Danilo Araneda – Economista - Amigo de la Corporación Solidaria Ute-Usach – 28-10-2020
El pueblo de Chile infringió una aplastante derrota a la derecha en Chile. Las elevadas preferencias por el Apruebo y la Convención Constitucional no han dejado lugar a ninguna duda: los chilenos quieren (queremos) una Constitución que permita el verdadero retorno a la democracia, sin trucos ni vericuetos, sin espacio para corrupción ni componendas. Pero, además, la votación mostró que 8 de cada 10 chilenos, NO QUIEREN que en la redacción de nuestra nueva Carta Magna participen quienes usufructuaron del modelo neoliberal, tanto durante los años de dictadura, como durante el período posterior a ella.
Apenas conocidos los resultados, comenzó nuevamente a trabajar toda la maquinaria de una institucionalidad que acababa de ser desahuciada por el país casi completo: un presidente que se atribuye como propio el triunfo del apruebo, una derecha que insiste en que “ganamos todos”, y una recalcitrante Concertación que preconiza a los cuatro vientos que ellos son los verdaderos precursores del Plebiscito. Con una desvergüenza insólita, los “zombies de la política” ya comienzan a distribuirse los puestos de la Convención Constituyente.
Ninguno de ellos es capaz de reconocer que el Plebiscito fue impuesto por los estudiantes, los asalariados, los trabajadores, las dueñas de casa, por los vecinos de las poblaciones. Nadie de la institucionalidad político-parlamentaria ha sido capaz de reconocer que, ante la carencia de representantes dignos, la población de manera casi natural comenzó a buscar a sus líderes de base en minúsculas organizaciones, en sus centros estudiantiles y centros poblacionales, en los grupos deportivos y grupos de baile a centros poblacionales, grupos de baile, etc. Esfuerzos se hicieron en colectivos laborales y sindicatos, pero las leyes laborales (elaboradas por los mismos parlamentarios que la población no quiere ver entre los constituyentes) y una dirigencia sindical anquilosada, incapaz de entender los cambios que demandaban los trabajadores, no dieron espacio para fortalecer la protesta social desde los mismos puestos de trabajo.
Incluso cuando la población se volcó a las calles, en un estallido social inédito, la “institucionalidad” se negó a reconocer la justeza de las demandas que todos gritaban desde las calles. Esta ceguera les impidió comprender cómo era posible que surgiera una organización social multiforme, al parecer inconexa y muy dispersa, capaz de transformarse una gigantesca columna que recorría todo el país, uniendo voluntades e intereses. Una columna social que solo pudo ser detenida por la Pandemia. A lo menos eso era lo que esperaba una institucionalidad aterrorizada por el crecimiento del movimiento social.
Pero, la Pandemia vino solo a refrendar la justicia de las demandas sociales. A pesar del terror a una enfermedad aún incurable, del cierre de los centros de estudio, de la paralización de la construcción, el comercio y otros centros laborales, además de las restricciones al desplazamiento de las personas, la marcha social continuó imparable. Los resultados del plebiscito son un primer corolario de esta marcha. Pero ellos, los “zombies de la política” se niegan a ver esta realidad.
Por este motivo, es hoy más importante que ayer avanzar en la organización del movimiento social, reconociendo sus propias necesidades y formas de organización. Pero, aunando objetivos y demandas; reconociendo la necesidad de la UNIDAD de estos objetivos y buscando la comunidad de intereses. Solo de esta manera será posible hacer prevalecer la voluntad ciudadana.
Los próximos meses son de gran importancia: deben ser elegidos los convencionales que habrán de redactar la Nueva Constitución. La tarea de la ciudadanía organizada es asegurar la mayor presencia de sus representantes, especialmente ahora que los amarres de la institucionalidad hacen que ello sea casi imposible.
Por este motivo, una tarea urgente para las próximas semanas y meses es demandar por mayores cupos para los independientes, las minorías, así como para las organizaciones sociales. Es imperioso exigir que los colectivos laborales, poblacionales, profesionales, de la cultura, otros, puedan elegir representantes de sus intereses para la Convención Constitucional.
Las deliberaciones deben transcurrir de cara a la ciudadanía, sin sesiones secretas. Solo de esta manera se podrán evitar componendas y contubernios. El control ciudadano, la movilización social, deben estar presente a lo largo de todo el Proceso Constituyente, para asegurase de que las voces de los organismos sindicales, las asociaciones de profesionales, los centros comunitarios, las organizaciones vecinales y los cabildos ciudadanos leguen a los delegados constituyentes. Es necesario asegurar la plena transparencia de las sesiones de la Convención Constituyente.
Hoy enfrentamos la necesidad de construir un programa común, que represente los intereses de las amplias mayorías. El contenido de ese programa común está sintetizado en las demandas que el pueblo de Chile hizo públicas el 18 de octubre de 2019: Trabajo; Salarios Dignos; Educación; Salud; Previsión; Protección de los Derechos Humanos, entre otros. Todos estos son elementos que deben quedar representados en la nueva Carta Magna. Su ausencia generará una gran frustración y podría derivar en una Constitución fallida.
Con el objeto de asegurar la libre participación de los asalariados en el proceso constituyente, es imperioso que se decrete la inamovilidad laboral tanto en el sector público como privado. Es decir, nadie puede ser despedido por motivaciones políticas y/o sociales. Con la sola excepción de la comisión de delitos establecidos en la ley.
Es claro que la Nueva Constitución no solucionará los problemas de inmediato. Es claro también que las necesidades de supervivencia de la población son urgentes, y no pueden esperar a las conclusiones de la Convención Constitucional.
Por ello, es preciso que la ciudadanía restablezca varias de las demandas más urgentes del 18 de octubre, entre ellas: Congelar por un año los precios de los servicios básicos del agua, luz, gas, combustibles y telefonía/internet. Prohibir la suspensión por impagos del suministro de agua, luz y gas; Incremento del salario mínimo en 35% a contar del 1 de diciembre de 2020; Igualación con el salario mínimo para todas las pensiones que se encuentran bajo este rango; Inmediata eliminación del IVA para una canasta de productos básicos, entre ellos: pan, leche, azúcar, aceite, arroz, fideos; Inmediata reducción en un 50% de los altos sueldos públicos, dietas parlamentarias y eliminación de las dietas y privilegios a expresidentes de la república; Término inmediato de toda negociación internacional, y tramitación de acuerdos, que comprometa la adopción de políticas públicas.