By El Clarín de Chile  2 mayo, 2025 

El Partido Republicano, la fuerza política de extrema derecha encabezada por José Antonio Kast, enfrenta hoy una de las denuncias más graves desde su irrupción en la escena política chilena. Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini oficiaron al Servicio Electoral (Servel) para esclarecer si Francisco San Martín Álvarez —militante republicano, exprecandidato a alcalde en Coquimbo y sindicado como líder de una red internacional de robo de cables— financió con dineros públicos o privados las campañas del partido entre 2015 y 2025.

San Martín, cuyo prontuario ya ha estremecido a la opinión pública, aparece en fotos compartiendo en el balneario Las Tacas junto a Kast y el presidente regional republicano Andrés Guerra, quien fue clave en impulsar su candidatura en las elecciones de 2024. Pero hoy, tras el estallido del caso, surgen preguntas que golpean de lleno al corazón del partido: ¿hubo financiamiento ilegal en las campañas republicanas? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de esta red criminal en la política chilena?

La solicitud de fiscalización presentada al Servel no solo apunta a San Martín como individuo, sino también a empresas de su propiedad —Sociedad de Inversiones Suecia Limitada, Inversiones Suiza Limitada, Ecowaste Link Limitada, entre otras— que podrían haber prestado servicios durante campañas electorales. Esto abre un flanco peligroso para los republicanos, cuyo discurso de orden, seguridad y moralidad se estrella hoy contra las sospechas de complicidad, financiamiento irregular y, posiblemente, encubrimiento.

“El silencio de Kast y del Partido Republicano habla por sí solo”, advirtió el diputado Manouchehri, quien cuestionó si la colectividad conocía las actividades ilícitas de San Martín y si hubo dineros sucios infiltrados en sus campañas. Por su parte, la diputada Cicardini fue categórica: “Esto no es solo un escándalo más; es la posible infiltración del crimen organizado en la política chilena. Si hay un partido que debe dar la cara hoy, es precisamente el que ha hecho campaña hablando de orden y seguridad.”

Desde el Partido Socialista, el presidente regional Álvaro Valero también emplazó directamente a Andrés Guerra, pidiendo explicaciones inmediatas sobre los vínculos del partido con San Martín. “Cuando un partido postula delincuentes, sus líderes deben responder”, sentenció.

El caso revela un patrón preocupante: mientras el Partido Republicano agita el miedo y el autoritarismo para ganar apoyo popular, puertas adentro habría tolerado —o al menos mirado hacia otro lado— frente a figuras vinculadas al crimen organizado. No se trata solo de un episodio aislado, sino de una muestra de cómo la ultraderecha puede convertirse en una plataforma para intereses oscuros, atentando contra la democracia y la transparencia que dice defender.

La ciudadanía merece respuestas claras. Porque no basta con agitar banderas de seguridad mientras se camina al lado de mafias. Hoy, más que nunca, Chile necesita desenmascarar a quienes pretenden lavar su imagen bajo un manto de orden, mientras operan entre sombras

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