Claudio Nash - Santiago, 29 de marzo de 2023

Durante los primeros meses de este 2023 se han registrado una serie de actos de delincuencia, incluyendo asesinatos y secuestros, que han generado un clima de gran preocupación en la ciudadanía. Los últimos días esta violencia ha implicado el asesinato de dos carabineros en el cumplimiento de sus deberes.

Desafortunadamente, en dicho contexto, las autoridades nacionales han comenzado a avanzar en una línea punitivista como herramienta privilegiada para enfrentar la crisis de seguridad. Es así como, en estos momentos, el Congreso discute una batería de proyectos de ley destinados -la gran mayoría de ellos- a aumentar las penas vinculadas con delitos violentos que afecten a las policías. Uno de estos proyectos (Boletín N°15.444.-25, refundido con la moción, Boletín N°15.470-25) ha causado especial preocupación entre los organismos de derechos humanos y es la propuesta de legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías, que además disminuye los controles judiciales y limita las medidas cautelares que puede disponer la autoridad judicial frente a casos que pueden implicar la lesión e incluso la muerte de personas a manos de las policías. Esta legislación establece la presunción de legítima defensa o "legítima defensa privilegiada", figura que dificulta seriamente las posibilidades de investigación y sanción en casos de un uso de la fuerza ilegítimo por parte de la policía.

Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana y los organismos especializados derechos humanos de Naciones Unidas se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre los peligros asociados a estas legislaciones rotuladas bajo la idea de "gatillo fácil". La experiencia comparada (Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Perú, entre otros) es clara en dar cuenta de la espiral de violencia asociada a estas legislaciones y los graves abusos de derechos humanos que se pueden producir en el marco de un control disminuido respecto del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Cómo es evidente, esta legislación apunta en dirección opuesta a las recomendaciones formuladas por los organismos nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el marco de la crisis política de 2019-2020. En dichos informes el llamado al Estado fue a generar mayores controles respecto del uso de la fuerza por parte de los policías y evitar la impunidad frente a actos de uso de la fuerza abusiva y este proyecto apunta en el sentido contrario, esto es, limita las posibilidades de control judicial efectivo frente a posibles abusos cometidos por agentes del Estado.

Es por eso que solicitamos a vuestra institución que, en el marco de sus atribuciones, de manera urgente se pronuncie sobre estos proyectos de ley y pueda asesorar a los órganos legislativos y al ejecutivo chileno a fin de evitar que se corrija sustancialmente esta legislación que pone en grave riesgo los derechos humanos en Chile.

Sin otro particular y esperando una rápida acción preventiva, me despido y quedo a su disposición para ampliar la información.

Claudio Nash - Doctor en Derecho