos, canciones, etc.)? ¿Está atentando Alemania contra la libertad de expresión? Todo sujeto puede pensar lo que quiera, eso nadie nunca se lo podrá arrebatar ni cuestionar. Sancionar el negacionismo, no supone sancionar el pensamiento. Un defensor de la dictadura pinochetista y de sus crímenes tiene todo el derecho en pensar que nunca hubo tales crímenes, como ciertos grupos actualmente niegan el holocausto o defienden que la tierra es plana. El pensamiento no se sanciona, se sanciona, la palabra proferida en público que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos en chile y enarbola los signos y emblemas de los asesinos y opresores.
Recordemos que se trata de expresiones realizativas (performative utterances), para utilizar la idea de J.L. Autin[3]. En estos casos, provocamos cosas con nuestras expresiones. Y entre lo que provocamos está la vulneración de un valor mucho más importante y supremo, la vida. Porque los negacionistas humillan a las familias que sufrieron pérdidas, a los desaparecidos, a los y las que sufrieron tortura y la humillación, como ha reiterado Margalit[4], socava el valor de una sociedad civilizada. Es más, permitir manifestaciones negacionistas, convierte a las instituciones permisivas en estructuras de humillación, por lo que dejamos de ser una sociedad decente. No olvidemos que esa supuesta libertad de expresión es la enunciación realizativa de una atrocidad, en la que dejamos de respetar el dolor y el sufrimiento por generaciones de las familias de los desaparecidos, de los jóvenes mutilados en la revuelta, de las miradas que se apagaron, de las voces que se silenciaron para siempre. El negacionismo es un atentado a la vida digna y civilizada.
Pero existe otra paradoja en relación a la cuestión de la libertad de enseñanza. En Europa, estados como Finlandia, Alemania y Francia, por poner algunos ejemplos, tienen una fuerte red de escuelas públicas asentadas en barrios; escuelas públicas de muy buena calidad y sobre cuya presencia (muy mayoritaria en los países señalados) nadie ha criticado que supongan un atentado a la libertad de enseñanza. Las familias que deseen enviar a sus hijos o hijas a una escuela privada o concertadas siempre podrán hacerlo. El problema en Chile se encuentra en que, como producto de la política escolar de la dictadura y perpetuada por las élites en democracia hasta ahora, el 58% de la matrícula se la lleva instituciones privadas subvencionadas con recursos del estado. La matrícula pública apenas recoge un 33% del alumnado aproximadamente. Como resultado estamos generando en la escuela los nichos por clase social[5]. La libertad de enseñanza no puede significar nunca libertad para anular la escuela pública. Una escuela pública es una escuela de todos y todas, y debería ser la primera preocupación no sólo del estado, sino también de la ciudadanía. Porque la escuela pública es nuestro espacio común, nuestra ágora, allí donde el pueblo chileno puede encontrarse, educarse juntos y juntas, formarse en común. Una sociedad decente y civilizada se apoyan en una escolaridad pública de calidad comprometida con los valores ciudadanos, con el conocimiento, con la cultura y con el porvenir de las nuevas generaciones. Para ello se necesitan fondos públicos; una escuela de todos y todas es una escuela que la sociedad civil apoya económicamente, además de políticamente. Quien en nombre de la libertad de Enseñanza quiera llevar sus hijos e hijas a otros centros, podrá hacerlo, pero no a costa de los presupuestos del estado. La extensión de la escuela pública no atenta a la libertad de enseñanza, la resguarda; la subvención a la escolaridad privada o con sostenedor, supone en sí misma una sustracción de fondos públicos y por ello la anulación de la libertad que los ciudadanos y ciudadanas ameritan de una escuela pública de toda la ciudadanía.
No podemos quedarnos impasibles ante las narrativas de posverdad que pretenden socavar el trabajo de la Convención Constituyente; no podemos permitir que la oligarquía y las élites que siempre han impuesto su voluntad en Chile, amedrenten o pretendan socavar el proceso constituyente, que es, no lo olvidemos, único en el mundo y probablemente único en nuestra historia: escribir por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, una nueva Constitución[6] para una sociedad justa, decente y civilizada.
[1] Véanse por ejemplo: Richardst, St. (2016). Brexit, Trump: the trouble with claiming we’re in a post-truth era. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/10/brexit-trump-trouble-with-claiming-post-truth-era#comments. Y Heit, Helmut (2018). "There Are No Facts ...' Nietzsche as Predecessor of Post-Truth?". Studia Philosophica Estonica. 11 (1): 44–63
[2] Bobbio, N. (1993). Igualdad y libertad. Barcelona: Paidós.
[3] Autin, J.L. (1971). Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.
[4] Margalit, A. (2010). La sociedad decente. Barcelona: Paidós.
[5] Puga, I. (2011). Escuela y estratificación social en Chile: ¿cuál es el rol de la municipalización y la educación particular subvencionada en la reproducción de la desigualdad social? Estudios Pedagógicos, 37 (2): 213-232. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000200013
[6] Véasnse: Salazar, G. (2009). Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI). Santiago: LOM y Salazar, G. (2011). En el nombre del poder popular constituyente (Chile, siglo XXI). Santiago: LOM.