Interferencia - 19/08/2024
La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.
La ex subsecretaria de Prevención del Delito, la RN Katherine Martorell, es investigada en una causa por delitos de corrupción desde 2020, a raíz de la compra presuntamente irregular de cámaras corporales para Carabineros por $378 millones.
En un primer momento, la ex secretaria de Estado fue patrocinada por el abogado Luis Hermosilla, quien será formalizado el próximo 21 de agosto por delitos de soborno, lavado de activos y tributarios en el llamado “caso audios”.
Desde entonces hasta ahora, la Fiscalía Centro Norte ha indagado el caso y luego de casi tres años, recién la interrogó en calidad de imputada.
Por el transcurso del tiempo, a principios de agosto, Martorell, solicitó el sobreseimiento de la causa al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que fijó la audiencia para el próximo 25 de septiembre. Y esto porque hasta ahora no ha sido formalizada.
Sin embargo sufrió un duro revés, luego que el tribunal diera traslado al Ministerio Público que a través de un escrito adelantó que se opondrá a la solicitud.
En su presentación, Ledezma argumentó además que estaría de vacaciones, toda vez que que enfrenta la Unidad de Delitos de Alta Complejidad enfrenta una nutrida agenda de trabajo. Por esta razón, se fijó la instancia procesal para el 9 de octubre.
Es altamente probable que la petición de Martorell sea rechazada, ya que en enero de este año, el mismo juzgado ordenó al fiscal Francisco Ledezma que formalizara la investigación en un plazo de 120 días.
Si bien Ledezma no ha hecho lo propio, lo cierto es que no existe un artículo en la ley que, por la vía del apercibimiento, obligue al órgano de persecución penal a cumplir la decisión jurisdiccional.
El rechazo
La querella que dio origen a la indagatoria por delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, entre otros ilícitos, fue interpuesta por la empresa Pegasus en junio de 2020. Esta última participó de la licitación de las cámaras corporales, donde ganó el oferente Motorola, pese a que no cumplía los requisitos establecidos en el concurso. Eso, además de continuos problemas en el uso y puesta en marcha que enfrentó la policía uniformada con los aparatos.
La diligencia fue acordada con el representante de esta última, Luis Hermosilla.
A raíz de lo anterior, Ledezma ideó un grupo de patrones para que la PDI buscara en el almacenamiento del móvil.
La pesquisa arrojó resultados acotados y el perseguidor nunca solicitó una autorización judicial para auscultar la totalidad del celular.
De hecho, Pegasus ha solicitado en distintas oportunidades acceder a la copia íntegra del teléfono de Martorell, pero Ledezma nunca ha accedido.
Igual situación ocurrió con la petición para que se revisen los mensajes del celular de Hermosilla en el marco del caso audios que lleva la Fiscalía Oriente.
El antecesor de Muñoz fue Héctor Espinosa, acusado de apropiarse de una cifra superior a los $300 millones de gastos reservados.
El Ministerio Público solicitó una pena de 20 años, pero el juicio se encuentra suspendido, ya que el ex policía recurrió al Tribunal Constitucional.
Quien patrocinó a Espinoza, fue precisamente Luis Hermosilla, al menos cuando comenzó el caso.
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