A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Estimada comunidad: Como Decana de la  Facultad de Humanidades, comparto el malestar que se ha suscitado en varias universidades nacionales, por la solicitud hecha desde la Cámara de Diputados en Oficio Nº 76051, en el que se pide informar a la Universidad de Santiago de Chile sobre: “cursos, centros, programas y planes de estudio que …

Estimada comunidad:

Como Decana de la  Facultad de Humanidades, comparto el malestar que se ha suscitado en varias universidades nacionales, por la solicitud hecha desde la Cámara de Diputados en Oficio Nº 76051, en el que se pide informar a la Universidad de Santiago de Chile sobre: “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”.

Dicha solicitud fue remitida a la FAHU mediante memorándum interno 20429 y se indicaba que debíamos responder con los antecedentes a más tardar el 28 de julio del presente año, cuestión que hicimos en el memorándum 21630, dada la imposibilidad de negarnos a dar una respuesta por ley de Transparencia.

Con todo, creemos que este tipo de solicitudes hechas con claro tinte “doctrinario” debieran ser respondidas de oficio por autoridades superiores de nuestra universidad, argumentando nuestra libertad de cátedra, nuestra autonomía universitaria y nuestro Plan de Desarrollo Institucional, donde el género y la inclusión son elementos sustantivos del mismo.

Como Facultad, no somos partidarios de alimentar una “caza de brujas” en temas sensibles y altamente politizados por ciertos sectores conservadores de nuestro país. Nos hemos apegado a la legalidad que nos rige, respondiendo el requerimiento que nos hicieran nuestras propias autoridades. Sin embargo, nos cabe la legítima sospecha de los usos y razones que movilizan a los diputados Urruticoechea y Jürguensen para “fiscalizar” sobre esta temática y no sobre otros aspectos que dicen relación con la educación pública en general.

Una Universidad pública, autónoma, laica y con 7 años de acreditación, que ha asumido la inclusión, el género y la interculturalidad como ejes centrales de su desarrollo estratégico, debe defender la libertad de cátedra y resguardar a los académicos y académicas que realizan docencia e investigación en las áreas aquí indicadas. La historia reciente de nuestro país y lo que ha venido pasando en otros países, nos hace estar alerta respecto del “objetivo de recopilar” este tipo de información, aunque para ello se haya utilizado la legalidad vigente.

Dra. Cristina Moyano Barahona

Decana Facultad de Humanidades

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, 21 de octubre de 2021