Por Chloé Nicolas-Artero - 04.08.2022 – CIPER CHILE
Estudios recientes fijan en un 23% el territorio nacional en riesgo de desertificación. A la luz de datos vigentes, explica en columna para CIPER una doctora en Geografía: «Es importante considerar que tanto la desertificación y la sequía no son fenómenos meramente naturales, sino que socio-naturales: la expansión de monocultivos agrícolas es uno de los principales causantes de la degradación de los suelos y de la escasez hídrica.»
Dos años después de finalizado el decenio de lucha contra la desertificación fijado por la ONU (2010-2020), la situación en Chile al respecto aparece a la vez preocupante y esperanzadora. La Asamblea General de Naciones Unidas, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, asignó como objetivo a todos los países el implementar medidas políticas para luchar contra la desertificación y rehabilitar los suelos dañados para 2030.
La desertificación es la degradación del suelo en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas debido a su erosión por el viento y/o el agua, la degradación de sus propiedades y la pérdida de la vegetación. Está causada por la actividad humana y las variaciones climáticas. La deforestación, el sobrepastoreo o las algunas prácticas de riego afectan negativamente sobre la calidad de los suelos. A pesar de existir varios modelos para estimar el avance de la desertificación, esta sigue siendo un fenómeno difícil de medir. En Chile, según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), aproximadamente un 23% del territorio nacional se encuentra en riesgo de desertificación. Varios estudios convergen en que la región de Coquimbo es la más afectada por este proceso. En parte de su territorio se encuentra el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del mundo.
Históricamente el límite sur del desierto se estableció en el río Copiapó. De un tiempo a esta parte, es frecuente escuchar que el valle de Huasco forma parte de él y continúa su marcha hasta el valle de Elqui. Los discursos sobre el avance del desierto en estos valles semiáridos contrastan con los monocultivos de uvas y frutales destinados a la exportación. La uva pisquera cede su lugar a especies exógenas, vendidas a contra temporada en los mercados internacionales a un valor más alto gracias al monopolio temporal generado. Muchas de estas empresas agrícolas apelan al avance del desierto para solicitar un aumento de las inversiones públicas en infraestructuras de acumulación de agua y tecnificación del riego. Estos cultivos utilizan el riego localizado (riego por goteo), que permite calibrar los productos agrícolas según los requerimientos de las empresas exportadoras. Este sistema va de la mano de un uso cada vez mayor de agroquímicos, para combatir la degradación paulatina de la calidad de los suelos. La modernización del riego también se traduce por el revestimiento de los históricos canales de la región y la acumulación de agua en pequeños reservorios, instalados para «evitar que el agua se pierda en el mar».
Es importante considerar que la desertificación y la sequía no son fenómenos meramente naturales, sino que socio-naturales: la expansión de monocultivos agrícolas es uno de los principales causantes de la degradación de los suelos y de la escasez hídrica. La modernización del riego implementada por las empresas agrícolas y algunas organizaciones de usuarios del agua donde son representadas les permite mantener sus actividades a pesar de la reducción de las precipitaciones, al hacer un uso más eficiente del agua. Sin embargo, al utilizar agroquímicos y reducir las infiltraciones, el riego por goteo produce la degradación de los suelos y del medioambiente. Estos fenómenos se observan en el Valle de Elqui, donde la modernización del riego no produjo una disminución de la cantidad de agua utilizada en el sector agrícola. Revestir los canales de tierra con cemento optimiza el uso del agua disponible, pero al impedir la infiltración, altera la recarga de los acuíferos lo que perjudica a otros usuarios de la cuenca, modifica los ecosistemas locales y altera los paisajes.
La propuesta de nueva Constitución, la reforma del Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático ofrecen perspectivas esperanzadoras para proteger los suelos y los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. En particular, los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, instrumentos establecidos por la Ley Marco de Cambio Climático, para proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre los recursos hídricos y su acceso para el consumo humano. En ellos se prevé poner énfasis en soluciones basadas en la Naturaleza, tales como la restauración o conservación de humedales, riberas, bosque nativo y prácticas sustentables agrícolas. Sin embargo, parece necesario abordar esta materia en conjunto con una reflexión sobre los incentivos otorgados por el Estado en virtud de la aplicación de la ley de Fomento al Riego y Drenaje, que profundiza la modernización del riego a favor de una agricultura comercial no sostenible, así como sobre las políticas agrícolas y las estrategias de desarrollo del país.
Chloé Nicolas-Artero Doctora en Geografía de la Université Sorbonne-Nouvelle. Postdoctorante en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, en el tema integrativo de Seguridad Hídrica