Columna de opinión por Claudio Nash - 11 de abril 2022 – DIARIO UDECHILE
El trabajo de deliberación y las decisiones que ha ido tomando la Convención Constituyente son parte de este balance que el doctor en Derecho y académico de nuestra universidad realiza en esta décimo sexta entrega de "Agenda Constituyente".
Previamente en Agenda Constituyente
“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto intercala sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs) cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en https://radio.uchile.cl/opiniones/
En nuestra columna anterior dimos cuenta de las primeras decisiones que se han ido tomando en el proceso de deliberación constitucional y que correspondían a los primeros informes revisados por el Pleno de las comisiones de Derechos Fundamentales, Principios Constitucionales y otras comisiones en sus segundos informes.
A 9 meses de iniciado el trabajo constitucional y en un contexto donde las críticas al trabajo de la Convención desde los sectores más conservadores del país se mantienen, corresponde realizar un ejercicio de evaluación que se base en antecedentes concretos y no en meras conjeturas que, más que críticas a lo aprobado por la Convención, parecen reflejar una decisión política de detener los cambios iniciados en Chile en octubre de 2019.
¿Cómo evaluar el trabajo de la Convención Constitucional?
El 04 de julio de 2021 se inició el proceso de instalación de la Convención Constitucional en medio de una gran expectación nacional e internacional. El caso de Chile era y sigue siendo mirado con interés por dos razones: representa el último gran paso para que Chile deje atrás el legado institucional de la dictadura cívico-militar, y se hace a través de un proceso democrático, paritario y con representación de la pluralidad del país.
Si bien estamos ante un proceso de deliberación constitucional en pleno desarrollo, es perfectamente posible realizar un breve balance y formular algunas proyecciones.
Para evaluar lo que está ocurriendo en la Convención tenemos que recordar dos cosas. Por una parte, que las Constituciones son un acuerdo político que permite organizar la vida en sociedad a través de instituciones, procedimientos de toma de decisiones colectivas y límites a los poderes constituidos. Por otra parte, el proceso constituyente representa una salida institucional ante la mayor crisis política, social y de derechos humanos desde el retorno a la democracia en 1990 y que fue demandada por el pueblo movilizado ante el agotamiento de la institucionalidad post dictatorial.
Así las cosas, propongo evaluar el trabajo de la Convención sobre la base de dos criterios básicos de legitimidad: el proceso de toma de decisiones y las normas concretas que se van adoptando.
El proceso de deliberación constitucional
En primer lugar, el proceso de toma de decisiones ha sido democrático, participativo y dialogante. Democrático, porque se discute en un órgano electo popularmente, paritario, con representación de los pueblos originarios y con participación relevante de movimientos sociales e independientes. Ha sido participativo, ya que en todas las etapas se han abierto canales para que la ciudadanía pueda ser parte de la discusión constitucional (audiencias, propuestas de normas, diálogos ciudadanos, cabildos, etc.). Finalmente, ha sido dialogante, ya que ningún sector tiene el control de la Convención, lo que ha obligado a tener que negociar cada norma para poder alcanzar el alto quórum establecido para la toma de decisiones (103 de los 154 votos).
Este proceso constituyente es inédito en Chile ya que ha abierto cauces para que todas las voces sean escuchadas. Nunca en la historia constitucional chilena habíamos tenido un debate tan amplio y profundo sobre las instituciones que nos deben regir y sus límites. Obviamente, abrir espacio a distintas voces complejiza la discusión, pero este ha sido un momento constituyente abierto y eso se debe valorar. Por supuesto, quienes históricamente han concentrado el poder y han puesto los temas de debate no solo se han visto confundidos, sino que han constatado cómo el poder se redistribuye.
En consecuencia, las críticas sobre la toma de decisiones al interior de la Convención, en el sentido que estas representarían solo a un sector social y político y que no está considerando a todo el país, es falsa. Un proceso de toma de decisiones donde hay visiones distintas no puede pretender dejar a todos plenamente satisfechos, es necesario tomar decisiones y lo importante es que todo el interviniente tenga la oportunidad de ser escuchados, puedan proponer sus alternativas y se tomen decisiones por mayorías. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en la Convención. Por supuesto, frente a modelos radicalmente diferentes, es imposible aceptarlos todos, es necesario deliberar y decidir. Eso se llama democracia.
Las decisiones que se han tomado en la Convención
En lo que dice relación con los contenidos que se han aprobado en la Convención, hasta ahora se avanza en varios de los puntos que la ciudadanía viene exigiendo hace décadas como mínimos de un acuerdo constitucional legítimo, esto es, un acuerdo político donde todos y todas podamos sentir que nos representa y que se hace cargo de los déficits democrático de la postdictadura.
Así, en cuanto a la Estructura del Estado (Principios Constitucionales y Forma del Estado), la Convención ha aprobado sustituir el actual estado “subsidiario” por un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho; de la actual forma de organización de Estado centralizado, se pasa a uno regional con mayor poder y autonomía para las regiones; del mito excluyente de una nación única, se reconoce la pluralidad de naciones (plurinacionalidad) y la necesidad que estas vivan en respeto y armonía (interculturalidad).
En materia de Derechos Fundamentales, lo aprobado hasta el momento da cuenta de una nueva perspectiva y se pasa de una constitución que ni siquiera los nombra, a una que establece claramente el deber del Estado de respetarlos y garantizarlos; también se consagran derechos individuales y colectivos; da un paso fundamental en materia de derechos sexuales y reproductivos; por primera vez se reconoce el derecho a la identidad de género; y, a la vez, se mantiene el derecho de propiedad y de emprendimiento.
En cuanto al Sistema de Justicia, se reorganiza la administración del poder judicial y se crea un órgano superior de administración (Consejo de la Justicia); también se reconocen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y la necesidad de que estén debidamente coordinados con el sistema de justicia general (pluralismo jurídico); se garantiza la independencia judicial; y, se consagra la perspectiva de género como un principio interpretativo que obliga a los tribunales a hacerse cargo de la discriminación histórica contra las mujeres y disidencias sexuales.
Un aspecto que me parece debe ser destacado de una manera especial son las decisiones que está tomando la Convención en las materias vinculadas con Medioambiente y la Naturaleza. Sin duda un sello del texto constitucional que se discute es la centralidad que ha tomado el tema medioambiental. Como resultado, se está avanzado en varios temas esenciales para diseñar una nueva relación entre el desarrollo y el medioambiente y la Naturaleza. Por ejemplo, ya se han aprobado algunas normas sobre la Naturaleza como sujeto de derechos, se consagran obligaciones del Estado en la materia, se establece a los animales como sujetos de especial protección, y se reconoce el deber del Estado de adoptar medidas ante la crisis climática, entre otras materias.
En definitiva, un rápido recorrido por algunas de las normas aprobadas, a la fecha, nos muestra que se está dejando atrás el modelo heredado por la dictadura (neoliberal en lo económico, autoritario en los político y conservador en lo cultural) y se está construyendo un acuerdo político acorde a los desafíos de una sociedad compleja y plural como la chilena. Recordemos que ese fue el mandato ciudadano reflejado en el plebiscito de octubre de 2020 y la elección de convencionales en mayo de 2021.
Las decisiones que vienen estas semanas
En las semanas que vienen (hasta el 06 de mayo se seguirán discutiendo en el Pleno de la Convención las normas que se incorporarán al borrador de Constitución) aún se deben tomar decisiones importantes. De hecho, esta semana (11 al 15 de abril) la Convención tiene planificado realizar plenos cuatro días: lunes (principios constitucionales y sistema de justicia), martes (sistemas de conocimientos y forma de Estado), miércoles (sistema político) y jueves (mecanismo de enlaces transversales y sistema de justicia).
En concreto, está pendiente definir el sistema político que nos regirá, esto es, cómo se organizará el poder político las próximas décadas. Como hemos dicho, el actual modelo se basa en una idea autoritaria, donde la presidencia tiene una total preeminencia respecto de los otros poderes (legislativo y judicial). Por ello, todo avanza hacia un acuerdo político donde se redistribuya el poder a través de un modelo presidencial fuerte, pero con mayores contrapesos en el legislativo; un congreso de dos cámaras, pero diferente al actual modelo, ya que el poder político estará en la cámara de diputados/as y una segunda cámara territorial que ya no será una cámara revisora con tintes conservadores, sino que tendrá atribuciones centradas en la representación de las regiones en el nuevo modelo de Estado regional. Sin duda, esta es la mayor modificación al sistema político en 200 años.
Por otra parte, queda pendiente la decisión que adoptará la Convención en materia de derechos económicos y sociales, que es una de las demandas más sentidos por parte de la ciudadanía. Los próximos días veremos de qué manera quedan consagrados en la Constitución derechos como educación, salud, vivienda, seguridad social, agua, laborales, entre otros. No hay duda que su consagración constitucional representa un paso esencial para que el Estado chileno adopte las medidas necesarias para reducir las desigualdades que afectan a amplios sectores sociales.
Asimismo, en las próximas semanas veremos las decisiones que tomará la Convención para asegurar que los derechos fundamentales no solo sean una bonita declaración de intenciones, sino que efectivamente sean derechos que la ciudadanía pueda exigir de las autoridades constituidas en su nombre. Por ello, cuestiones como un nuevo sistema de protección de derechos (Defensoría del Pueblo, recursos constitucionales, recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos) estarán en el centro de la discusión pública.
A modo de coda
En definitiva, reorganizar y redistribuir el poder no es tarea sencilla. No sólo están presentes las dificultades propias de llegar a acuerdos amplios en materias tan relevantes, sino que estas decisiones tocan intereses de sectores poderosos del país. De ahí surge la brutal campaña de quienes se resisten a perder los privilegios que durante décadas les han dado poder y riquezas.
Por ello, es necesario informarse y socializar lo que está sucediendo en la Convención, lo que representa para el país, y para esta y las futuras generaciones. Es nuestro deber combatir la campaña de desinformación y mentiras que promueven sectores dentro y fuera de la Convención y que tiene una alta resonancia en medios de comunicación en manos de los mismos privilegiados de siempre.
No olvidemos que este proceso constituyente es nuestro y debemos cuidarlo. Solo de esta forma, el 04 de septiembre podremos poner, al fin, término a la Constitución heredada por la dictadura y administrada por 30 años. Así, se abrirán los caminos para construir una nueva convivencia democrática donde la democracia cumpla la vieja promesa de ser el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
GENTILEZA DE DIARIO UCHILE.CL