Por : Trinidad Bórquez Ibarra y Marianne González Le Saux Trinidad Bórquez Ibarra es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Marianne González Le Saux es Profesora Asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. – El Mostrador  -  21 de septiembre 2024

En un reciente estudio, nos planteamos una serie de interrogantes para comprender la dinámica de género en los nombramientos de la Corte Suprema de Chile.

“Luis Hermosilla: Me Dicen que en tu discurso no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo.

Ángela Vivanco: No tocaré lo del femenismo (sic), solo di una entrevista con todas las demás candidatas al boletín de la asociación de magistradas, te la mando.”

Más allá de los temas éticos o penales que revelan los mensajes intercambiados entre la suspendida ministra y el abogado penalista, la conversación ilumina factores clave en el proceso de nombramiento de la Corte Suprema.

El nombramiento de Ángela Vivanco, ratificado por el Senado en julio de 2018, tuvo lugar en un momento de intensa discusión pública, con las demandas feministas en el centro del debate nacional. A pesar de la efervescencia de la ola feminista, la resistencia a incorporar estas ideas persistía en los poderes del Estado involucrados en el proceso de designación. Esta resistencia queda patente en el consejo de Luis Hermosilla a Vivanco, quien le recomendó evitar cualquier referencia al feminismo en su discurso ante el Senado.

En un reciente estudio, nos planteamos una serie de interrogantes para comprender la dinámica de género en los nombramientos de la Corte Suprema de Chile.

En él observamos que, durante los primeros nombramientos de mujeres entre finales de los 90 y principios de los 2000, los tres poderes del Estado, y en particular el Poder Judicial, no promovieron la igualdad de género en sus procesos de selección. A diferencia de otros contextos internacionales, en Chile no se integraron debates fundamentales sobre la necesidad de una mayor representación femenina en los cargos públicos, especialmente en el máximo tribunal.

El discurso dominante en el Poder Judicial se centró en torno al concepto de mérito, un término que, aunque indefinido, recogía implícitamente patrones de comportamiento masculinizados. Mientras tanto, en el Ejecutivo y Legislativo las decisiones fueron mayormente influenciadas por la necesidad de mantener equilibrios políticos entre izquierda y derecha, en el marco del sistema electoral binominal, relegando las consideraciones de género a un segundo plano.

Las mujeres que lograron ser nombradas en la Corte Suprema durante este período –María Antonia Morales, Margarita Herreros, Gabriela Pérez y Sonia Araneda–, lo hicieron no por su afinidad con el feminismo o por representar los intereses de las mujeres, sino por su capacidad para adaptarse a una cultura institucional conservadora, dominada por estereotipos masculinos, reflejando una falta de cuestionamiento al statu quo y una perpetuación de las prácticas tradicionales en la judicatura.

Las primeras supremas tendieron a negar la persistencia de las diferencias de género en la carrera judicial, sin cuestionar el mecanismo de nombramiento que reflejaba una jerarquía preferencial para hombres.

Aunque al interior del Poder Judicial se reconocían como factores determinantes el mecanismo de ascenso y estereotipos de género, las magistradas no desafiaron estas estructuras. En cambio, adaptaron sus identidades profesionales para alinearse con las reglas y valores tradicionales del Poder Judicial, una cultura forjada por jueces varones durante casi dos siglos. Esta habituación se reflejó en una aceptación de su rol sin promover cambios significativos.

Lejos de ser un fenómeno superado, esta dinámica persiste hoy en día. Los mensajes entre Vivanco y Hermosilla, en los que se aconseja evitar referencias al feminismo, subrayan cómo, incluso en un contexto de creciente presión social por la equidad de género, la estrategia para el nombramiento de mujeres en la Corte Suprema ha seguido priorizando la adaptación a una cultura judicial establecida, en lugar de incorporar una perspectiva de género crítica.

Así, aunque en los últimos años se han incorporado más mujeres juezas mujeres al máximo tribunal, la presencia de integrantes de sexo biológico femenino no garantiza, per se, que dicho espacio permita la circulación de discursos críticos sobre las desigualdades de género.

De hecho, los avances que se han concretado en los últimos años en la Corte Suprema en materia de igualdad de género –con la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en el año 2017– se han realizado a contracorriente de la cultura institucional dominante en el Poder Judicial, que sigue anclada en una noción supuestamente neutra de “mérito profesional”.

A nivel comparado, ha podido notarse una tendencia al nombramiento de mujeres conservadoras en altos cargos de poder, incluyendo tribunales, como una estrategia para frenar los avances en materia de igualdad de género. El ejemplo de Amy Coney Barret en la Corte Suprema de Estados Unidos, es tal vez el más decidor, pero no el único.

Estamos en un momento clave para repensar los mecanismos de nombramiento en el Poder Judicial. Ojalá sea la oportunidad para considerar no solo cómo evitar influencias indebidas en dichos procesos, sino también cómo asegurar que nuestros tribunales –y  especialmente, la Corte Suprema– sean un espacio donde las visiones críticas de la sociedad puedan circular.

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