Por Carlos Guillermo Daroch Varas - Bogota – Colombia – Para UTE-NOTICIAS
Este jueves a las 7am se reiniciaban las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, tercer encuentro entre las partes buscando la negociación de una serie de peticiones que ya habían formulado las varias organizaciones ambientales, sindicales, indígenas, estudiantiles y de género, en el año 2019. Principalmente para adentrarse en la negociación los convocantes de la protesta solicitaron en principio tres cosas: i) reconocer públicamente y poner fin al abuso policial. ii) no estigmatizar la protesta social como vandálica o terrorista. iii) La Policía Nacional (ESMAD escuadrón móvil antidisturbios) y la Fuerza Publica deben dejar de controlar la protesta y ordenar que no se use armas de fuego en contra de los manifestantes. Por su parte, el gobierno nacional exige el levantamiento de los bloqueos urbanos y de las carreteras nacionales, es decir nos encontramos en las preliminares.
Este movimiento de protesta que cumple 22 días en las calles y que empezó como epicentro en Bogotá D.C., se amplio con fuerza a Cali capital del Departamento del Valle del Cauca (Occidente de Colombia), ahora a cundido hasta en los municipios pequeños en toda Colombia. En algunos de estos se ha mostrado con mucha beligerancia llegando a la quema de edificios públicos como las Alcaldías municipales. Registradúria Municipal (Registro Civil), Edificio de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, como aconteció en Yumbo, y Popayán.
La protesta social es una respuesta a la presentación en el congreso de una reforma tributaria que apuntaba tapar un déficit fiscal, originado en la pandemia del COVID19, recaudando dinero en la aplicación del IVA a muchos productos de la canasta familiar básica. Además, las peticiones se incrementaron teniendo en cuenta que el gobierno estaba tramitando una reforma al modelo de salud en las comisiones del Congreso de la Republica, como la anterior, sin discusión previa y sin consensuarla con ninguno de los actores involucrados en el tema de la salud, llámese operadores privados o públicos, gremio médico y usuarios.
Hasta este momento, la protesta social termino por lograr que el gobierno retirara su tal reforma tributaria y renuncio el Ministro de Hacienda. De otra parte, congresistas de todos los pelajes y colores renunciaron a seguir debatiendo la reforma a la salud y terminaron por hundirla.
Pero, la protesta va más allá en sus alcances, la ciudadanía no se explica porque ha aflorado una violencia inusitada en este gobierno, no es normal ni gratuito el asesinato de mas de 906 lideres sociales y 276 ex combatientes firmantes del acuerdo de paz en este periodo, habría que sumar a lo anterior, las cifras aterradoras que entregan dos organizaciones no gubernamentales en derechos humanos, como lo son Indepaz y Temblores y La Defensoría del Pueblo como organismo oficial.
Entre 1.443 y 2000 casos de violencia policial 222 víctimas de violencia física 831 detenciones arbitrarias 312 intervenciones violentas en protestas pacificas 22 víctimas de agresiones oculares 110 victimas por disparo con arma de fuego 10 casos de violencia sexual (una menor denuncia por redes el abuso y luego se suicidó) 37 casos de homicidio. 359 casos y/o reporte de personas desaparecidas.
Esperamos que los oficios de la Iglesia Católica por medio de Monseñor Héctor Fabio Henao y el representante de Naciones Unidas Carlos Ruiz Massieu, ayude en primer lugar, a mantener las conversaciones y el dialogo y en segundo lugar a lograr un acuerdo entre las partes.
“Con un gobierno que afronta una crisis mayúscula a cuatro niveles: una crisis de seguridad que se manifiesta en el incremento de masacres y asesinatos a líderes sociales, crecimiento militar de grupos armados ilegales y aumento de las disputas por economías ilegales. Además, una crisis social cuyo mejor reflejo es la actual ola de manifestaciones que comenzaron el 28 de abril pasado, pero que tienen su origen en 2019 y fueron opacadas por la pandemia. Igualmente, hay una crisis política, la cual se traduce en un debilitamiento de la democracia; por ejemplo, el Congreso no funciona desde hace un año o lo hace de forma virtual, al igual que la rama de la justicia. Pero tal vez la peor crisis es la económica” Ariel Ávila Columna El Espectador 20/5/21