Por: Álvaro Ramis Olivos. Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAcademia). Teólogo, doctor en filosofía

El Mostrador. 16 diciembre, 2025

Los defensores de estas políticas suelen argumentar que la concentración de ingresos es positiva porque los más ricos ahorran e invierten más, generando empleo y crecimiento. La evidencia, sin embargo, no respalda esa afirmación.

En Chile se ha vuelto habitual presentar los recortes tributarios y la austeridad fiscal como sinónimos de responsabilidad económica. Bajo ese marco se inscribe el llamado Plan Desafío 90, de José Antonio Kast, diseñado para los primeros tres meses de Gobierno y estructurado en cuatro ejes: rebajas tributarias, fomento a la inversión, cambios laborales y austeridad fiscal. El problema no es solo lo que promete, sino lo que omite: que su lógica conduce, de manera previsible, a empobrecer al Estado, para luego justificar el recorte de sus funciones sociales.

El corazón del plan está en las rebajas tributarias. Reducir el impuesto corporativo del 27% al 20%, fijar una tasa preferencial de 12,5% para las pymes, eliminar gradualmente las contribuciones a la primera vivienda y suprimir el impuesto a las ganancias de capital en determinadas acciones no es una simple “modernización” del sistema. Es una transferencia directa de recursos desde el Estado hacia los sectores de mayores ingresos y patrimonio. Menos ingresos fiscales no significan un Estado más eficiente por arte de magia; significan un Estado con menos capacidad para financiar salud, educación, seguridad social e inversión pública.

El argumento que acompaña estas propuestas es conocido: bajar impuestos incentivará la inversión, el crecimiento y, finalmente, el bienestar de todos. Pero esta narrativa ya fue aplicada con rigor en otros países y sus resultados están documentados. El caso de Estados Unidos desde la era Reagan es particularmente ilustrativo. En los años 60 y 70 el impuesto a las ganancias empresariales alcanzaba en promedio el 52% y representaba un tercio de los ingresos del Estado federal. Tras las rebajas impulsadas en los años 80, ese aporte cayó a menos del 10%. La consecuencia no fue un Estado más liviano y virtuoso, sino uno crónicamente desfinanciado.

Para compensar la merma de ingresos, el ajuste no recayó sobre quienes habían sido beneficiados por las rebajas, sino sobre el resto de la población. Subieron los impuestos al trabajo, aumentaron las cotizaciones sociales y se consolidó una estructura fiscal crecientemente regresiva. El Estado pasó a depender fundamentalmente de las rentas del trabajo, mientras las rentas del capital reducían drásticamente su contribución. El resultado fue un aumento sostenido de la desigualdad y un debilitamiento de la cohesión social.

Este patrón es clave para entender lo que hoy se propone en Chile. El eje de “austeridad fiscal” del plan de Kast promete recortar US$ 6.000 millones en 18 meses, reduciendo lo que se denomina “gasto político” y reforzando el control presupuestario. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que, cuando se combinan fuertes rebajas tributarias con metas ambiciosas de ajuste, el recorte termina alcanzando inevitablemente al gasto público social. No por maldad ideológica explícita, sino por simple aritmética fiscal.

Existe además un problema de poder que rara vez se menciona. Las políticas de rebaja de impuestos y desregulación no surgen de la nada ni responden a una demanda mayoritaria de la ciudadanía. Responden al enorme peso que los grandes grupos económicos –la llamada corporate class– ejercen sobre las instituciones políticas y mediáticas. Son estas élites las que se benefician directamente de un Estado debilitado, mientras se presenta el ajuste como una necesidad técnica, inevitable y hasta moral.

Los defensores de estas políticas suelen argumentar que la concentración de ingresos es positiva porque los más ricos ahorran e invierten más, generando empleo y crecimiento. La evidencia, sin embargo, no respalda esa afirmación. Los periodos de mayor crecimiento y expansión de la inversión en Estados Unidos coincidieron con impuestos más altos al capital, no con su reducción. En cambio, las grandes rebajas tributarias tendieron a alimentar la especulación financiera y las burbujas, dejando como herencia déficits estructurales que luego se intentaron corregir recortando el gasto público.

Aplicado a Chile, el riesgo es evidente. Un programa que reduce sustantivamente los ingresos del Estado y al mismo tiempo promete orden fiscal solo puede sostenerse empobreciendo al sector público. Y un Estado empobrecido no es neutral: significa menos protección social, mayor desigualdad y más carga tributaria indirecta sobre quienes viven de su trabajo.

Empobrecer al Estado no es una consecuencia accidental de este tipo de programas: es su condición de posibilidad. Primero se reducen los impuestos a quienes más tienen; luego se declara que “no hay recursos”; finalmente, se recorta aquello que sostiene la vida cotidiana de la mayoría. La discusión de fondo no es técnica, sino política: quién paga, quién se beneficia y qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir.

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