By El Clarín de Chile  2 noviembre, 2025  

El Servicio Médico Legal (SML) emitió este sábado una declaración pública para desmentir categóricamente las afirmaciones del diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, quien había acusado al organismo forense de mantener “miles de protocolos de detenidos desaparecidos sin periciar” y calificó el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno como “una estafa”.

El comunicado del SML fue tajante: “No existen en sus dependencias osamentas sin periciar”, y “todo el material y evidencia recuperada ha sido analizado o se encuentra en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes”.

Una acusación sin fundamento

Las declaraciones de Kaiser, representante del Partido Nacional Libertario (PNL) y abierto defensor de la dictadura militar, provocaron indignación entre familiares de víctimas de desaparición forzada y especialistas en derechos humanos. El parlamentario sostuvo que el gobierno “no se hace cargo de los miles de restos que se encuentran en el SML desde hace más de 20 años”, y llegó a afirmar que el Presidente Gabriel Boric “no entrega los cuerpos a sus familias”.

Sin embargo, el SML precisó que su trabajo se rige estrictamente por mandato del Poder Judicial, y que los procesos de identificación dependen de la existencia de muestras genéticas de los familiares, las cuales permiten realizar las comparaciones forenses necesarias.

“Para lograr identificaciones positivas es indispensable contar con las muestras genéticas de los posibles familiares”, explicó el organismo.

De esa forma, el servicio no sólo desmintió las acusaciones, sino que además recordó que el Plan Nacional de Búsqueda constituye un avance real en la tarea de ampliar la base genética y facilitar las labores de identificación de víctimas de desaparición forzada.

Desinformación y negacionismo

Las palabras de Kaiser no son un hecho aislado. El diputado y candidato presidencial ha sostenido en reiteradas ocasiones discursos de negacionismo histórico, justificando los crímenes de la dictadura y poniendo en duda la magnitud de las violaciones a los derechos humanos.

Sus recientes declaraciones sobre el Plan de Búsqueda —una política de Estado reconocida por organismos internacionales— marcan una nueva frontera en su retórica ultraderechista, ahora dirigida a deslegitimar el trabajo científico y judicial que por décadas ha buscado dar verdad y justicia a las familias de los detenidos desaparecidos.

Desde el SML, el comunicado cerró con un recordatorio que refuerza la seriedad de su labor:

“El SML reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, a través de un trabajo científico, riguroso y transparente al servicio de las familias, del Poder Judicial y de la sociedad en su conjunto.”

El Plan Nacional de Búsqueda en debate

Las declaraciones de Kaiser se suman al clima político en torno al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, presentado por el gobierno del presidente Boric en 2023. La iniciativa —que busca sistematizar información dispersa, ampliar la base genética y coordinar el trabajo entre el Estado, el Poder Judicial y las familias— ha sido respaldada por organismos de derechos humanos y Naciones Unidas.

No obstante, algunos sectores de la derecha han cuestionado su continuidad. La propia Evelyn Matthei señaló recientemente que, de llegar a la Presidencia, mantendría el plan “pero funcionaría bastante distinto”, agregando que para algunos “no es búsqueda, es venganza”.

Memoria frente a la desinformación

Las declaraciones del SML dejan en evidencia el grado de irresponsabilidad y desconocimiento con que algunos actores políticos abordan temas de memoria histórica y derechos humanos. Cuestionar el trabajo técnico de las instituciones que han acompañado por décadas a las familias de las víctimas no sólo desinforma, sino que reabre heridas aún abiertas.

El país vive un momento en que la verdad científica y judicial vuelve a enfrentarse a discursos negacionistas. Y, como lo recordó el SML, la búsqueda de los desaparecidos no es una disputa política, sino una deuda moral y humanitaria que Chile tiene consigo mismo.

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