By El Clarín de Chile  26 agosto, 2025  

La Corte Suprema dejó a firme las condenas contra tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro de Leopoldo Daniel Muñoz Andrade, estudiante de Construcción Civil de la Universidad Técnica del Estado (UTE) y militante del MIR, detenido en 1974 y desaparecido hasta hoy. El fallo reafirma la responsabilidad penal de Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez Bravo y Pedro Octavio Espinoza Bravo, todos altos mandos militares durante la dictadura.

Un crimen en el marco de la Operación Colombo

Muñoz Andrade, conocido como “Chico Lucho”, fue detenido sin derecho el 20 de julio de 1974 en Santiago, en plena represión contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Tras su aprehensión, fue trasladado a distintos centros clandestinos: Londres 38, Cuatro Álamos y finalmente Villa Grimaldi, donde se perdió todo rastro de su paradero.

La investigación determinó que su nombre apareció en 1975 en un listado publicado en el semanario argentino Lea, donde se aseguraba falsamente que había muerto en rencillas internas del MIR en el extranjero. Aquella publicación fue parte de la llamada Operación Colombo, una maniobra de la DINA para encubrir desapariciones forzadas y sembrar versiones falsas en la prensa internacional.

La resolución de la Corte Suprema

Con la resolución, los ministros de la Segunda Sala Penal confirmaron la condena de 10 años y un día de presidio contra los tres exmilitares en calidad de autores del delito consumado de secuestro calificado.

En el ámbito civil, el máximo tribunal acogió los recursos de casación presentados por los querellantes, reforzando el criterio de reparación a familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para Miguel Krassnoff, exjefe de la Brigada Caupolicán y de la agrupación Halcón I, esta condena se suma a una lista que ya supera los mil años de cárcel por su responsabilidad en múltiples crímenes de lesa humanidad. Actualmente cumple condena en el penal de Punta Peuco.

Un largo camino judicial

El caso estuvo marcado por la dificultad investigativa y la lentitud judicial. Recién hace 20 años, bajo la ministra en visita Marianela Cifuentes, se reabrió definitivamente la investigación que permitió acreditar la responsabilidad de los agentes.

La abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Caucoto Abogados, valoró el fallo: “Este caso fue especialmente difícil de investigar, pero finalmente, luego de 20 años de tramitación, se logró un poco de justicia”.

Sin embargo, lamentó que la madre de la víctima, Esther Andrade Cruz, falleciera sin conocer la verdad sobre el destino de su hijo. “Este resultado es también en su memoria y en la de su hermano Roberto. Valoramos que la Corte Suprema vuelva a recordar la importancia de reparar a los familiares de las víctimas”, añadió.

Krassnoff: símbolo de la represión

El nombre de Miguel Krassnoff Martchenko se ha transformado en uno de los más emblemáticos de la represión dictatorial. Exbrigadier del Ejército y jefe operativo de unidades de la DINA, fue acusado de dirigir detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones en recintos como Villa Grimaldi.

A pesar de su historial judicial, el exmilitar y sus defensores han intentado durante años relativizar su responsabilidad, alegando inocencia o “obediencia debida”. Los tribunales chilenos, sin embargo, han sido consistentes en ratificar una y otra vez su rol central en la maquinaria represiva del régimen de Pinochet.

Justicia tardía, pero necesaria

La confirmación de estas condenas en el marco de la Operación Colombo vuelve a poner en evidencia el esfuerzo sostenido de familiares, abogados de derechos humanos y organismos de justicia por esclarecer crímenes cometidos hace más de cinco décadas.

Aunque los fallos no devuelven la vida de las víctimas ni alivian del todo el dolor de sus familias, constituyen un reconocimiento judicial de la verdad histórica: que las desapariciones forzadas fueron planificadas y ejecutadas por el aparato represivo de la dictadura, y que sus responsables deben rendir cuentas, sin importar el tiempo transcurrido.

La sentencia contra Krassnoff, Manríquez y Espinoza se suma a un conjunto de decisiones judiciales que buscan consolidar el principio del Nunca Más en Chile. Un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, sigue siendo una herramienta esencial frente al olvido y la impunidad.

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