EDITORIAL: 30 DE NOVIEMBRE 2025
“Los árboles no desconfían del hacha porque su mango es de madera.”
La elección presidencial del próximo domingo 16 de diciembre constituye uno de los sucesos políticos más relevantes y trascendentales vividos en la historia reciente de nuestro país, quizás solo comparable al Plebiscito Nacional de Chile de 1988, cuando la ciudadanía dijo NO a la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet y optó mayoritariamente por la recuperación de la democracia.
Ese día, el pueblo de Chile, de manera abrumadora y contundente, dijo basta al poder civil–militar que gobernaba el país, dejando atrás —mediante el voto— la larga y dolorosa noche que significó la dictadura y su política sistemática de violaciones a los Derechos Humanos como mecanismo de control social.
Es innegable que los sucesivos gobiernos de la pos dictadura impulsaron importantes avances políticos, económicos y sociales. Sin embargo, tampoco puede omitirse que dichos gobiernos no lograron articular transformaciones estructurales capaces de revertir una de las desigualdades más profundas de América Latina. Ese déficit histórico explica, en buena medida, el extendido malestar social que hoy recorre al país.
En este contexto de frustración y desconfianza, la ultraderecha chilena —“ese monstruo grande que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”— ha avanzado de manera sistemática e incansable, impulsada además por los vientos reaccionarios que soplan con fuerza en distintas partes del mundo. Así, ha logrado consolidarse como opción política real y, según diversas encuestas, posicionarse como primera mayoría relativa para alcanzar la presidencia de la República, esta vez no mediante un golpe de Estado como el diseñado e implementado en 1973, sino a través de la vía democrática y el voto popular.
Este escenario electoral sitúa a Chile ante un momento histórico de enormes consecuencias para la convivencia nacional y la paz social presente y futura.
El candidato José Antonio Kast, utilizando el engranaje comunicacional del gran poder económico, el uso intensivo y agresivo de redes sociales para desinformar y denostar a la figura de la candidata Jeannette Jara, junto a la reiteración sistemática de noticias falsas y promesas grandilocuentes, ha logrado seducir a una parte relevante de la ciudadanía. Para muchos, su eventual gobierno aparece como sinónimo de orden, seguridad y prosperidad futura, especialmente entre quienes —pese a haber transcurrido 35 años desde la recuperación democrática— continúan careciendo de condiciones materiales básicas para una vida digna.
Sin embargo, al examinar con mayor detenimiento el discurso y las propuestas de Kast, emerge una preocupante ausencia de respuestas claras, realistas y verificables respecto de los problemas que dice venir a resolver.
En materia económica, su propuesta se limita a consignas generales: reducir impuestos, achicar el Estado y “generar confianza en los mercados”, sin explicar de manera concreta cómo esas medidas impactarán positivamente en el empleo, los salarios, la economía familiar o la pequeña y mediana empresa, ni cómo se financiarán políticas públicas esenciales en salud, educación o vivienda. No hay un plan económico integral; hay declaraciones ideológicas.
En el ámbito de la seguridad pública, Kast insiste en el endurecimiento penal, el aumento de facultades policiales y el discurso de mano dura. No obstante, no presenta una estrategia integral de corto plazo que aborde las causas estructurales del delito: la exclusión social, el narcotráfico, la precarización urbana y la falta de oportunidades. La experiencia comparada demuestra que más castigo, sin prevención ni políticas sociales robustas, no garantiza mayor seguridad.
Respecto del fenómeno migratorio, uno de los temas que más angustia genera en amplios sectores ciudadanos, su propuesta se reduce a expulsiones masivas, estados de excepción y cierres de fronteras difíciles de implementar en la práctica. No explica cómo ejecutará estas medidas respetando el Estado de derecho, los tratados internacionales ni los plazos administrativos reales, ni cómo resolverá el problema migratorio en el corto plazo, más allá de utilizarlo como recurso discursivo para generar temor y polarización.
La historia reciente nos enseña que el miedo, la desinformación y las soluciones simplistas nunca han sido buenos consejeros para el destino de un país. Chile ya recorrió ese camino, y el costo humano, social y moral fue inmenso.
Hoy más que nunca, el derecho a vivir en paz implica defender la democracia, la dignidad y la memoria histórica. Implica también desconfiar de discursos que prometen orden sin justicia, prosperidad sin igualdad y seguridad sin derechos.
Porque los árboles que no desconfían del hacha, solo porque su mango es de madera, suelen descubrir demasiado tarde que también serán talados.
Y Chile ya aprendió dolorosamente, cuánto cuesta ese error.
CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH