Matías Menceyra - 12/02/2025 – El Dinamo

El estudio obtuvo los contratos entre 2018 y 2022. Todos fueron vía trato directo y sin licitación pública, y se hicieron para la Corporación Municipal, departamento encargado de gestionar los servicios de salud y educación de la comuna.

La cifra que recibió el estudio Albagli Zaliasnik Abogados –perteneciente al influyente abogado Gabriel Zaliasnik– por servicios jurídicos y penales prestados a la Corporación Municipal de La Florida (Comudef), en el último periodo de Rodolfo Carter, alcanzan los $105 millones. Dichos contratos fueron realizados por trato directo, sin licitación pública y su uso, entre los años mencionados, fueron otorgados exclusivamente a la Comudef. Todo esto se realizó entre los años 2018 y 2022.

El primer contrato, que se suscribió en marzo de 2018, pero recién entraría en vigencia en abril hasta diciembre de ese mismo año, indicaba que Albagli & Zaliasnik, le brindarÍan “asesoría jurídica en materias regulatorias, contencioso, administrativas y penales, en relación a asuntos que surjan en el desempeño de las funciones desarrolladas por la Comudef”.

Dicho contrato se pactó el precio final de 1.200 UF con pago en cuatro cuotas y cubrieron dos casos de connotación pública y que contemplaría a la Comudef como querellado.

El primer caso en que los mencionados penalistas se sumaron a la defensa de la corporación, trata sobre unas supuestas cotizaciones previsionales impagas en donde fue denunciado el propio alcalde Carter.

Además, el estudio de Gabriel Zaliasnik debió intervenir en una querella en que el conocido abogado Luis Mariano Rendón acusó a la Comudef de realizar contratos con sociedades externas, mediante tratos directos y montos irrisorios para instrumentos de salud pública. En 2019 se dio por concluida la causa, sin que se hayan podido acreditar delitos.

Para todo este primer servicio de 2018 y 2019, él estudió jurídico de Zaliasnik recibió un total de $32,5 millones.

En 2020 saltaría la pandemia COVID; a inicios de ella, en marzo, los abogados fueron contratados para “asesorar y redactar un informe en Derecho sobre la entrega la temporal de bien inmueble municipal (Colegio Cardel Samoré) a personal del Ejército de Chile”. Aquel requerimiento tuvo el precio que superó los $3 millones de pesos. Luego en julio del mismo año, por un trabajo que no detalla más que “asesoría legal ante el Instituto de Salud”, La Florida le pagó $2,8 millones de pesos.

2021 y las cuotas más altas que percibieron

Fueron decenas de millones nuevamente que desembolsó la Comunef a Albagli & Zaliasnik para que los represente legalmente en la demanda en contra de dos funcionarios de dicha corporación. Los pagos fueron en cinco cuotas. El primero fue de $15 millones cerrado; posterior a aquel, y entre junio y septiembre de 2021 recibieron los siguientes montos: junio, $8,5; agosto, dos pagos de $7,4 millones y $7,4 millones; y septiembre finalizando con $7,4 millones.

En este caso debieron otorgarle también servicios legales por un sumario sanitario en noviembre de 2021, y el estudio de Gabriel Zaliasnik recibió una última suma de $11,8 millones.

Y en marzo de 2022, ante ya individualizado sumario sanitario, bajo la orden “defensa y presentación de descargos y pruebas ante el Instituto de Salud”, se fijó el último pago hasta la presente fecha entre ambas partes de $9,3 millones.

Comudef defiende el trato directo

Interferencia se comunicó con ambas partes para solicitar más información, sobre todo para comprender por qué dichos servicios se contrataron vía trato directo. Fue solamente Comunef quienes respondieron, y esto fue:

“Entre los años 2018 y 2022, existió una causal de seguridad y confianza que permitió la contratación vía trato directo en materias sensibles. Esta causal fundamentó la vigencia del contrato entre las administraciones anteriores de COMUDEF y el estudio jurídico Albagli & Zaliasnik durante todo el período de su relación contractual".

"A partir del 29 de noviembre del 2021, la Contraloría General de la República dictaminó que la Ley de compras públicas, era aplicable de igual manera a las Corporaciones Municipales. En consecuencia, el trato directo es un mecanismo jurídicamente aceptado para la contratación de este tipo de servicios, bajo la causal de seguridad y confianza. En marzo de 2023, al finalizar la última vigencia del contrato con dicho estudio jurídico, se tomó la decisión de no renovarlo para un nuevo periodo.

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