por Marcos Barraza Gómez- 3 enero, 2022 – EL MOSTRADOR
Uno de los debates más relevantes al interior de la Convención Constitucional es sobre la necesidad de un cambio de régimen político, sin embargo, pensar, como lo han explicitado o insinuado algunos centros de estudio y analistas políticos, que la crisis que enfrenta Chile se origina única o excluyentemente en el tipo de régimen político, es un error de análisis y apreciación. A nuestro entender, desde una perspectiva estructural y funcional, la crisis reside en la incapacidad del sistema político de procesar y corregir las brechas de desigualdad y de asimetría social que existen por aplicación de recetas neoliberales.
Por, otra parte, la discusión sobre el nuevo sistema no debe incurrir en el error metodológico de forzar deductivamente la existencia de un sistema y un régimen de gobierno para luego caracterizarlo. A la inversa, la discusión debe darse desde una metodología inductiva, sin omitir las preferencias doctrinales, y poblar de contenidos el nuevo diseño para inmediatamente proceder a nominarlo correctamente. En este sentido, el poder constituyente debe ser un poder creativo.
Una segunda consideración fundamental pasa por explicitar el propósito que debe perseguir el nuevo sistema. A nuestro entender, es clave diseñar un sistema político que viabilice la transformación del Estado; un Estado que, bajo los parámetros doctrinales de la Constitución de la dictadura cívico-militar, está diseñado para consolidar un tipo de sociedad sobre la base del interés privado y sin contrapesos con el interés público.
Al respecto, se debe tener presente que uno de los desafíos que han enfrentado las democracias en América Latina, y Chile en particular, son las enormes y crónicas brechas de desigualdad y de asimetrías con grupos históricamente excluidos que limitan los derechos económicos, sociales y culturales, como así también el ejercicio de las demandas de reconocimiento. Por ello, es tan determinante un Estado diseñado y preparado para la transformación social.
Una tercera consideración, es que el régimen político que se establezca en la nueva Constitución no será suficiente para abordar y corregir las brechas sociales, económicas y en consecuencia políticas, si el nuevo sistema no traspasa cuotas significativas de poder al mundo social. Es decir, lo que se requiere es una democracia en cuyo ADN existan mecanismos de deliberación ciudadanas que permitan dinamizar los procesos de cambio, sobre la base de la acción político-social de la comunidad organizada en el espacio territorial. Esa relación directa emerge desde lo que hoy conocemos como Administración Municipal y que en la Nueva Constitución debe ser un Gobierno Comunal.
Entonces, ¿cuáles son las principales características del nuevo sistema político; cómo construir un nuevo equilibrio entre transformación y gobernabilidad?
Para dar respuestas consistentes con las urgencias de Chile, es clave evitar desequilibrios por inercia institucional que promuevan, por un lado, el predominio de las élites por sobre las expectativas populares, dada la hegemonía neoliberal de la tecnoburocracia en las políticas públicas; y, que, por otro lado, profundicen el clientelismo parlamentario presente en las democracias, que debilita en el contenido transformador de las expectativas populares.
En cuanto al régimen de gobierno, consideramos que no es el parlamentarismo la opción adecuada para Chile porque conlleva el riesgo de institucionalizar vía clientelismo la demanda social. La hipótesis plausible es que No Transforma. Además, incorpora una intermediación adicional entre la base social y el ejercicio del poder. Por el contrario, se debe apuntar a fortalecer la participación y potenciar el poder de la ciudadanía y el mundo social, considerando mecanismos de democracia directa.
Compartimos la hipótesis de que, en un sistema parlamentario, la colisión entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo es una condición que incorpora inestabilidad e incapacidad de permitir los cambios que Chile requiere. En ese sentido, el peso y la legitimidad de la figura presidencial, de elección directa a través del voto popular, sigue siendo central. Además, no se debe omitir que el parlamentarismo resulta ajeno a la cultura política reciente y pasada de Chile, y de América Latina en general.
El costo de una transición tan drástica, con eventual colisión de poderes entre jefe de Estado y jefe de Gobierno, implicaría un período de mayor inestabilidad en Chile. Podría ser más bien perjudicial y con proyección de que se podrían acentuar los conflictos.
La crisis del sistema político actual no pasa por que la élite se ponga de acuerdo y defina autoridades, más bien se requiere que haya adaptación a las demandas. Justamente, el levantamiento social de 2019 encuentra su origen en los consensos que han sostenido el modelo neoliberal.
Por su parte, el Presidencialismo Atenuado puede aportar dinámicas que favorezcan espacios de viabilidad y transformación social y política, que se caracterice por una moderación de atribuciones del Ejecutivo que equilibre, distribuya el poder con el Legislativo, al tiempo que implemente mecanismos de democracia participativa. Por ejemplo, que se contemple una vicepresidencia de la misma coalición, pero de distinto partido (que opere como fusible en situaciones de crisis), paritaria y con criterio de descentralización es parte del diseño que va en ese sentido.
De este modo, sin pasar por alto las consecuencias negativas que ha tenido el hiperpresidencialismo vigente en Chile, el origen de los conflictos no se limita al régimen político en lo sustantivo, sino en la disponibilidad del hiperpresidencialismo para perpetuar el modelo neoliberal.
Anteponer el problema del régimen por sobre las desigualdades en nuestro país es un error, no solo conceptual, sino también de propósitos políticos. En consecuencia, es clave tener un sistema que viabilice las transformaciones de la sociedad, y especialmente la recaracterización del Estado, para responder a las urgencias sociales manifiestas y latentes con un sistema político disponible a los cambios y no para sí mismo.
Junto con ello, contar una estructura constitucional que priorice la tecnocracia se contrapone a la ampliación de espacios participativos, pues, es uno de los postulados del proyecto neoliberal, que percibe como una amenaza la democracia participativa.
Por tanto, para que la nueva Constitución goce de legitimidad y en consecuencia sea aprobada en el plebiscito de salida, tiene que conectar cognitiva, intuitiva y emocionalmente en términos de transformaciones y soberanía popular, por lo que la figura presidencial debe ser electa directamente por los pueblos de Chile y sus funciones no pueden estar disociadas entre jefe de Estado y jefe de Gobierno. Sería inexplicable que en la elección del(la) Presidente(a) el Congreso tenga más poder que los votos de la ciudadanía.
Finalmente, consideramos que un régimen de gobierno basado en un presidencialismo atenuado, en complementariedad con la apertura de amplios espacios de participación política y mecanismos de democracia directa, es adecuado porque significa traspaso de poder a los pueblos, en clave plurinacional, y favorece la construcción de una democracia participativa para el nuevo Chile que nace
GENTILEZA DEL MOSTRADOR