Apuntes Políticos de Marcelo Mella

Marcelo Mella Polanco, Ariel Valdebenito, y Valentina Villegas

oct 22, 2025

Una de las estrategias discursivas más recurridas en las candidaturas para la elección de 2025 en Chile es el compromiso de enfrentar el delito con una postura de “mano dura”. Si bien esta retórica se ha mostrado rentable en la movilización electoral y de la opinión pública, no ofrece credenciales de efectividad frente al crecimiento y transformación del fenómeno criminal. El “populismo penal” o “populismo punitivo” ha sido definido por el criminólogo Anthony Bottoms como una tendencia a la adopción de políticas de justicia penal duras y represivas que no considera la evidencia científica y responde al interés de capitalizar electoralmente el miedo de la “gente común” frente al crimen.

En el espectro de los anuncios más irresponsables e ineficaces que pretenden impresionar al electorado, se han escuchado propuestas extremas. Ejemplos incluyen la afirmación de que los delincuentes tienen “dos opciones: bala o cárcel” (Parisi, entrevista radio Pauta) o “cárceles flotantes” en embarcaciones (Parisi, en Radio Bío Bío). Otros candidatos no se han quedado atrás: existen propuestas para que los migrantes condenados en situación irregular cumplan su pena íntegramente en un “recinto penal especial, sin beneficios de ningún tipo” y para quienes se encuentran en situación irregular “cárcel primero, expulsión después” (Kast, diario La Tercera). Igualmente preocupante, resulta la idea de que una persona deba pagar con cárcel “aunque sea un par de días” por “robar un Súper 8” (Kaiser, CNN Chile), evidenciando un (conveniente) desconocimiento sobre el derecho penal y procesal penal, en especial, respecto al principio de proporcionalidad contenido en la Ley N°18.216 (publicada en Dictadura el 14 mayo de 1983).

Esta ferviente vocación punitivita choca con la realidad estructural del sistema penitenciario chileno, cuyo subsistema cerrado ha experimentado una expansión sostenida durante las últimas tres décadas. Si en 1991 la población promedio anual era de 21.560 internos, treinta y cuatro años después, en 2025, el mismo indicador asciende a 62.562, según datos de la Estadística General Penitenciaria de Gendarmería (Gráfico N°1, izquierda). Esto equivale a un incremento superior al 190% y a una variación absoluta de más de 41 mil personas. Es decir, la población penal creció con un promedio anual del 3,3% con oscilaciones que reflejan momentos de expansión acelerada, leves retrocesos, un descenso excepcional en 2020 y un crecimiento persistente en el último lustro (2020-2025) (Gráfico N°1, derecha).

Gráfico N°1: Población total del subsistema cerrado 1991-2025*.

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los Compendios Estadísticos Penitenciarios de Gendarmería de Chile, 1991-2024. Nota: la cifra provisional de 2025 se ha construido a partir del promedio de existencia mensual entre enero a junio, en el subsistema cerrado.

La tendencia al alza solo se vio interrumpida transitoriamente en 2020, cuando la población descendió un 6,6%. Esta reducción excepcional coincidió con la aplicación de la Ley 21.228, que conmutó penas de encierro por arresto domiciliario a grupos específicos (como adultos mayores o mujeres embarazadas) para mitigar el hacinamiento y evitar focos de contagio por la pandemia. Sin embargo, a partir de 2021, la población volvió a aumentar con fuerza, alcanzando un crecimiento acumulado del 36% en tan solo cuatro años, lo que se traduce en una presión inédita sobre el sistema. La cifra de 2025 constituye un “máximo histórico” que presiona la capacidad de los recintos y la gestión cotidiana de Gendarmería.

Ahora bien, al realizar una aproximación al régimen de control cerrado, esto es la población condenada y en prisión preventiva que convive la totalidad del día en un centro penitenciario[1], se observan distintos patrones de crecimiento a nivel subnacional (Gráfico N°2). Así, entre los años 2013 y el primer semestre de 2025, la Región Metropolitana destaca por ser la macrozona con mayor población, con una media de 16.612 reclusos, con un máximo de 21.561 en 2025 y concentrando el 36% del total nacional en los doce años evaluados. En tanto, en segundo lugar, se ubica la Macrozona Norte con un promedio de 10.260 reclusos (22%), seguida de la Macrozona Centro con 9.712 (21%) en la serie. En conjunto, estas zonas concentran aproximadamente un 79% de la población penal del país, reflejando una mayor presión en el centro del territorio. Además, se destaca que el período 2021-2025 se caracteriza por un crecimiento generalizado y sostenido en todas las macrozonas.

Respecto a las variaciones por Macrozonas, la Macrozona Norte registró la mayor contracción en 2020 (-13,5%), mientras que la Macrozona Sur experimentó la recuperación más intensa en 2019 (22,1%). Con el crecimiento exponencial del periodo actual (2021-2025), la Macrozona Sur es la que presenta la mayor volatilidad con –10,9% en 2020 y un 18,6% en 2024 de crecimiento de la población penal, y la Macrozona Norte con un crecimiento más moderado, que va desde –13,5% a 5,1% en los mismos años. A nivel agregado, se observa que todas las macrozonas tuvieron un repunte postpandemia, creciendo por sobre el 10% entre los años 2022 y 2023, para luego moderar su tendencia al alza hacia 2024 (con excepción de la Macrozona Sur) y finalmente aumentar levemente durante los primeros seis meses 2025. Esta convergencia en los patrones de crecimiento reciente sugiere la influencia de factores sistémicos nacionales que trascienden las particularidades territoriales, consolidando una tendencia expansiva homogénea en todo el sistema penitenciario nacional.

Gráfico N°2: Población en el Subsistema Cerrado por Macrozonas.[2]

Fuente: Elaboración propia a partir de población (promedio cierre de mes) subsistema cerrado por centros con capacidades definidas 2013-2024.

Esta exigencia sin precedentes al sistema penitenciario chileno se manifiesta en lo que diversos especialistas denominan “estrés carcelario”, que consiste en una tensión permanente generada por un sistema operando al límite en sus diferentes aristas. Las consecuencias de este estrés son múltiples: hacinamiento, prosecución de la criminalidad al interior de las cárceles, violencia entre internos, riesgos para los funcionarios, reincidencia criminal e inocuidad de la reinserción y, por último, el riesgo de que las organizaciones criminales encuentren en las cárceles un espacio fértil para fortalecer sus mecanismos de reclutamiento y expandir su control. Este estado crítico se refleja en eventos recientes, como las 48 muertes por causa de riña o agresión registradas dentro de recintos penitenciarios en 2024 (la cifra más alta desde 2021) y las 15 muertes ocurridas durante el primer semestre del presente año[3], episodios de corrupción en Gendarmería y la renuncia de su director nacional en julio de 2025.

El Estado ha impulsado medidas relevantes para enfrentar la crisis de capacidad penitenciaria. Por una parte, se encuentra el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que proyecta incorporar alrededor de 15 mil nuevas plazas al sistema de aquí al año 2030, asegurando un marco de crecimiento planificado, diagnóstico de necesidades y financiado en el largo plazo. Por otra parte, actualmente se desarrollan obras concretas, entre las que destacan la construcción de la Cárcel El Arenal en Copiapó, con capacidad proyectada para 2.160 internos, y la ampliación del recinto Santiago 1, que permitirá habilitar más de 600 cupos adicionales en módulos de alta y máxima seguridad. No obstante, tanto la ejecución del Plan como la materialización de estas obras enfrentan un desafío común: los plazos requeridos para su implementación, en un contexto de sostenido incremento de la población privada de libertad, superan el horizonte temporal de un periodo presidencial, lo que limita su efectividad como respuesta inmediata. En consecuencia, el problema no se reduce únicamente a la generación de nuevos cupos, sino que exige abordar de manera integral la crisis de un sistema penitenciario tensionado por déficits de gestión y problemas de legitimidad institucional.

Mientras el debate público se concentra en las primeras fases del proceso penal (policías, investigación, sentencias), se presta mucho menos espacio a la etapa final: la ejecución de las penas y la reinserción social. Los datos son categóricos pues es en la reinserción donde se juega buena parte de la eficacia de la política de seguridad. Un sistema penitenciario que no garantiza condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad debilita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y limita las posibilidades de suprimir de raíz la reproducción de la criminalidad.

Así, en contraste con las posturas punitivas, el informe “Prison Matters 2025: Global Prison Population and Trends; A Focus on Rehabilitative Environment“ de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) subraya la importancia de los entornos penitenciarios rehabilitadores como impulsores del desistimiento delictivo. Dicho informe evidencia que la alineación del personal penitenciario y el apoyo comunitario son esenciales para la rehabilitación y la reintegración social de los reclusos.

En suma, los datos de ocupación carcelaria desde el retorno a la democracia muestran que enfrentamos un problema de largo plazo bajo una presión inédita. Responder a este desafío exige más que la impulsiva retórica populista o los anuncios de construcción de nuevas cárceles, se requiere una estrategia integral y responsable del Estado que fortalezca la gestión, identifique de mejor forma el problema público, asegure condiciones dignas y, fundamentalmente, coloque la reinserción en el centro de la política penitenciaria. De lo contrario, el “estrés carcelario” seguirá acumulándose y recordándonos aquello que se evita debatir, esto es, el cómo integrar las cárceles chilenas a una política de seguridad que sea democrática, sostenible en el tiempo y que fortalezca la resiliencia del sistema penitenciario.

[1] Gendarmería lo denomina como “Población penal 24 horas”. Constituye una parte del subsistema cerrado, que consiste en las personas privadas de libertad durante la totalidad del día, excluyendo a quienes cuentan con beneficios como salida controlada al medio libre, libertad condicional o arresto diurno o nocturno.

[2] Definición de Macrozonas: Macrozona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo), Macrozona Centro (Valparaíso, O’Higgins y Maule), Macrozona Sur (Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos), Macrozona Austral (Los Lagos, Aysén y Magallanes), y Región Metropolitana (sin macrozona).

[3] Información solicitada a Gendarmería vía transparencia.

phc

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