By El Clarín de Chile  20 febrero, 2025  

FOTO :Diputado Jorge Durán, militante de Renovación Nacional (RN), que ha sido denunciado por abuso sexual y violación.

La reciente decisión judicial de decretar prisión preventiva para el diputado Francisco Pulgar (exPDG) ha vuelto a poner en el centro del debate la crisis de credibilidad que enfrenta el Congreso. La situación es especialmente grave, ya que Pulgar no es un caso aislado: en total, siete diputados se encuentran bajo investigación, han sido desaforados o están en prisión preventiva por delitos que incluyen estafas y connotación sexual, como violación.

El presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, calificó la situación como «compleja y difícil» para la institución, subrayando la necesidad de una reflexión profunda sobre el rol y el comportamiento de los parlamentarios, tanto en su función pública como en su vida privada.

«Son siete los parlamentarios y parlamentarias que han sido o están siendo investigados por la justicia, algunos ya desaforados, y dos de ellos, el diputado Pulgar y el diputado Ojeda, en prisión preventiva», señaló Aedo en una declaración oficial.

Otro caso reciente es el diputado Jorge Durán, militante de Renovación Nacional (RN), que ha sido denunciado por abuso sexual y violación. El hecho habría ocurrido en la madrugada del sábado 8 de febrero en la residencia que compartía con su expareja en la comuna de Colina.

Más allá de la preocupación por la imagen del Congreso, el presidente interino planteó la necesidad de revisar la legislación vigente para evitar que parlamentarios desaforados o en prisión preventiva sigan percibiendo su dieta parlamentaria. «Creo que es justa y necesaria esta medida reflexiva y revisar esta situación. Obviamente que esto tiene que ser extensivo también a aquellas autoridades de gobierno que están en una situación similar», sostuvo Aedo.

El parlamentario enfatizó que resulta inaceptable que recursos del Estado se sigan destinando al pago de sueldos a funcionarios que enfrentan graves acusaciones, como fraude al fisco. «Es un contrasentido que se sigan utilizando o pagando dietas o sueldos con dinero del fisco a quienes son investigados, por ejemplo, por fraude al fisco. Esto es una situación que hay que revisar», agregó.

La crisis de representación política que atraviesa la Cámara de Diputados refleja un problema estructural que, según analistas, requiere de reformas profundas. La discusión sobre la pérdida de privilegios y beneficios para parlamentarios involucrados en delitos podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus representantes, en un contexto donde la confianza en las instituciones democráticas se encuentra en niveles críticos.

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