Danilo Araneda – 20 de julio 2024 – Para UTE-NOTICIAS

Si bien el atacar a los comunistas es una tradición ya vieja de la derecha y la socialdemocracia, tan vieja como la lucha entre los proletarios, los asalariados, y la burguesía capitalista, no deja de llamar la atención la actual campaña en contra del Partido Comunista chileno (PCCH), o más bien contra los principios que históricamente ha sustentado el PCCH.

Porque debemos ser precisos, como los duros hechos testimonian, en la actualidad se aprecia un profundo desfase entre el comportamiento de la élite dirigente de ese partido, algunos de sus militantes (cómodamente afincados en puestos de gobierno) y los principios declarados. Esto ha provocado una profunda parálisis y alejamiento de esta organización de las organizaciones sociales, minimizando cualquier posibilidad de influencia significativa en los movimientos sociales.

Este no es un problema nuevo, baste recordar la ínfima participación del PCCH durante octubre del 2019. A ello se suman muchos pequeños hechos y declaraciones de autoridades de Gobierno, incluidos algunos militantes del actual PCCH.  Incluso en el discurso de los propios dirigentes del actual PCCH se aprecia un notable abandono de muchas de las demandas enarboladas por la ciudadanía, haciendo aceptación tácita de la interpretación oficialista y de los medios de comunicación. Esto, ciertamente solo contribuye a agudizar más aún su falta de influencia en el movimiento social.

Pero, este es un tema que deben abordar los propios militantes de ese partido.

Desde los medios de comunicación, los discursos oficialistas y parlamentarios se aprecia un encono que casi limita en la histeria, que busca asociar las luchas sociales con la delincuencia; a los movimientos populares y poblacionales con el narcotráfico; a quienes aún defienden las banderas enarboladas en octubre del 2019 se les acusa con frecuencia cada vez mayor de ser contrarios a la democracia.

Con vergüenza es posible constatar como muchos de los que ayer se manifestaron en apoyo del movimiento social del año 2019, hoy reniegan llegando incluso a justificar el actual de las autoridades de la época. El caso más extremo y deplorable fueron las palabras del actual Presidente de la República en las exequias de Sebastián Piñera, responsable directo de la brutal represión policial y de los cientos de heridos.

¿Por qué, entonces, este renacer del anticomunismo, tanto en la derecha como en sectores del propio gobierno?

Lo primero y más urgente: quienes sustentan las posiciones del anticomunismo tienen muy claro que el deterioro económico del país, especialmente para los sectores asalariados, solo seguirá agudizándose. Testimonio de ello son el alza de la electricidad, del gas y la parafina[1], del precio del pan y la mantequilla, la leche y demás lácteos, de los medicamentos y, más recientemente, el transporte público. Por el otro lado, crecen las utilidades de las AFP, de las empresas del sector financiero; las propias empresas hacen ostentación de las utilidades que generan año a año parea sus accionistas.

No es necesario ser un egresado de Harvard para darse cuenta que se acumulan las condiciones para un nuevo despertar de la protesta social. ¡Qué otra cosa podría esperarse cuando no ha sido resuelta ninguna de las principales demandas de octubre 2019!

El temor de la élite gobernante y su oposición capitalista es que, en esta ocasión, a diferencia del estallido social, e impulsado por una agobiante necesidad, el movimiento social redescubra el poder de la unidad y de la organización, para defender los intereses de los distintos grupos de asalariados. Y esa experiencia radica en la historia de los movimientos sociales en Chile, incluida la historia del propio PCCH.

Solo la organización de los movimientos sociales en torno a objetivos muy claros, expresados en un programa común de demandas podría ser garante de la tan necesaria unidad. Aprovechamos de subrayar aquí que nadie habla de la organización para la toma del poder, ni siquiera de conquistar el Gobierno. Nada más lejos de eso. Se trata de organizar a la sociedad para aprender a demandar y defender sus propios derechos.

El ataque de la autoridad a las entidades poblacionales de Villa Francia, bajo el pretexto de prever actividades terroristas, muestra el temor de la institucionalidad ante la organización popular. Destruyendo los escasos recursos alcanzados, buscan desarticular la capacidad de la población para organizarse.

Nadie se sorprende que los empresarios, los políticos, se agrupen en distintos tipos de organizaciones, asociaciones, fundaciones, e incluso partidos políticos. Pero, cuando los asalariados hacen valer su derecho a la organización se les acusa de atentar contra la democracia.

Es notable el temor a la organización de los trabajadores en sindicatos y asociaciones, la que Constitución de Pinochet mediante han logrado mantener atomizada, privando a los asalariados de una vital arma de organización social y económica. Por cierto, es también escandalosa la forma en que partidos oficialistas han privado al movimiento sindical de su capacidad de expresión social.

Sin embargo, de nada servirá la organización del movimiento social y popular si no es acompañada de disciplina y solidaridad. La disciplina para educar a los asalariados en la necesidad de unidad para implementar los acuerdos alcanzados por los propios trabajadores, así como en el apoyo solidario y colectivo a los distintos grupos de ciudadanos, pobladores, mujeres, estudiantes, obreros, artistas, vendedores, transportistas, profesionales y demás asalariados, que han sido capaces de unir sus intereses bajo una demanda única y común. Nada más dañino para el movimiento social que el individualismo exacerbado heredado por el fascismo pinochetista, que debilita esta organización frente a la organización de los empleadores y del Estado.

No se trata de perder la individualidad de cada individuo, sino de construir un colectivo capaz de aunar distintos intereses y posiciones en torno a un objetivo común. Un colectivo social dispuesto a apoyar las luchas sindicales y las demandas económicas de otras agrupaciones de asalariados. Es justamente a este colectivo social, que trabaja en pos de demandas comunes, a los que la derecha y sus acólitos estigmatizan como terroristas, delincuentes o comunistas.

Los medios de comunicación, así como también autoridades oficialistas, buscan hacer olvidar el tremendo impacto que produjo en el país la gigantesca protesta social que fue capaz de unir sus voces en torno a: Justicia Social, Trabajo y una Vida Digna. Nada de esto se ha logrado. Incluso el incremento del salario mínimo alcanzado por el presente gobierno se diluyó totalmente ante el brutal empeoramiento de la situación económica de millones de chilenos.

Una concepción de democracia que comprenda verdaderamente a toda la sociedad es el quinto elemento que aterra al poder económico. Y nada más útil que acusar al mundo progresista y social de ser “comunistas”, de atentar contra la democracia. Y el gran pecado radica en resistirse a un sistema político y económico heredado de la dictadura de Pinochet, la que destruyó la democracia en el país, y repartió las riquezas nacionales entre sus familiares y acólitos.

Hay un hecho derivado de octubre de 2019 y de los posteriores procesos constitucionales que ha sido convenientemente olvidado por la derecha y sus medios de comunicación, así como por el oficialismo: la ciudadanía (en el sentido más amplio de la palabra) alcanzó un nuevo nivel de cercanía con la participación popular y social. Más allá de una multiplicidad de pequeños problemas, por primera vez los chilenos tuvieron la posibilidad real de aproximarse a la participación ciudadana, para definir el futuro del país. Esta fue una experiencia realmente democrática, masiva y multitudinaria.

Por eso, en la calle, la ciudadanía no logra entender cómo un gobierno que hasta hoy se dice progresista, a espaldas de sus propios electores, negocia con quienes se robaron una de las principales empresas nacionales, ahora para entregar la explotación del Litio.

Pero, la democracia también debe comprender a la propia organización del movimiento social. Sus dirigentes deben rendir permanente y clara cuenta de sus acciones ante sus organismos de base, y su permanencia en los cargos está condicionada a la demanda directa de estos mismos organismos. Es la única forma de enfrentar la corrupción, el amiguismo y el entreguismo, además de esa venenosa tendencia a acomodarse en cargos públicos, dando la espalda a las necesidades de los asalariados.

Estos elementos centrales (Innegable deterioro de la situación económica, social y política; Organización; Disciplina y Solidaridad; Democracia) constituyen el centro del actual anticomunismo en Chile, toda vez que ellos que determinan el futuro de la demanda económica, social y política de los asalariados, los que siembran temor en las élites del poder político y económico. En ellos radica la fuerza de la organización social. Sin ellos estamos condenados a la atomización social y al dominio de los grupos económicos.

[1]              A pesar de la reciente rebaja en 98 pesos por litro de parafina, su precio sigue estando sobre los mil pesos. Si consideramos un consumo mínimo extremo de solo 30 litros al mes, los hogares más modestos mensualmente deben desembolsar 33 mil pesos mensuales