DOCUMENTOS. 90 ORGANIZACIONES SOCIALES ALERTAS ANTE PROCESO CONSTITUYENTE

Equipo “El Siglo”. Santiago. 22/09/2022

En una declaración pública se dijo que “queremos expresar nuestra preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular”. El texto fue firmado, entre otras organizaciones, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Colegio de Profesores, la ANEF, CONFUSAM, Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile, SIDARTE, Chile Mejor sin TLC, Fundación Constituyente Nodo XXI, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Mujeres por la Justicia y contra la Impunidad,  Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, Red de Sitios de Memoria, Comisión Ética Contra la Tortura.(además la Corporación Solidaria UTE-USACH)

El siguiente es el texto íntegro de la declaración pública de casi un centenar de organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas y académicas.

Por el derecho del pueblo chileno a decidir soberanamente su destino.

Las organizaciones firmantes, ligadas al movimiento de Derechos Humanos y al mundo social, queremos expresar nuestra preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular.

En efecto, queremos reiterar que el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados, y con representantes del mundo independiente.

Queremos recordar que cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos o la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional.

Llamamos al pueblo de Chile a movilizarse activamente a objeto de impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en Campaña sino, además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de Nueva Constitución.

Además, queremos reiterar que las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos producto de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia, continúan plenamente vigentes y su incumplimiento por parte de los diversos Poderes y órganos del Estado generan responsabilidad internacional. En consecuencia, avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden, por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna.

Por la misma razón, la Verdad, la Justicia la Debida Reparación y la implementación de las Garantías de No repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas. Tampoco pueden ser dilatadas, todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que permitan la pronta recuperación de la libertad de los presos de la revuelta.

Por último, queremos advertir que no habrá paz social si los sectores defensores del statu quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social.

Porque la demanda mayoritaria de superar el actual modelo sigue vigente. Y el anhelo de un nuevo pacto social fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, permanece intacto.

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