DESBORDE POLICIAL Y EL PELIGROSO FIN DEL RECREO

Por Julio Fernando Gil Díaz -  El perro Gil -  Montevideo Uruguay

la nueva administración de la cartera de seguridad no escatima esfuerzos en difundir con bombos y platillos los datos de delitos que reflejan sus estadísticas. Y está bien que lo haga, es su gestión y nada menos que encabezada por quien sabe perfectamente que no tiene la espalda política suficiente que le de crédito a la misma si no es con resultados. Sabe que está a prueba desde el primer día y por la sencilla razón de su altísima exposición en el tema de la seguridad pública uruguaya encabezando la campaña de Vivir sin miedo. Una movida que perdió en las urnas pero que se las ingenió en aplicar, por la vía de los hechos, en andas de una pandemia que terminó siendo funcional a sus intereses y los del gobierno. Pero semejante estilo de gerenciar la Policía Nacional llevó a un extremo peligroso donde el discurso de que “se terminó el recreo” sumado a un respaldo ficto a la actuación policial (como si antes no lo hubieran tenido realmente), permeó en algunos cuadros policiales que, excedidos de un poder ilegítimamente utilizado, avasallan los derechos más fundamentales del ciudadano. Además del Covid-19, los ciudadanos también debemos cuidarnos de esta “nueva” Policía uruguaya…

Retrocediendo casilleros

En la misma semana que difundió los datos correspondientes al primer trimestre del 2021, con resultados a la baja en los delitos de homicidio, hurtos y rapiñas (por citar los más relevantes), se dispararon los homicidios junto con episodios de desborde policial. Estos últimos empiezan a reiterarse al influjo de un discurso equivocado que compromete no solo la seguridad de las víctimas sino, también, a los propios protagonistas de los mismos que sufren las consecuencias de un accionar altamente expuesto a responsabilidades penales.

Aquello de “se terminó el recreo”, abonado por disposiciones legales que dieron rienda al uso de la fuerza legal en detrimento de derechos fundamentales de la ciudadanía, (normas sobre desacato o la legítima defensa presunta para los policías), se está convirtiendo en un boomerang que impacta en la responsabilidad penal de los funcionarios policiales involucrados en episodios de abuso policial. No se trata ya del uso legítimo de la fuerza sino de un uso descontrolado, excesivo y absolutamente ilegítimo que nunca tuvo aval jurídico alguno, aunque se intentara argumentar lo contrario.

La presunta defensa legítima jamás garantiza la impunidad del uso de la fuerza cuando esta no se justifica. Entender lo contrario no solo es equivocado, sino que expone a los policías a responsabilidades penales que deberán asumir por sus actos. Ninguna norma avala el uso excesivo de la fuerza para reprimir un delito; la presunción de legítima defensa no es el argumento principal que rige la actuación policial, así lo explicó claramente el catedrático de Derecho Penal – Dr. Germán Aller – en ocasión de discutirse la LUC en Comisión Especial. Argumentos que cayeron en saco roto junto con su advertencia de no consagrar en ley dicho argumento porque la Policía actúa en cumplimiento de la ley y no en ejercicio de la legítima defensa, que podrá aplicarse, pero no como regla.

Aquellas advertencias no fueron atendidas y hoy se aprecia un recrudecimiento de acciones violentas que protagoniza una Policía que perdió rápidamente aquel nivel de confianza ciudadana cosechado durante década y media de gestión frenteamplista. Confianza que se perdió en pocos meses, al influjo de un discurso de endurecimiento que prendió en algunos cuadros policiales que lo creyeron y adoptaron generando situaciones que hoy los tienen desfilando por los juzgados, con serias probabilidades de ser formalizados.

Un joven resultó muerto tras una espectacular persecución por las calles de Montevideo que terminó con el fatal desenlace y en la que se cruzan versiones dispares entre los policías actuantes y la Fiscalía (los primeros hablan de intercambio de disparos mientras Fiscalía no encontró arma alguna y se espera el resultado de pericias para determinar la responsabilidad final de los mismos). En ese contexto, y como un daño colateral que no deja de abonar a esta lógica del accionar policial violentamente represivo, una familia -que nada tenía que ver con los hechos- fue víctima de un hecho que los puso en riesgo, al ser chocados por un patrullero y confundidos con el auto que perseguían.

Otro joven corrió idéntica y trágica suerte cuando un funcionario policial –que era víctima de una rapiña- respondió abriendo fuego de forma indiscriminada contra los delincuentes y personas ajenas a los hechos que esperaban en una parada de ómnibus. Las balas llegaron a impactar en una pareja de la que el joven resultó muerto atravesado por un proyectil que se presume policial a estar por el testimonio de la novia de la víctima que también resultó herida.

Esos trágicos hechos se suman a otros no tan dramáticos pero que también representaron exceso policial como el video de aquellos jóvenes obligados a borrar imágenes de un procedimiento policial utilizando violencia física contra los mismos y sin tener respaldo legal alguno que justifique dicha actuación. Y no nos olvidemos del caso de Artigas que aún está pendiente donde un joven fue abatido por un policía en un caso de abigeato que se caratuló como homicidio pero que aún no tiene resolución.

Se retrocedieron varios casilleros juntos en lo que refiere al accionar de una Policía que había recuperado un lugar de consideración entre la opinión pública por su profesionalismo y nivel de confianza. Datos que empezaron a revertirse rápidamente al influjo de un discurso que destruyó ese avance en desmedro no solo de las libertades de los ciudadanos sino –como en estos tristes casos- de la propia vida de inocentes que terminaron siendo un efecto colateral y trágico.

Con la pandemia como escudo

Estados Unidos se paralizó con la muerte –infame- de George Floyd, y el mundo entero se hizo eco de un reclamo que suma abuso policial al racismo que acompañó aquel acto y que está reiteradamente presente en el país del Norte. Salvando las distancias, la muerte del joven que no respetó un control policial y recibió varios disparos (uno de ellos en la cabeza) dándole muerte, terminó siendo un caso preocupante en extremo por las consecuencias que pueden derivar del mismo. Sin embargo, en medio de la pandemia terminó subestimado peligrosamente, y no puede permitirse que se convierta en una constante en la respuesta policial.

Consecuencias que hoy sufren no sólo la familia de la víctima sino también los policías actuantes que enfrentan una causa penal. Causa que pudo y debió evitarse con un ejercicio más profesional y ajustado a la ley. En tiempos que la Policía cuenta con buenas comunicaciones, con una red de videovigilancia ampliada y de última generación, el sentido común indica que una persecución como esas pudo y debió resolverse de otra forma, con el auxilio de refuerzos que fueran cerrando el paso y sin exponer a potenciales víctimas inocentes como finalmente ocurrió.

Por eso es que creo que hay un claro retroceso en el accionar policial que responde a un discurso equivocado que confundió a muchos efectivos haciéndoles creer que la ley los contempla en usar la fuerza en cualquier caso y circunstancia, lo cual no es correcto.

Mientras el covid se lleva la vida de más de medio centenar de uruguayos diariamente, (superando los 1600 muertos ya), hay un peligroso accionar policial que empieza a reiterarse de forma alarmante. Una conducta que debiera ser corregida prontamente por las autoridades. Al fin y al cabo, esta administración encontró una Policía mejor paga, con tecnologías de última generación, con más vehículos, con una unidad aérea de vigilancia policial; una policía mejor pertrechada y más capacitada. Pero eso hay que mantenerlo y mejorarlo (siempre se puede mejorar más). En lugar de enfocarse en profundizar la profesionalización, se eligió un camino alternativo y peligroso como el de abonar a un discurso meramente represivo basado en la falsa premisa de un respaldo que no cubre ni exonera a los policías de la responsabilidad penal a la que hoy están expuestos quienes creyeron en el mismo. Ninguna norma avala el ejercicio ilegítimo de la fuerza.

Los uruguayos nos merecemos contar con una Policía confiable y profesional, a la que pueda acudirse para asegurar el goce de nuestros derechos, y no una en la que el sentimiento que prime sea el miedo hacia los uniformados. No se fomenta la autoridad en base al miedo. No nos merecemos sentir miedo ante un Policía sino –por el contrario- debería inspirarnos confianza y seguridad.

En un contexto de pandemia mundial y regional, los delitos a la baja son atribuidos –exclusivamente- a una gestión que deja estos peligrosos flancos al descubierto.

Mientras tanto, en los barrios empiezan a multiplicarse los reclamos por una presencia policial que hoy es inexistente.

“Se terminó el recreo” confirmó ser un simple eslogan de campaña y la Policía –con sus desbordes- lejos de ser solución hace parte del problema…

  el hombre quería confiar, el perro también…