por Danilo Araneda – 18 de octubre 2021 – PARA UTE NOTICIAS
Lunes, 18 de octubre de 2021, conmemoramos una fecha magna en la historia de Chile: el pueblo en las calles abrió las puertas para un radical cambio de nuestra historia.
Algunos hablan que ese día “despertó Chile”, pero sería más justo decir “se cabreó Chile y salió a exigir sus derechos”. Otros dirán que se conmemoran acontecimientos que “nadie vio venir”, pero, la verdad es que la mayoría de los chilenos, todos aquellos que viven solo de los ingresos que les prodiga su trabajo, si lo veían venir, solo que no sabían cómo ni cuándo esto ocurriría.
En este día tan especial los medios de comunicación oficiales, mientras la gente se encamina hacia la plaza de la dignidad u otros similares, se solazan tratando de diferenciar entre “octubristas” y “noviembristas”. Tras esta falaz dicotomía buscan ocultar la verdadera raíz de los acontecimientos que, cual avalancha, se han volcado sobre nuestro país.
Y hablamos de falacia, porque fue precisamente el poder de la ciudadanía en las calles el que dio otro tinte a la denuncia de la corrupción desatada en las altas cumbres del Estado de Chile, y en una parte no despreciable del gran mundo empresarial. Solo gracias a esa verdadera explosión de descontento social, cual rompecabezas, se comenzaron a agrupar los actos delictuales cometidos por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; la insólita pasividad de los partidos políticos tradicionales (“PPTs”) y sus parlamentarios (en todo su espectro), verdaderos cómplices pasivos (y otros no tan pasivos) de la decadencia de las principales instituciones del Estado.
El descontento social puso de manifiesto que no podía mantenerse el injusto sistema previsional; la desigual distribución de los ingresos; el paupérrimo sistema de salud y educación públicos; una concentración de las riquezas nacionales que se contrapone con las míseras condiciones de vida de mayoría de la población; la brutal represión de los derechos humanos de todos quienes piensan diferente; la obscena concentración de los medios de comunicación y la impúdica complacencia de periodistas comprados por el sistema, que pretenden cegar a la población; etc. Crecía la comprensión social de que para terminar con todo esto era necesario el cambio de la Constitución de Pinochet.
Pero, lo más relevante, el 18 de octubre de 2019 dejó muy en claro que la ciudadanía ya no estaba dispuesta a seguir siendo manipulada y violentada como venía ocurriendo hasta ese momento. Y surgió en las calles una voluntad ciudadana hasta entonces desconocida, paralela a los partidos políticos tradicionales, y con una organización que nadie hasta el día de hoy parece comprender.
El poder oficial y los partidos políticos tradicionales entraron en pánico ante la posibilidad de que los revoltosos se atrevieran a llegar hasta La Moneda. El Presidente declaró que el país estaba en guerra. Incapaces de entender la magnitud del movimiento ciudadano, le echaron la culpa a Cuba, a supuestos infiltrados venezolanos, a los rusos, incluso el K-Pop coreano resultaba estar implicado. Creció la represión. El gobierno de empresarios no encontró nada mejor que recurrir a la violencia terrorista del Estado. Cientos de jóvenes fueron mutilados, muchos otros fueron asesinados. Soterradamente crecía en la sociedad una demanda: Piñera debe renunciar.
El 15 de noviembre de ese año, Piñera y el establishment político tradicional (con honrosas excepciones) acordaron una salida institucional que declaraba el objetivo de “buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”, llamado a preguntar a la población si se quería una Nueva Constitución y el tipo de órgano que debía redactar la nueva Carta Magna.
De una sola plumada se borraron las justas demandas económicas y sociales de la población y, “de pasadita”, se terminó con la demanda que exigía la renuncia del Presidente. Como por arte de magia, tras una cortina de pseudo democracia, desaparecieron los “octubristas” reemplazados por los “noviembristas”. El sistema tradicional político imponía su razón en contra de los “violentistas” y se apropiaba de la bandera del cambio constitucional.
Lo que no esperaba el gobierno, la derecha y los PPTs era que la voluntad popular se manera aplastante se pronunciaría por el cambio de la Constitución y por un órgano constituyente sin participación de un sistema parlamentario profundamente desacreditado. Menos esperaban que en la elección de ciudadanos a la Convención Constitucional, afloraría una nueva ola de representantes, jóvenes, muy alejados de los preceptos de la derecha, del modelo neoliberal y de gran parte del mundo “concertacionista”.
De esta forma, esta Convención se transformó en uno de los principales hitos políticos resultantes de octubre del 2019. Y las intenciones por enterrar las demandas “octubristas” se ofuscan dando paso a un organismo democrático y verdaderamente representativo de los intereses ciudadanos.
Este mismo 18 de octubre de 2021, la Convención Constituyente ha dado inicio oficial a la redacción de la Nueva Constitución. La esperanza de la ciudadanía está puesta en lograr un instrumento que permita superar la oscura etapa del neoliberalismo. Sin embargo, por la misma razón, el organismo y sus representantes se encuentran bajo el constante ataque, directo y soterrado, de la derecha y de una parte no menor de la ex Concertación. Al amparo de los ataques al proceso constituyente se abren paso concepciones fascistizantes que pretenden entronizar a los sectores más extremos de la derecha en el gobierno.
Por esta razón, la presencia en las calles de la ciudadanía, para conmemorar los dos años desde la heroica gesta ciudadana de octubre 2019, es un claro aviso de que más allá de los avances de la Constituyente, siguen totalmente pendientes todas las demandas económicas, de las cuales ninguna de ellas, subrayamos ninguna, ha encontrado respuesta por parte del Estado de Chile. No hay atención de los requerimientos ciudadanos ni en el plano económico, ni en el plano social, ni menos en el plano de la defensa de los derechos humanos, ni tampoco en la administración de justicia. Crece a pasos agigantados la demanda porque Piñera deje el gobierno.
Durante estos dos años, entre muchos otros temas, se hacen presentes varios temas recurrentes.
El primero de ellos, se procura mostrar que la ciudadanía en la calle está capturada por los “violentistas”, no obstante, es creciente la percepción popular de que la violencia proviene fundamentalmente de parte del Estado. Esta violencia se hace presente en las constantes violaciones de los derechos humanos, pero, también, en el verdadero saqueo del erario nacional que han realizado importantes autoridades de Gobierno y de las Fuerzas Armadas y Carabineros; en la persistente actitud del Gobierno por entregar las riquezas nacionales a grupos empresariales, privando a futuros gobiernos de la opción de poder modificar las estrategias de desarrollo.
Por eso, no llaman la atención las declaraciones de ex ministros de gobiernos de Concertación y de la derecha que preconizan el carácter intangible de los acuerdos económico-comerciales internacionales. Olvidan que estos instrumentos internacionales tienen su razón de ser en la voluntad de los países por buscar mejores condiciones para el desarrollo de sus propios pueblos. Son instrumentos que se firman de común acuerdo entre las partes, buscando el beneficio recíproco. Cuando este beneficio desaparece, los acuerdos pierden su razón de ser. Por este motivo, los propios instrumentos suscritos contienen mecanismos para su “modernización”, es decir su adecuación a las nuevas condiciones históricas.
El problema para el actual establishment institucional radica en que estos acuerdos se firmaron bajo el imperio de los criterios definidos por el modelo neoliberal, hoy ampliamente rechazado. Por este motivo, es propio de un país soberano definir sus condiciones de desarrollo. Esto es lo que la propia Convención Constitucional y algunos de los candidatos presidenciales actualmente sostienen.
Pretender que los acuerdos internacionales son intocables significaría reconocer que junto con los acuerdos el país comprometió su propia soberanía, lo cual de por si haría de ellos instrumentos inconstitucionales.
También recurrente ha sido el constante llamado, acompañado por la prensa oficial, a la defensa de la democracia amenazada por los “violentistas”, los “comunistas” y los “populistas”. Aunque ya se ha repetido hasta el cansancio, violentistas son precisamente los que impusieron a sangre y fuego la dictadura pinochetista y el modelo neoliberal, traspasando las principales riquezas del país a mano de personajes como las pirañas y otros semejantes. Antidemocráticos son los que hoy pululan en las redes acusando a “los tuertos de ira a provocar lástima” en las manifestaciones, y negando el carácter profundamente democrático del proceso constituyente. Populistas son aquellos que engañan a la población con promesas que finalmente destruyen la capacidad productiva del país, inhiben su especialización y diversificación, y con esto cierran las puertas al desarrollo de la educación y la cultura.
Finalmente, también preocupa el permanente desconocimiento de las organizaciones sociales, sindicatos, organismos poblacionales, así como el encasillamiento de los organismos de asalariados en meras demandas económicas, inhibiendo su participación en la definición de elementos programáticos de interés nacional. El país, la ciudadanía toda, debe participar en la construcción de un programa de reconstrucción nacional. En el olvido quedó el temerario llamado a “rodear la Convención Constitucional”.
La historia hoy está en las calles. Y solo la ciudadanía movilizada podrá defender las demandas de octubre 2019 y los avances de la Nueva Constitución.