LAS DECLARACIONES DE INTERESES Y PATRIMONIO DE LOS CONSEJEROS DEL BANCO CENTRAL QUE NADIE VE
por Sandra Radic  - 10 mayo, 2022 – EL MOSTRADOR Todos los años, los cinco consejeros del instituto emisor deben hacer sus declaraciones de patrimonio e intereses. De estas se desprende que las dos mujeres que integran el Consejo, Stephany Griffith-Jones y Rosanna Costa, son las que tienen más alto patrimonio, que Pablo García se …

por Sandra Radic  - 10 mayo, 2022 – EL MOSTRADOR

Todos los años, los cinco consejeros del instituto emisor deben hacer sus declaraciones de patrimonio e intereses. De estas se desprende que las dos mujeres que integran el Consejo, Stephany Griffith-Jones y Rosanna Costa, son las que tienen más alto patrimonio, que Pablo García se jubiló anticipadamente, que Alberto Naudon es el más endeudado, que Luis Felipe Céspedes prefiere ahorrar en dólares y que ninguno tiene un automóvil del año. Más allá de estos datos que sirven para satisfacer la curiosidad, al revisar los registros desde 2017 hasta ahora, resulta evidente que algunas contienen errores, que no hay un solo criterio para hacerlas y que la supervisión sobre ellas es escasa. Se encontró, por ejemplo, que en la declaración de Costa desaparecen inversiones por $ 800 millones en 2018 que vuelven a aparecer al siguiente, y que el Banco Central atribuye a un error del sistema. O que el valor de una sociedad de García aumenta de $ 4 millones a $ 897 millones entre 2019 y 2021, debido, en parte, a que decidió informar el 100% del valor de la empresa y no el equivalente al 1% de su participación como lo había hecho anteriormente, sin que mediara aclaración alguna. Estas y otras inconsistencias permanecían en el tiempo porque la fiscalización es de forma más que de fondo. Algunas de ellas ya fueron corregidas en estos días tras las consultas de El Mostrador.

Una vez al año, los cinco consejeros del Banco Central realizan sus declaraciones de intereses y patrimonio. Generalmente, lo hacen en marzo. Es la misma declaración que tienen que hacer los funcionarios públicos de alto rango del país desde que se aprobara la Ley de Probidad en 2016.

En el sitio oficial del instituto emisor se encuentran publicadas las declaraciones de su presidenta, Rosanna Costa, y de los consejeros Pablo García, Alberto Naudon, Luis Felipe Céspedes y Stephany Griffith-Jones, y la de los consejeros salientes, Joaquín Vial y Mario Marcel. Allí está la historia de cada uno de ellos desde que fueron designados como consejeros.

“Es una obligación que se hace un poco cuesta arriba”, reconoce un exconsejero. No solo porque sus bienes e inversiones quedan expuestos al público, sino también porque deben buscar cartolas bancarias o de administradoras de inversión, avalúos fiscales en el SII, garantías, hipotecas y gravámenes en el Conservador de Bienes Raíces, y registros de vehículos, entre otras cosas. Aún más, un exalto funcionario de varios gobiernos indica que “el sistema es poco amigable y anacrónico cuando se tiene una cartera diversificada de inversiones”.

Se pretendía con esta práctica contar con “una eficaz herramienta para transparentar la relación entre la política y los negocios, minimizando los riesgos de conflictos de intereses a través de declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) exhaustivas y públicas”, de acuerdo a lo señalado por el Manual de la Ley Nº 20.880 sobre Probidad. La fórmula que aprobó el legislador para lograr este objetivo fue registrar las relaciones de parentesco, las actividades y los activos y pasivos de las autoridades en una fecha determinada, pero no su flujo durante el año.

Al comparar las declaraciones anuales de los consejeros, resulta evidente que algunas contienen errores, que no hay un solo criterio para hacerlas y que la supervisión sobre ellas es escasa. A lo que se suma que hay omisiones o vacíos de información que provienen de la propia Ley de Probidad.

Las mujeres del Consejo tienen los mayores patrimonios

Días antes de asumir su cargo el 1 de mayo, Stephany Griffith-Jones hizo su primera declaración, ocupando su nombre de soltera: Stepanka Novy Kafka. Allí indica que tiene domicilio en Brighton (Reino Unido), donde posee el 50% de una propiedad, cuyo valor llega a 775 mil euros, a la que se suman dos bienes inmuebles en Praga por 495 mil euros que son completamente suyos.

Además, cuenta con inversiones equivalentes a $ 2.291 millones en bonos emitidos o garantizados por Estados Unidos y que son intermediados por los bancos UBS y RBC, otros $ 1.173 millones en fondos mutuos emitidos por los bancos UBS y Lloyds, dos cuentas de ahorro por $ 644 millones: una en Reino Unido y otra, en República Checa; y un fondo accionario por $ 225 millones del UBS. Todas sus inversiones están en euros y declaradas en pesos.

En forma voluntaria, informa que tiene varias cuentas corrientes en diferentes bancos que agregan 225.000 euros y que se encuentra jubilada. La única actividad remunerada que mantiene al 24 de abril es de carácter académico, en Climateworks Foundation (California), plataforma global de filantropía que busca soluciones a la crisis climática.

La nueva consejera que participó en el consejo asesor económico durante la candidatura del actual Presidente, Gabriel Boric, y que fue propuesta para el cargo por el ex Jefe de Estado Sebastián Piñera, es la integrante del Consejo con mayor patrimonio. Le sigue otra mujer, la actual presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien cuenta con siete propiedades en Santiago y tres en Viña del Mar y Valparaíso, que están avaluadas por el fisco en $ 930 millones. Algunas de ellas fueron heredadas.

Controla la sociedad Rentas Rocosta Ltda., donde detenta el 98% de los derechos, a través de la cual tiene inversiones en fondos mutuos por $ 886 millones (en pesos y dólares), básicamente en el Banco Security y Banco Santander.

Además, ejerce influencia sobre las decisiones que se toman en Asesorías e Inversiones Hococo Ltda., sociedad que heredó y donde cuenta con el 39,30% de la propiedad. Esta informa inversiones en acciones individuales –Copec, Invercap, Andina, CAP, San Pedro, Endesa (Enel Generación) y SQM-B– que se mantienen desde 2017, y fondos mutuos en pesos y dólares en Larraín Vial y Santander por un total de $ 202 millones que no sufren grandes cambios.

A eso se agregan otros 365 millones en fondos mutuos en pesos que tiene ella directamente en Tanner, BanChile, y Security y $526 millones en un depósito a plazo que informa de manera voluntaria.

Costa no realiza actividades académicas remuneradas, pero sí participa ad honorem en el consejo asesor externo de la Escuela de Gobierno de la UC y como miembro de la Sociedad Mont Pelerin, organización que aboga por la libertad de expresión, las políticas económicas de libre mercado y los valores políticos de una sociedad abierta.

Los consejeros tienen deudas, las consejeras no

A diferencia de Griffith-Jones y Costa, que no declaran ningún tipo de pasivo, los demás consejeros tienen obligaciones con la banca. Cada uno de ellos debe informar el tipo de deuda, el monto adeudado y el acreedor. Las condiciones de los préstamos, plazos y tasas que negociaron no son requeridos por la ley.

El más endeudado es Alberto Naudon. Entre 2018 y 2020, este consejero presentaba deudas hipotecarias y de consumo con el Banco de Chile y con el Banco Bice que llegaban en 2020 a $ 642 millones. En 2021 informó solo dos créditos hipotecarios contraídos con el Bice, por $ 353 millones, y en 2022 se redujo a un único crédito hipotecario, pero por $ 551 millones con ese banco.

Luego vienen Pablo García, con 4 créditos hipotecarios con el Banco Santander que suman $ 227 millones, ligados a sus dos propiedades; y Luis Felipe Céspedes, que mantiene dos créditos hipotecarios por un total de $ 151 millones con el Banco Edwards.

Las declaraciones de Naudon y Céspedes son muy simples. El primero registra actividades académicas remuneradas en la Universidad Católica y declara un único bien inmueble que se ubica en Lo Barnechea, cuyo valor coincide con el monto de su crédito hipotecario. Registra también dos depósitos a plazo tomados con el Banco Bice y con Consorcio Corredores de Bolsa, que suman $ 106 millones, y 13.534 acciones de Parque Arauco valorizadas en $ 11 millones, aproximadamente.

Céspedes, por su parte, prefiere invertir en dólares. Los dos depósitos a plazo que tiene en el Banco Edwards están en esa moneda y suman alrededor de $ 46 millones. Fueron tomados en 2020 y 2021. Además, participa en la sociedad San Pascual SpA (50%), que tiene un valor libro de casi $ 62 millones y que se formó en 2011 con el objeto de realizar asesorías. Es dueño de una sola propiedad en Las Condes, con un avalúo fiscal de alrededor de $ 335 millones.

Este consejero es el único que reconoce una filiación política y señala que “no ejercerá actividades como militante del Partido Demócrata Cristiano”. Informa además que mantiene labores académicas remuneradas en la Universidad de Chile, que a partir de febrero de 2022 –mes en que asumió en el Central– dejó de recibir remuneración asociada a un proyecto Fondecyt y que participa ad honorem en el Center for Global Development (CGD), centro que estudia la forma de reducir la pobreza a través de investigación económica innovadora.

Los errores que pasan colados

Cuando se revisan las declaraciones de los consejeros, saltan a la vista errores de distinta magnitud. En la declaración de Rosanna Costa de 2018 aparece que tanto Inversiones Rocosta como Asesorías e Inversiones Hococo no registraron ninguna inversión, pese a que sí declararon en 2017 y 2019. Nadie se dio cuenta de que de un año a otro desaparecieron $ 800 millones, que luego volvieron a anotarse.

Consultado el Banco Central, explica que “las inversiones de ambas sociedades fueron debidamente incluidas en la Declaración de Intereses y Patrimonio que Rosanna Costa realizó en el sistema y se desconoce la razón por la cual el sistema, administrado por la Contraloría General de la República, no las incluyó”. Sin embargo, este es el documento oficial que aparecía en la página del Banco Central hasta abril de este año y que después de las consultas de El Mostrador fue actualizado.

Hay otros errores, como que Pablo García declaró entre tres y dos domicilios algunos años, y Costa, dos domicilios, confundiendo primera vivienda con segunda vivienda.

Pese a que tienen la posibilidad de corregirlas, de los cinco consejeros en ejercicio y dos que acaban de salir, solamente una vez Mario Marcel –expresidente del Banco Central y actual ministro de Hacienda– había rectificado la suya.

Otros, y no siempre, aclaran o precisan en la declaración siguiente. Por ejemplo, Luis Felipe Céspedes informó de una cuenta en el Bank Fund Staff Federal Credit Union (EE.UU.) en febrero de 2022, pero no indicó si el monto que dio estaba en pesos o en dólares, dato que agregó ahora en marzo. La última actualización indica que tiene allí US$ 55 mil.

Hay, además, diferencias en la forma en que declaran. Se supone que en cada declaración deberían informar sobre las actividades que desarrollaron antes de asumir el cargo de consejero. Por eso, en cada declaración, Pablo García señala su antiguo cargo como director ejecutivo del Cono Sur en el directorio del FMI, y Alberto Naudon, como gerente de Estudios del Banco Central. En cambio, Rosanna Costa dejó de especificar los suyos a partir del 2020.

Tampoco hay un solo criterio a la hora de informar, por ejemplo, los valores ligados a un bien que está en copropiedad o donde se tiene participación. La sugerencia de la fiscalía del banco es que informen el valor y la deuda en proporción al porcentaje que les corresponde, pero no todos lo hacen. O también se da que los propios consejeros cambian de criterio de un año a otro en cuanto a la forma de informar las valorizaciones.

Eso sucede, por ejemplo, con García. Él tiene el 50% de Inversiones y Asesorías Tomrena Ltda., que en 2019 tenía un valor libro en torno a los $ 38 millones y que en 2020 duplicó su valor a $76 millones, sin que mediara una aclaración. Consultado el Banco Central sobre esta alza, contestó que “en 2019, Pablo García aplicó el criterio de registrar el valor de la participación” y que, a contar del 2020, registró el valor total de la sociedad.

Lo mismo ocurrió con la Sociedad Agrícola Rayen Lafquen Ltda., que subió su valor de $ 4 millones a más de $897 millones entre 2019 y 2021. Parte de este aumento obedecería a un “significativo incremento de los avalúos fiscales de los predios de la sociedad”, informó García en la declaración de 2021, pero lo que no explicó fue que los $ 4 millones correspondían al 1% de su participación en la sociedad y que luego registró el 100% del valor de la agrícola.

Cada consejero realiza su declaración y la envía al vicepresidente del Banco que actúa como ministro de fe, quien la visa en la plataforma de la Contraloría General de la República. Este mecanismo lleva a que el exconsejero Joaquín Vial firmara como declarante y ministro de fe, ya que ocupaba la vicepresidencia, en 2018, 2019 y 2020; y que Pablo García también aparezca en este doble rol en sus declaraciones de 2021 y 2022. Si bien lo lógico sería que otro consejero o un notario hiciera las veces de ministro de fe cuando se trata de la declaración del vicepresidente, en el instituto emisor no existe esa opción.

El cuidado de no llamar la atención

¿Dónde los consejeros son muy cuidadosos? En los automóviles que tienen. Nada más alejado de la cultura del Central que alguien tenga un automóvil de lujo. Ningún consejero ha comprado un auto del año. No les gusta llamar la atención: se les puede ver en un Honda Accord del 2010, o en un Nissan Pathfinder del 2014.

Son precavidos también con sus ahorros previsionales. Hay quienes optaron por jubilar: Pablo García, con 50 años, lo hizo de manera anticipada; y Joaquín Vial se pensionó a los 68 años, antes de dejar el cargo este año.

En general, no declaran los bienes de sus cónyuges. Todos los consejeros en ejercicio están casados con separación de bienes, por lo que no tienen obligación de informar. La única que indicó sus bienes e inversiones  de manera voluntaria fue la cónyuge del actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras este estuvo en el Banco Central.

La ley descartó la obligación de identificar a nueras y yernos, aunque sí se registran los suegros, padres, nietos, hijos y cuñados. Sin embargo, a través de su nuevo Código de Conducta, que se aprobó el 14 de abril pasado, el Consejo avanzó algo en este tema y resolvió incluir a yernos y nueras expresamente dentro de la lista de personas con las cuales podrían surgir conflictos de intereses. Al tiempo que está en vías de contratar a un oficial de cumplimiento, el que deberá revisar los controles internos y proponer cambios de ser necesario.

Revisión de forma, pero no de fondo

¿Para qué sirven las declaraciones que realizan los consejeros anualmente? Para aclarar que no tienen conflictos de intereses, que no poseen participación de propiedad en entidades bancarias o financieras y que sus únicas actividades remuneradas son las de consejero y de índole académica. Eso es a lo que los obliga la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central.

¿Qué sucede con las inversiones de los consejeros durante el año? No es el objetivo que se busca con la Declaración de Intereses y Patrimonio. Y el Banco Central tampoco cuenta con registros propios donde los consejeros notifiquen lo que hacen en materia de inversiones durante los doce meses que transcurren entre una declaración y otra. Menos aún lo realizado por sus parientes directos.

Si bien las declaraciones de intereses y patrimonio de los consejeros son publicadas en la página del instituto emisor y en la plataforma Infoprobidad, eso no significa que sean fiscalizadas por un tercero en el caso del Banco Central. De hecho, Contraloría señala que no lo hace por tratarse de un órgano autónomo.

El servicio que sí podría cruzar información de ellos es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ya que los consejeros son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP). Eso implica que si las entidades financieras o bancarias donde colocaron sus inversiones vieran alguna actividad sospechosa, deberían notificarla a la UAF. Si ocurriera algo así, esta unidad –que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda– no compartiría la información con el Banco Central, sino que llevaría su propia investigación.

Por su parte, la revisión interna de las declaraciones que realiza la fiscalía del Banco Central es de forma –por ejemplo, que esté presentada dentro del plazo correspondiente– y no de fondo. Se entiende que los consejeros son autónomos y sus declaraciones estrictamente personales. Tanto así que, si los antecedentes que han entregado son falsos o inexactos, pueden ser sancionados por el propio Consejo, según define la Ley de Probidad, cosa que nunca ha sucedido. O podrían ser acusados ante la Corte de Apelaciones, según la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, lo que tampoco ha ocurrido.

GENTILEZA DEL MOSTRADOR