Por: Álvaro Ramis. Rector de la Universidad Humanismo Cristiano de Chile.
Crónica Digital. 30 octubre, 2025
El debate presupuestario debería ser el espacio donde el país acuerda, con altura de miras, cómo financiar sus prioridades y atender las urgencias de la ciudadanía. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días dista mucho de eso. La oposición ha rechazado la mayoría de las partidas del Presupuesto no por razones técnicas fundadas ni con el propósito de alcanzar mejores acuerdos, sino como una maniobra para forzar una reducción presupuestaria significativa. Detrás de esa estrategia hay una intención política: instalar la idea de un ajuste fiscal drástico, similar al propuesto por algunas candidaturas presidenciales de derecha, que implicaría un recorte de más de 2 mil millones de dólares, afectando directamente el gasto social.
El país no quiere que se recorte el gasto social: quiere que se mejore la calidad del gasto público. Y en ese sentido, el Gobierno ha dado pasos concretos y verificables. Por primera vez se publican informes periódicos sobre transacciones bajo la línea y deuda flotante, además de información desagregada sobre las provisiones presupuestarias, que antes se mantenían opacas. Todo esto está disponible públicamente. Por tanto, las acusaciones de “falta de transparencia” no tienen sustento técnico.
Tampoco son atendibles las dudas sobre las proyecciones fiscales o el manejo de la deuda. Los mercados internacionales —que no responden a simpatías políticas— han sido claros: la deuda soberana chilena paga hoy un menor diferencial de riesgo que antes del estallido social, y las agencias de clasificación han expresado confianza en la política fiscal del país. Este gobierno, además, ha logrado un punto de inflexión en la trayectoria del gasto público, reduciendo su crecimiento a un promedio de 2,4% anual, frente al 5% promedio de la década anterior. Y pese a la volatilidad global, la gestión fiscal ha sido rigurosa: las desviaciones positivas (superávit) han compensado con creces las negativas (déficit). La deuda pública proyectada para el fin del mandato será de 42,4% del PIB, incluso menor a la estimada al inicio del período (42,7%).
También se ha dicho que el Presupuesto prioriza programas mal evaluados. Los datos muestran lo contrario. Los programas bien evaluados aumentan sus recursos en 2%, mientras los mal evaluados los reducen en 15%. Los mayores incrementos se concentran en Salud (+5,5%), Pensiones (+4,3%), Educación (+2,2%) y Vivienda (+7,6%), justamente los sectores que más preocupan a la ciudadanía.
En cuanto a la supuesta falta de diálogo, la evidencia es contundente: las grandes reformas recientes —pensiones, salario mínimo, jornada laboral de 40 horas— se lograron con acuerdos transversales. El propio Ministro Grau ha impulsado proyectos aprobados con apoyo opositor, como la ley marco de autorizaciones sectoriales y la de fraccionamiento pesquero. La voluntad de diálogo existe, pero el diálogo exige reciprocidad. Lo que no se puede aceptar es una estrategia de “todo o nada” que paraliza al país y debilita las instituciones.
Incluso los reclamos sobre la Contraloría caen en el terreno de la desinformación. Lejos de ser castigado, el presupuesto del organismo fiscalizador crece 1,5%. Eso refleja coherencia con una política de fortalecimiento institucional y de apoyo a los entes que resguardan la probidad y la transparencia.
En suma, el Presupuesto es la expresión más concreta de un proyecto de país. Jugar con él como si fuera una herramienta de presión electoral es irresponsable. La ciudadanía no quiere bloqueos ni ajustes ciegos: quiere certezas, diálogo y responsabilidad. Porque con el presupuesto público —y con el bienestar de millones de chilenos— no se juega.
Álvaro Ramis
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