Por Danilo Araneda – 03-06-2024 – Para UTE-NOTICIAS
Hoy se encuentra en plena discusión sobre qué hacer con la promesa de la candidatura presidencial de Gobierno, sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE)
Adelantamos, este no es un artículo en defensa de una política implementada durante el Gobierno de Ricardo Lagos, sino que busca dar explicación sobre qué es lo que con esta política ocurre.
Uno de los grandes problemas heredados de la dictadura de Pinochet fue el profundo grado de miseria en que se encontraba la población, con una estratificación social donde solo una reducida élite tenía acceso a la educación superior, acompañada de una brutal carencia de niveles intermedios de formación técnico-profesional.
Una de las demandas presentes en aquel entonces, presente hasta el día de hoy, era sobre la posibilidad de abrir el acceso de las universidades a un número mayor de estudiantes, lo que implicaba generar una senda que permitiera avanzar paulatinamente hacia la gratuidad en la educación superior.
¿Por qué era y es necesaria esta ampliación de la base educacional? Fundamentalmente, porque a través del mejoramiento de la oferta de profesionales se amplía uno de los elementos de incentivo principal para desarrollar nuevas inversiones en la economía. No hay forma, por ejemplo, de desarrollar industrias vinculadas a la biotecnología, sino se cuenta con profesionales de áreas vinculadas a la biología, la química, la física, las matemáticas. Y esto es válido para cualquier área de la economía que busque agregar valor y desarrollar capacidades productivas.
Uno de los desafíos de incrementar el relacionamiento económico internacional del país pasa necesariamente por la ampliación y profundización de su estructura productiva, además de la diversificación de la estructura exportadora.
Adicionalmente, un elemento sustantivo en la estructura de costos para este tipo de procesos, está vinculado con la disponibilidad local de profesionales. De otra manera, cualquier intento de desarrollar áreas industriales implicaría la necesidad de importar -a un costo muy superior- este tipo de profesionales.
La demanda por movilidad social, es decir por disponer de la posibilidad de crecer en su calidad de vida, pasa por el acceso que tenga cada persona para encontrar nuevos y mejores empleos. Por mejores empleos, entendemos aquellas ocupaciones que tengan una proyección den el tiempo y, además, aseguren un ingreso digno a cada uno de estos profesionales.
La política implementada durante el gobierno del ex presidente Lagos, tenía varios objetivos (sin ser este necesariamente el orden de prioridad): 1. Generar instrumentos que permitieran satisfacer una demanda ciudadana creciente, como lo mostraron las luchas estudiantiles de ese momento; 2. Generar un incentivo para el desarrollo productivo; 3. En los marcos del Modelo, y ante la carencia de recursos públicos para financiar esta política, se buscaba generar un negocio que estimulara la participación del sector financiero en esta política de incentivo a los estudios.
En el marco de una sociedad capitalista, la búsqueda de financiamiento en el sector financiero y otros sectores pudientes, es algo normal y característico del propio sistema.
Por lo tanto, no es de extrañar que el gobierno de entonces, de una base esencialmente neoliberal, buscara aprovechar este acceso al financiamiento. ¿Cuál fue el problema? Es que en aquellos países capitalistas donde se han implementado políticas de financiamiento, estas políticas han sido acompañadas por políticas productivas integrales, donde no es solo el Estado el actor principal, sino que es acompañado por aquellos sectores que disponen de los recursos fundamentales para el desarrollo económico (capitales, acceso a ciencia y tecnología, experiencia y capacidad de gestión, profundo conocimiento del manejo de las redes de suministros, etc.) En el caso de Chile hablamos esencialmente el sector privado, más aún cuando la propia Constitución de Pinochet inhibe, por no decir prohíbe, la participación del Estado en el desarrollo de proyectos productivos.
El gobierno de Ricardo Lagos diseñó una política pública que tenía como objeto incentivar el desarrollo de la educación, teniendo también como norte el desarrollo productivo, incentivar la diversificación. Para ello, recurrió a los recursos del capital financiero, permitiendo transformar el CAE en un lucrativo negocio financiero. Sin embargo, fue incapaz de fomentar del desarrollo productivo, por una razón muy simple. Los grandes capitales tienen su negocio principal en los sectores productivos de menor valor agregado: minería extractiva. Industria forestal; agroindustria, esencialmente sobre la base de productos finales de bajo valor agregado, y con un mínimo desarrollo de producción de mayor valor agregado. Y no tenían ningún interés en eventuales planes de desarrollo industrial.
Se creó, entonces, una compleja situación: surgió una oferta profesional que, producto de una insuficiente política de desarrollo productivo, de una parte está condenada a enfrentarse a un cuello de botella, con una enorme pérdida de capacidades profesionales y, de otra, se trata en alimento fácil para el negocio financiero, a través de crecimiento de los intereses, resultantes de que no se cumple una de las expectativas centrales de esta política del CAE. Es decir, el país, la economía chilena no disponía, ni dispone, de suficiente espacio para recibir a los nuevos profesionales y, por ende, no existen condiciones para que estos profesionales dispongan de recursos para restituir los dineros obtenidos via CAE.
El problema comienza a adquirir las características de una bola de nieve, cuando los intereses transforman el problema en algo incontrolable. Nos enfrentamos aquí entonces a una conclusión severa: la política implementada por el CAE, que pretendió ser una política pública progresista, por sus resultados concretos deriva en algo fallida, que deja al Sistema Financiero como el gran beneficiado. También aparece un “ganador temporal”, que son aquellos profesionales que, el en marco del CAE, logran terminar sus estudios, adquieren una profesión e incrementan su posibilidad de acceder a un mercado laboral muy reducido.
Sin embargo, al mismo tiempo, en el otro extremo se aglutina una enorme masa de personas que se transforman en verdaderos esclavos del sistema financiero que, a través del servicio de la deuda y sus intereses, pasa a constituir una “Servidumbre” de larguísimo plazo.
Como resultado de ello, se genera una gran demanda social por terminar con esta política cuasi feudal en el ámbito financiero. Decimos cuasi feudal porque en la práctica, si bien ahora en condiciones de una economía de mercado, los deudores del CAE se transforman en verdaderos siervos del feudo establecido por el capital financiero. La existencia de estos deudores -hoy “siervos del CAE”- se transforma en una de las fuentes de alimentación de este capital.
Esta deuda, en vez de generar condiciones de ahorro para la población deudora, se transforma en una “cuota de servidumbre”, inhibiendo ciertamente el desarrollo no solo de las personas, sino también de la pequeña empresa. Porque, ante la incapacidad de ahorro de estos nuevos profesionales, cualquier pensamiento de desarrollar nuevos emprendimientos se transforma en una falacia. La historia económica de Chile ya conoció de algo similar en la época del gran latifundio, cuando la propiedad terrateniente inhibía severamente las posibilidades de desarrollo del capitalismo en el campo a través del pago por la renta de la tierra.
No es de extrañar que, cuando se mira la prensa de hoy, los elogios a los nuevos emprendimientos tienen como actores principalmente a retoños de las grandes empresas y de los principales grupos financieros, con muy poco espacio para el crecimiento del resto de la población.
Desde hace ya años la sociedad plantea ante los diferentes gobiernos la necesidad de resolver esta situación, resultante de una política mal diseñada, además de la negativa del propio sector privado, del propio capital financiero que parasita de este negocio, a fomentar el desarrollo, o participar en el desarrollo de políticas que permitan potenciar la capacidad productiva nacional. Y eso se hace solo vía inversión.
El país se enfrenta a un capital financiero que renta de la necesidad de la población, de estos nuevos “siervos”. Al mismo tiempo, junto con esta negativa, este sector prefiere exportar sus capitales, invirtiendo solamente en aquellos sectores que son rentistas de la sociedad como es el caso, por ejemplo, de las AFP, transformándolas en otro de los ganadores de esta fallida política pública.
En todo esto pierde también el país, por cuanto, al no existir desarrollo productivo, desaparece la posibilidad de aprovechar a los nuevos profesionales. Por este motivo, en la actualidad se da una situación muy particular: entre los asalariados por cuenta propia (taxistas, pequeños comerciantes, otros), se cuenta de un gran número de personas con educación superior, que se formaron en el microclima generado por el CAE. Chile debe ser uno de los países donde el sector de los transportistas debe contar con uno de los niveles de formación profesional más altos.
Uno de los problemas que emanan de lo indicado, es que miles de profesionales, representantes de la inversión que con gran esfuerzo hicieron numerosas familias chilenas, no lograron acceder a empleos adecuados y, en un lapso de 4-5 años perderán esa inversión. Porque engrasarán las filas de los jóvenes profesionales que nunca lograron implementar sus conocimientos, perdiendo la base de educación adquirida. Es decir, no están en condiciones de mantener la inversión que sus familias realizaron.
En las últimas semanas la problemática del CAE se ha transformado en un “caballito de batalla” de la derecha para mostrar que, una vez más, la incongruencia y la incompetencia del Gobierno para cumplir sus promesas de campaña.
La verdad de las cosas es que, respecto de la incongruencia algo de razón tienen. Pero, las razones son distintas. Desde estas páginas postulamos que esta incongruencia radica en la separación que se hizo entre los objetivos programáticos y la voluntad ciudadana y popular que llevó a este gobierno al poder.
Desde el punto de vista de la derecha, el Gobierno es simplemente incapaz de sustentar una de sus promesas programáticas, porque reconoce que no cuenta con los recursos, ni los votos para ello.
Se puede o no estar de acuerdo en lo grueso con esta definición. Sin embargo, hay algo en que la derecha apunta bien: el Gobierno no ha sabido dar a la ciudadanía una explicación del porqué los principales objetivos declarados no han podido ser logrados.
Algunos de estos objetivos no han sido alcanzados ante la imposibilidad de enfrentarse a los intereses de la derecha y del capital financiero. Este es el paso, precisamente, del CAE
De manera vulgar, grosera, desde el oficialismo se dice a la ciudadanía que hoy día el gobierno no tiene recursos; que es la derecha la que frena estas demandas en el parlamento; que el Gobierno no logra acceder a los suficientes elementos que permitan financiar esta política, que fuera aprovechada por muchos que hoy día pretenden que el gobierno desvíe recursos de demandas más sustanciales, para condonar el CAE. Incluso se acusa que esta sería que una demanda egoísta, de parte de quienes demandan la condonación del CAE, y que con ello privan al Gobierno de recursos para atender otras necesidades más urgentes.
Y se presenta a estos demandantes como seres prácticamente corruptos, generando en la ciudadanía una animadversión en contra de esta demanda ciudadana.
Más arriba ya hemos señalado las razones fundamentales de esta demanda. Y lo que tenemos en marcha en este momento es una campaña del capital financiero, por desacreditar -una vez más- otro de los requerimientos levantados por la ciudadanía en octubre de 2019, fecha de la cual incluso el Gobierno ha tenido bastante poca hidalguía para defender los postulados que en su momento muchos de quienes hoy día ostentan posiciones oficialistas, dijeron defender. Por este motivo, es preciso señalar que no se puede pretender hacer parecer que la ciudadanía y la gente en general, no tienen capacidad de raciocinio, tratándolos prácticamente como ignorantes, cuando se les indica que “el Gobierno no tiene recursos”, “la derecha no nos permite avanzar”, “es la derecha la que no permite dar solución a estos problemas”.
El problema real radica en que la población si entiende la carencia de recursos del Gobierno, si entiende que hay labores más urgentes (por ejemplo, ayudar a los damnificados por los incendios, pero lo que tampoco se ha logrado completar).
Pero, la ciudadanía también entiende que no se puede estar sin hacer nada. Y, lo peor de todo, sin recurrir a una movilización social, que permita poner en la palestra aquello que la derecha impide a través de su monopolio de los medios de comunicación. Esto es algo absolutamente necesario y urgente.