EDITORIAL: 05 DE OCTUBRE 2025

El caso de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida el 2024, ha evolucionado desde una tragedia individual hacia un fenómeno político mayor. Su figura se ha convertido en símbolo de las desigualdades históricas que persisten entre el Estado chileno y los pueblos originarios, particularmente en el sur del país.

Más allá de las hipótesis judiciales, su desaparición desnuda un problema político estructural: la falta de confianza en las instituciones del Estado de derecho cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o son activistas medioambientales.

El caso impacta la legitimidad del Ministerio Público, cuya labor, formalmente técnica ,se percibe como atravesada por sesgos ideológicos y presiones económicas. En este sentido, la investigación no sólo busca justicia por una persona, sino que expone la credibilidad misma de la fiscalía como institución democrática.

La Araucanía y el patrón de conflicto

Desde hace décadas, la región de La Araucanía y sus zonas limítrofes (Los Ríos, Biobío) se han convertido en escenarios de conflicto permanente entre comunidades mapuche, el empresariado forestal y el Estado. En ese marco, cada caso de violencia, sea una quema de maquinaria o la desaparición de un líder indígena, se interpreta políticamente: como una “demostración de fuerza”, una provocación o un ajuste de cuentas.

La historia reciente muestra una constante: el Estado aparece más diligente en perseguir delitos que afectan intereses privados que en esclarecer crímenes o desapariciones de dirigentes mapuche. Este doble estándar erosiona la percepción de igualdad ante la ley y fortalece la idea de que el poder judicial chileno opera en función del poder económico. Julia Chuñil, al igual que Macarena Valdés o Alejandro Treuquil, representa esa intersección peligrosa entre defensa territorial, conflicto económico y vulnerabilidad política.

El Ministerio Público en crisis de confianza

El fiscal nacional Ángel Valencia asumió con la promesa de modernizar la institución y reforzar la transparencia. Sin embargo, el manejo del caso Chuñil muestra una ambigüedad estratégica: por un lado, se defiende la reserva de la investigación; por otro, no se controla eficazmente la filtración de antecedentes, lo que genera la sensación de un poder sin control ni responsabilidad pública. El problema político es de fondo: el Ministerio Público, al mantener investigaciones sensibles bajo secreto prolongado, pierde su autoridad moral ante la ciudadanía.

La familia de Julia Chuñil y sus representantes han acusado falta de diligencia, ausencia de comunicación y una aparente protección a intereses empresariales. Aunque esas acusaciones no constituyen pruebas jurídicas, sí tienen un enorme peso político en el imaginario público: instalan la percepción de que la justicia chilena no actúa con neutralidad, sino con cálculo político.

En regiones históricamente marcadas por abusos estatales, esta desconfianza institucional tiene consecuencias profundas: debilita la cohesión democrática y agrava la brecha entre el Estado y los pueblos originarios.

La posición del Gobierno y los riesgos de pasividad

El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha intentado mantener una postura institucional, evitando intervenir directamente en causas judiciales. Sin embargo, el silencio prolongado ante casos emblemáticos como este puede transformarse en una forma de complicidad política por omisión.

La Moneda enfrenta una disyuntiva compleja: si exige resultados a la fiscalía, puede ser acusada de interferencia en la justicia; si guarda silencio, refuerza la narrativa de abandono de las victimas mapuches.

El resultado es una ambigüedad política peligrosa: el Estado parece ausente justo donde más se le reclama presencia, y su neutralidad institucional se confunde con indiferencia.

En ese vacío, surgen actores no institucionales, movimientos sociales, comunidades mapuches, ONG internacionales, que presionan por justicia, aumentando la polarización y debilitando la autoridad del gobierno central.

Desigualdad estructural y violencia simbólica

El caso de Julia Chuñil no puede leerse sólo como un conflicto penal, sino como una expresión de la violencia estructural del modelo chileno.

La expansión forestal, la concentración de tierras y la criminalización de la protesta indígena forman parte de un mismo entramado que convierte a las comunidades mapuche en sujetos públicamente subordinados.

Cuando una dirigente desaparece y las instituciones responden con lentitud o secretismo, se reproduce la idea de que la vida indígena vale menos en el sistema judicial chileno.

Esa percepción tiene consecuencias políticas severas: erosiona la legitimidad del Estado; fortalece discursos autonomistas o separatistas; y alimenta la crisis del pacto republicano que debiera sostener la convivencia multicultural.

Un espejo del Estado chileno

El caso de Julia Chuñil opera como un espejo. Mientras a un Estado, a pesar de su discurso democrático y pluralista, sigue reproduciendo practicas coloniales en el trato hacia los pueblos originarios. También exponen como la justicia, en su aparente neutralidad, puede transformarse en una herramienta de desigualdad política cuando no asume con transparencia su deber de rendir cuentas.

La desaparición de Julia Chuñil, sin cuerpo, sin responsables formales, sin respuestas clara no sólo es una tragedia humana. Es también una advertencia sobre el límite de la democracia chilena: una democracia que todavía no logra garantizar justicia ni verdad para quienes se encuentran en los márgenes del poder.

El caso de Julia Chuñil no terminará con una simple sentencia judicial, sino con un replanteamiento político profundo. Puede el Estado chileno garantizar justicia imparcial en territorios donde persiste la desigualdad histórica. Cómo se reconstruye la confianza institucional cuando la ciudadanía percibe a la fiscalía y al gobierno como una parte del problema y no de la solución. Hasta qué punto la “razón de estado” sigue justificando silencios que se confunden con impunidad.

Mientras no se respondan esas preguntas, el caso Julia Chuñil permanecerá como una herida abierta , no solo en La Araucanía, sino en el corazón mismo de la democracia chilena.

Por Antu

CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH