Marcelo Mella Polanco – Director del departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades – Usach – 02-10-2025 - Para UTE-NOTICIAS
“El desafío de las élites es demostrar que la política no solo consiste en confrontar, sino en diseñar e implementar. Sin ese giro, la indignación seguirá imponiendo su costo: frustración, inestabilidad y conflictos de suma cero”.
En los últimos quince años la política chilena ha estado marcada por un fenómeno transversal: la indignación. Entendida como irritación intensa frente a lo inaceptable, ha operado tanto desde la izquierda refundacional del estallido social como desde la derecha reaccionaria posterior al fracaso del primer proceso constituyente. En ambos polos, se ha transformado en combustible de restauraciones programáticas que buscan desplazar a los partidos tradicionales de la transición.
Desde ambos extremos, el Frente Amplio, con su saturación performática de símbolos allendistas, y los Republicanos junto al Partido Nacional Libertario, con su reivindicación “curatorial” del legado pinochetista, son expresiones de esta política de la indignación. Más que proyectos consistentes de largo aliento, representan estrategias de autoafirmación ideológica y de disrupción comunicacional frente al desgaste de los partidos históricos.
Lo cierto es que ni la izquierda ni la derecha, en el formato de gobiernos de coalición durante los últimos quince años, han logrado construir mayorías estables capaces de responder a las demandas sociales.
El trasfondo económico explica parte de este ciclo. Tras el auge exportador de los noventa, con un crecimiento promedio de 6,2%, la década de 2010 apenas llegó al 3,3%, provocando un fuerte desacople entre expectativas y resultados. A este malestar se sumó la ineptitud de gobiernos minoritarios para llevar adelante reformas estructurales. El resultado fue el estallido social de 2019, los fallidos procesos constituyentes y un escenario político dominado por la frustración.
A seis semanas de la elección presidencial, esa indignación sigue canalizándose en candidaturas populistas disruptivas: José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Todos ellos apelan al ciudadano común con discursos antiélite, propuestas de “mano dura” y promesas espectaculares contra el crimen o la burocracia estatal.
Frente a ellos, Jeannette Jara y Evelyn Matthei representan a los partidos tradicionales, con mayor solidez técnica, pero con serias dificultades para entusiasmar a un electorado atrapado en el miedo a la inseguridad y el estancamiento económico.
El mapa electoral muestra un país fracturado. Kast intenta seguir liderando con un discurso de emergencia, Jara busca expandirse más allá de su electorado de izquierda, Matthei enfrenta el desafío de sacudirse la etiqueta de candidata de élite, y los outsiders Parisi y Kaiser capitalizan el desencanto en los segmentos más vulnerables.
El voto obligatorio, además, tiende a favorecer a los candidatos populistas, pues moviliza a sectores despolitizados, muchas veces más receptivos a los mensajes confrontacionales.
La paradoja es evidente: en una democracia multipartidista como la chilena, nunca después de Frei Montalva (1964) se ha constituido un gobierno monocolor (gobierno de partido), por eso el futuro depende de la capacidad de construir acuerdos. Sin embargo, la política de la indignación erosiona esa dimensión arquitectónica de la democracia y privilegia su cara agonal: la lucha constante contra un enemigo, sea la élite, la burocracia estatal o el inmigrante.
Chile enfrenta así una encrucijada. Si la indignación continúa dictando la agenda, el costo político será la imposibilidad de sostener un proyecto común de largo plazo. El desafío de las élites —tradicionales y emergentes— es demostrar que la política no solo consiste en confrontar, sino en diseñar e implementar. Sin ese giro, la indignación seguirá imponiendo su costo: un país atrapado en la frustración, en la inestabilidad y en los conflictos de suma cero.
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