por Martín Llancaman y Claudio Alvarado 23 mayo, 2022 – EL MOSTRADOR
Hay al menos dos aspectos en que los anuncios del Gobierno son erróneos. El primero es que no había necesidad de presentar precipitadamente un plan de desarrollo, sobre el que ya se habían escuchado voces críticas. El compromiso ya tomado por Conadi, sobre doblar el presupuesto para tierras, era lo suficientemente potente para generarle comunicacionalmente al Ejecutivo una ventana de credibilidad con la cual trabajar al menos por dos meses. El segundo error es creer que solo la militarización era la forma de ofrecer seguridad, incluso más, fue precisamente por una acción de control militar en ruta que la Marina está siendo investigada por la muerte de Jordan Lliempi, ocurrida en los últimos meses de la administración Piñera II. El Estado de Excepción no garantiza seguridad, pone en riesgo a la sociedad en su conjunto y socava la confianza institucional necesaria para un diálogo político que, para ser efectivo, requiere ser planificado a largo plazo. El cese a la violencia como un necesario objetivo a alcanzar requiere de esa claridad.
El Estado de Excepción del Gobierno es una apuesta que puede ser un lastre para el desenvolvimiento de los diálogos políticos prometidos entre el Estado y el movimiento mapuche, la desconfianza nuevamente aparece en el camino y, con ella, las posiciones se alejan. La señal que da el Gobierno al acompañar un plan de desarrollo con un Estado de Excepción es simple: el ciclo político de Boric en Wallmapu no será diferente a los últimos 20 años. De esa forma se lee y se leerá en las diversas vías del movimiento mapuche la conducción apresurada del Ejecutivo en materia indígena, limitada –una vez más– a la sola administración del conflicto antes que a una salida política.
Las causas de esta falta de convicción son múltiples y una de ellas ha sido señalada por el convencional Adolfo Millabur: “No tenemos un interlocutor conocido en el Gobierno”. Y es cierto, no hay voces políticas mapuche que confronten oficialmente las decisiones del Ejecutivo, especialmente a la hora de diseñar políticas públicas tales como el plan voluntaristamente llamado “Buen Vivir”, similar al “Plan Araucanía” de Piñera II, o a la hoja de ruta “Re-conocer” de Bachelet I. Sin contrapesos y sin una lectura transversal en los principales socios de Gobierno –el FA y el PC–, Apruebo Dignidad no imagina otra salida que delegar la iniciativa a la agenda de seguridad más propia del PS. Así lo confirman tanto la mayor figuración pública del subsecretario Monsalve como la inclusión de la asesora Ana Lya Uriarte en el equipo de la ministra Siches.
Ahora bien, la ausencia de interlocutores en el Gobierno –y en el general en el mapa completo de sectores políticos– muestra una necesidad interna del movimiento mapuche contemporáneo: subir su propia apuesta política en el mediano y largo plazo. Con décadas de acción colectiva, de análisis y de demandas históricas, la vía política mapuche tiene la fuerza suficiente para ser considerada un actor relevante para la política nacional. Sin embargo, a falta de orgánicas que le permitan expresar autónomamente sus diferencias ante los gobiernos de turno y disputarles a los partidos tradicionales correlaciones de poder y gobernanza, las políticas indígenas terminarán siendo siempre lo que son; expresiones de centralismo, incomprensión y, en el mejor de los casos, meras buenas intenciones. En otras palabras, actualmente los gobiernos tienen escasa capacidad territorial y compromiso público frente a las demandas, diagnósticos y caminos de solución planteados desde el movimiento mapuche. Una o dos asesores mapuches no bastan para que el progresismo o las izquierdas se hagan cargo de forma auténtica del problema centenario que significa la herida colonial. Una golondrina no hace verano.
Hay al menos dos aspectos en que los anuncios del Gobierno son erróneos. El primero es que no había necesidad de presentar precipitadamente un plan de desarrollo, sobre el que ya se habían escuchado voces críticas. El compromiso ya tomado por Conadi, sobre doblar el presupuesto para tierras, era lo suficientemente potente para generarle comunicacionalmente al Ejecutivo una ventana de credibilidad con la cual trabajar al menos por dos meses. El segundo error es creer que solo la militarización era la forma de ofrecer seguridad, incluso más, fue precisamente por una acción de control militar en ruta que la Marina está siendo investigada por la muerte de Jordan Lliempi, ocurrida en los últimos meses de la administración Piñera II. El Estado de Excepción no garantiza seguridad, pone en riesgo a la sociedad en su conjunto y socava la confianza institucional necesaria para un diálogo político que, para ser efectivo, requiere ser planificado a largo plazo. El cese a la violencia como un necesario objetivo a alcanzar requiere de esa claridad.
En cambio, en materia de Estado de Excepción el Ejecutivo decidió no escuchar a sectores de su propia coalición y sí atender a las demandas de la derecha, particularmente luego del paro de los camioneros. ¿Tenía a quién más escuchar? Sí, Apruebo Dignidad convocó a formar Gobierno a una serie de actores regionales mapuche con trayectorias en el autonomismo indígena; el actual director de Conadi, Luis Penchuleo, es un buen ejemplo de ello al igual que varias autoridades que son Seremi. En ese sentido, la Moneda tiene que saber reconocer que le debe gobernabilidad y responsabilidad pública también a quienes participan regionalmente del Ejecutivo, y eso implica considerarlos en el diseño y no solamente enviar a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, a anunciar medidas ya tomadas en nivel central.
Finalmente, es necesario decir que en la medida que la vía política mapuche se profundice, las formas de solución democrática a los múltiples conflictos de Bío al sur seguirán siendo posibles, aun cuando sean arduas de recorrer. Hasta ahora, los resultados de la Convención Constitucional están abriendo cada vez más esa oportunidad y el debate a la interna del pueblo mapuche sobre la representación y gobernanza es más urgente que nunca. Mientras tanto, y en la medida que los derechos políticos de las naciones originarias no se implementen todavía, seguirá siendo responsabilidad exclusiva del Gobierno lo que acontece durante su mandato.
GENTILEZA DEL MOSTRADOR