By El Clarín de Chile  26 noviembre, 2025 

La reciente publicación del diputado electo Sebastián Zamora —un video que incitaba a “salir a limpiar las calles” ante un eventual triunfo de José Antonio Kast, acompañado de imágenes de militares ficticios portando armas— es más que una provocación en redes sociales. Es una señal política grave, que revive los peores fantasmas de la historia chilena y tensiona peligrosamente la convivencia democrática.

Las organizaciones Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y Corporación Unidas Defensa DD.HH. expresaron su profunda preocupación, señalando que este tipo de mensajes, especialmente provenientes de autoridades electas, “ponen en riesgo la convivencia social, la estabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos en Chile”. Y tienen razón.

Zamora no es un ciudadano más. Es un futuro parlamentario y un ex Carabinero involucrado en el caso Pío Nono, donde un adolescente fue arrojado desde el puente al lecho del río Mapocho durante una manifestación del estallido social. Aunque fue absuelto, su figura está inscrita en uno de los episodios más brutales de violencia policial de los últimos años. Su mensaje, por lo tanto, no es inocuo: habla desde una posición de poder, desde un historial de fuerza, y desde un sector político que hoy intenta disputar la legitimidad de los derechos humanos en el país.

Cuando la autoridad incita: un límite democrático intransable

Los estándares internacionales de derechos humanos —tanto de la ONU como de la CIDH— son claros:

las autoridades tienen la obligación de abstenerse de emitir mensajes que promuevan la violencia, estigmaticen a grupos de la población o alimenten climas de confrontación social.

La publicación de Zamora vulnera esos principios. Aunque el video fue borrado, su difusión ya produjo daño: normalizó un discurso que sugiere acción militarizada de civiles ante un resultado electoral adverso, una idea incompatible con el juego democrático y la resolución pacífica de diferencias políticas.

No es la primera vez que sectores de ultraderecha instalan este tipo de retórica. En un país que aún no logra cerrar las heridas del estallido social —con víctimas mutiladas, procesos inconclusos y una deuda pendiente en reparación—, estos llamados no solo son irresponsables: son un retroceso civilizatorio.

El eco inquietante de 1973

Hablar de “limpiar las calles” no es un accidente semántico. Es una frase cargada de historia, de violencia y de memoria. Ha sido utilizada en distintos momentos para justificar persecuciones políticas, ataques a opositores y acciones de fuerza que terminan legitimando la violencia institucional.

La Red de Sobrevivientes lo recuerda con claridad: estos discursos “evocan los mensajes de la oposición previos al golpe de 1973 y de otras dictaduras latinoamericanas, que construyeron la idea de un ‘enemigo interno’ para justificar crímenes atroces”.

Chile no puede permitirse normalizar nuevamente ese lenguaje. Una democracia se erosiona cuando sus autoridades empiezan a hablar como si el disenso fuera una amenaza y la ciudadanía un campo de batalla.

La urgencia de una respuesta democrática y social

Lo ocurrido con la publicación de Zamora obliga a mirar de frente la fragilidad del momento político. La transición inacabada de Carabineros, las heridas del estallido sin reparación integral, la persistencia de discursos que trivializan la violencia estatal y la ausencia de reformas de fondo en seguridad pública componen un ecosistema donde mensajes como el del diputado electo no son solo un desliz: son una advertencia.

Las organizaciones firmantes lo explican con claridad: Chile necesita avanzar en la revisión y reforma de sus instituciones policiales, en el resguardo efectivo de los derechos humanos y en una memoria histórica activa que impida la repetición de abusos. No se trata de debates abstractos: se trata de impedir que el país regrese a lógicas de enemigo interno, de violencia política o de militarización de la vida cotidiana.

Nunca más, también en el lenguaje

La ciudadanía tiene un papel central: mantenerse alerta, rechazar con claridad las incitaciones a la violencia y defender un país donde la política no vuelva a confundirse con amenazas, fuerza bruta o justificaciones de represión.

Los discursos importan. Las señales importan. Que un representante electo se permita hablar de “limpiar las calles” después del resultado de una elección es un síntoma preocupante de desinhibición autoritaria.

Como sociedad, debemos responder con una convicción firme: nunca más debe normalizarse un lenguaje que legitime la violencia, el miedo o la militarización de la vida pública.

La democracia se cuida también con las palabras. Y este episodio demuestra que no podemos bajar la guardia.

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