EXIGEN RENUNCIA DEL RECTOR DE LA USACH POR ENTREGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE ALUMNOS A DIPUTADOS UDI
Por Felipe Avendaño 03 de noviembre 2021 – LA RED Mientras la Universidad de Chile cuestionó la medida por vulnerar derechos de los estudiantes y profesores, expresando que “rechazamos toda forma de censura”, Juan Manuel Zolezzi autorizó el envío de información, por lo que docentes exigen su salida del cargo. Desde la Federación de Estudiantes …

Por Felipe Avendaño 03 de noviembre 2021 – LA RED

Mientras la Universidad de Chile cuestionó la medida por vulnerar derechos de los estudiantes y profesores, expresando que “rechazamos toda forma de censura”, Juan Manuel Zolezzi autorizó el envío de información, por lo que docentes exigen su salida del cargo. Desde la Federación de Estudiantes (FEUSACH) acusaron “persecución política” y que el único objetivo es frenar “el avance que hemos tenido en la reivindicación y justicia por la igualdad e inclusión”.

Por Felipe Avendaño

El 20 de octubre salió a la luz un oficio proveniente de la Cámara de Diputadas y Diputados a raíz de una consulta de los parlamentarios de la UDI, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen para que se informe a la Cámara Baja “sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”.

A raíz de este requerimiento, la Cátedra Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, la Unidad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y el Archivo Central Andrés Bello, declararon su “mayor alarma” por las connotaciones de “esta suerte de inquisición”.

El oficio también fue enviado a la Universidad de Santiago (USACH), lo que derivó en que docentes se fueran a paro exigiendo la salida del rector Juan Manuel Zolezzi.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH), señala que el jueves 21 de octubre se le hizo llegar a la comunidad de estudiantes y académicos un comunicado de la Decana de la Facultad de Humanidades (FAHU), Dra. Cristina Moyano Barahona, donde “explicita que a dicha facultad se le solicita enviar la información mencionada con anterioridad, a más tardar el día 28 de julio de 2021, pues, al pertenecer a una Institución de carácter público, se le imposibilita el negar la entrega de esta”.

Según un profesor de la casa de estudios, la información recopilada sobre docentes y funcionarios se hizo a través de “una encuesta pero que no decía para qué era”.

“En la Usach pusieron el grito en el cielo. La cosa es que los decanos sabían y al menos en mi facultad las únicas personas que sabían la historia completa era la decana y la vicedecana de Docencia. Me imagino que en las otras facultades era igual”, señala el académico.

“¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los jefes de carrera no sabían. A ellos les llegó una encuesta al igual que a nosotros. Yo la miré y como no tenía nada que contestar no contesté. Pero nadie sabía para qué era esta información”, afirma.

La Vicerrectoría Académica de la Usach, a cargo de Julio Romero Figueroa, tiene como funciones principales “generar políticas de mejoramiento a la docencia” y “apoyar la formación integral de los estudiantes”.

En ese sentido, el profesor se pregunta por qué el vicerrector académico no se contactó con la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, la responsable de profundizar el enfoque de género en los diversos ámbitos del quehacer universitario.

El docente acusa que la Usach “se llena la boca de que fue una de las primeras creadas”, pero no hicieron nada ante el oficio enviado por los diputados UDI.

“Recién se transparentó a los directores de departamento el viernes en la mañana”, asegura el profesor.

Cabe recordar que la Coordinación de Profesoras y Profesores por Horas de Clases (CooPHC) de la Universidad de Santiago exigieron la renuncia del rector Juan Manuel Zolezzi por ordenar él envió de la información solicitada por los diputados de la UDI.

Según denunciaron, la información recopilada fue enviada “sin el consentimiento de los involucrados”, lo que constituye “una acción de delación, y, por tanto, deben hacerse responsables por eventuales consecuencias que se deriven de su publicación”.

“La Comunidad Universitaria necesita conocer, si las unidades académicas informantes tenían a la vista la solicitud realizada por los diputados Urruticoechea y Jürgensen cuando cada una de estas respondió a la Vicerrectoría Académica (VRA)”, señalaron.

La misma exigencia emanada desde la FEUSACH, quienes pidieron que las autoridades de la casa de estudios transparenten a toda la comunidad universitaria la respuesta que le dieron a la Cámara de Diputados.

“Lamentamos que no se consideró nuestra opinión para la emisión del comunicado solicitado, siendo que gracias a la comunidad estudiantil se ha podido avanzar en estas luchas desde el movimiento feminista 2018”, señalaron en un comunicado.

Así mismo, declararon que “repudiamos el actuar de los diputados, quienes utilizan sus atribuciones fiscalizadoras concernientes a sus cargos como parlamentarios para solicitar información y antecedentes, con el único objetivo de perseguir el avance que hemos tenido en la reivindicación y justicia por la igualdad e inclusión, tanto en nuestra Universidad como en nuestro país”.

Cabe recordar que no es primera vez que los diputados Urruticoechea y Jürgensen realizan acciones de este tipo.

En mayo de este año ingresaron un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en etapa escolar. En esa ocasión afirmaron que el lenguaje inclusivo “constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura” por lo que recomendaban que “seguir la senda trazada por Francia”.

En esa línea, la federación de estudiantes considera que este tipo de acciones es “un claro ataque en contra del lenguaje inclusivo”, el que tiene como uno de sus objetivos ser un motor “para la creación de realidades e inclusión de nuevas formas de ver el mundo”.

“Es sabido por todo el mundo que esta tiene un fin educativo y no normativo, ni mucho menos punitivo”, señalan en el comunicado.

Los estudiantes acusan que este tipo de acciones se suman a una larga lista de intentos por “imponer la mordaza en los espacios educativos, utilizando la técnica de señalar a establecimientos educacionales como ‘centros de adoctrinamiento’, o modificando la concepción de ‘perspectiva de género’ por ‘doctrina de género'”

“Como si el mismo Estado no adoctrinara a la población, generando desde la infancia el respeto de las autoridades, mismas que hoy por hoy roban, suicidan, mutilan, empujan desde un puente y violan los derechos humanos”, agregan.

Aclaran que la academia y las casas de estudio, no se encargan de adoctrinar, sino de “abrir las mentes y aportar datos para el debate público” como una forma para que los estudiantes tengan “conciencia crítica y reflexiva, para que no lo pasen a llevar nunca más”.

Finalmente, la FEUSACH instó a la Universidad de Santiago a “apelar a su sentido público, autónomo y laico, con importantes avances que reflejan lo que la sociedad exige”.

Cabe recordar que ni Urruticoechea como tampoco Jürgensen están en alguna comisión referente a la educación ni a la salud que pudiera fundamentar este requerimiento. Por esta razón, desde la Vocalía de Género y Sexualidades USACh (Vogesex) señalan que “lo que nos lleva a pensar que en realidad están utilizando esta la herramienta jurídica con fines de persecución política lo que levanta suspicacias de la razón del requerimiento”.

La solicitud de los diputados hace recordar la red creada por el ahora ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y Carabineros en el INBA para que profesores delataran a estudiantes.

Según reveló Interferencia.cl en marzo de este año, había un grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, mediante el cual se buscaba evidencia para expulsar o detener estudiantes.

El caso fue denunciado a Contraloría por la entonces concejala y actual alcaldesa, Irací Hassler.

GENTILEZA DE LA RED