Por El Clarín de Chile  6 julio, 2025

El reciente descubrimiento de un intento de traslado de droga por parte de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en una cadena de episodios que revelan un fenómeno inquietante: la penetración del narcotráfico en instituciones armadas del país. Con cinco efectivos detenidos en Iquique tras ser sorprendidos intentando transportar una sustancia ilícita en un vuelo institucional hacia Santiago, las alarmas vuelven a sonar con fuerza.

Según informó la FACh este 5 de julio, el hallazgo fue posible gracias a los “reforzados controles de seguridad” aplicados en la 1ª Brigada Aérea. La sustancia prohibida habría sido detectada durante una inspección rutinaria previa al embarque. De inmediato se activaron protocolos internos y se notificó a la Fiscalía de Aviación, que ahora encabeza la investigación.

La institución no tardó en emitir un comunicado donde asegura un “rechazo categórico” a estas prácticas y reafirma su compromiso con la probidad y la disciplina militar. Sin embargo, más allá de las declaraciones, los hechos son graves, por decir lo menos. Este episodio, lejos de ser anecdótico, se suma a otra operación reciente que involucró a seis suboficiales del Ejército, también en Iquique, sorprendidos trasladando 192 kilos de cocaína desde la frontera con Bolivia hacia Santiago.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, no dudó en calificar ese hecho como “el más grave que se ha enfrentado desde el punto de vista de la Seguridad Pública en el último tiempo”. La gravedad no reside solo en el volumen de droga incautada —avaluada en más de tres millones de dólares—, sino en la evidencia de que redes criminales han logrado infiltrarse en cuerpos jerarquizados y armados, cuya misión es precisamente resguardar las fronteras y la soberanía nacional.

El término “narcomilitares”, adoptado tanto por autoridades como por medios de comunicación, refleja la magnitud del problema. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló que la operación contra los suboficiales del Ejército se originó gracias a una denuncia interna, un dato que podría ser leído como señal de que los controles aún funcionan en ciertos niveles. Sin embargo, la pregunta inevitable es hasta qué punto las Fuerzas Armadas están blindadas —o vulnerables— frente al poder corruptor del narcotráfico.

Un punto de inflexión para la seguridad nacional

Para el Gobierno, estos casos representan una línea roja. “Toda la evidencia comparada demuestra que cuando las organizaciones criminales logran penetrar una institución armada, la descomposición del aparato estatal es una amenaza real”, advirtió Cordero, evocando experiencias en otros países latinoamericanos donde el narcotráfico ha corroído hasta las estructuras de defensa y seguridad.

El norte de Chile, donde ocurrieron ambos casos, se ha transformado en un punto crítico. La cercanía con las fronteras de Perú y Bolivia —principales rutas del narcotráfico— expone a las unidades desplegadas en la zona a constantes tentaciones y riesgos de corrupción. Los controles internos anunciados por la FACh y el Ejército son bienvenidos, pero pueden ser insuficientes si no se abordan las causas estructurales: salarios bajos, falta de supervisión efectiva y una cultura institucional que históricamente ha resistido el escrutinio civil.

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