Jorge Molina Araneda  - Docente De Ciencias Sociales Y De Lenguaje Y Comunicación – El Desconcierto – 23-01-2026

Barros y Poduje presentan biografías atravesadas por conflictos de interés, defensas del poder económico y un uso -y abuso- del Estado.

Este es el prontuario de dos futuros secretarios de Estado del gobierno de José Antonio Kast.

Fernando Barros (Defensa) 

Abogado tributarista, socio fundador del estudio Barros & Errázuriz. Es independiente sin militancia partidaria formal pero cercano a Chile Vamos.

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Se hizo conocido públicamente en 1998 durante la detención de Augusto Pinochet en Londres. Estando en un año sabático con su familia en esa ciudad, asumió la vocería y participó activamente en la defensa pública y el equipo legal que impulsó el regreso de Pinochet a Chile.

En el ámbito tributario y corporativo, asesoró durante más de 30 años a Sebastián Piñera, incluyendo operaciones como la compra de Chilevisión o el parque Tantauco.

Según el libro Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena, Barros asesoró a Piñera en estrategias de elusión tributaria mediante la adquisición de empresas en quiebra o “zombis” (firmas quebradas que generaban pérdidas ficticias para absorber utilidades y reducir impuestos).

La investigación detalla que Barros asesoró a Piñera en la compra de empresas zombis, como Los Lirios S.A., adquirida en 1992 junto a socios como la familia Cueto, y una zombi para Leonidas Vial (Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro en 1991). Estas prácticas fueron criticadas como elusión agresiva y contribuyeron a que el Fisco perdiera potencialmente más de un billón de pesos en impuestos no recaudados.

Barros también estuvo vinculado al caso Corpesca (2016), que involucró aportes ilegales de la pesquera del Grupo Angelini a políticos, fraude al fisco y cohecho. El 27 de abril de 2016, entregó un cheque por $152.881.291 a nombre de Jaime Orpis (exsenador UDI) para pagar una deuda al Senado por mal uso de asignaciones parlamentarias.

Actualmente es presidente del directorio de Oxiquim S.A., una empresa química industrial instalada en el complejo industrial Quintero-Puchuncaví (zona saturada recurrentemente por contaminación, emisiones de gases e intoxicaciones masivas). Oxiquim ha sido cuestionada por su impacto ambiental y en la salud pública en esta zona de sacrificio, aunque no siempre se la señala como la principal responsable en todos los incidentes.

Barros, asimismo, ha presidido otras compañías como Socovesa y ha formado parte del directorio de Agrosuper, entre otros.

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Iván Poduje (Vivienda) 

En 2007, la Municipalidad de Viña del Mar, comandada por Virginia Reginato, firmó un contrato directo —sin licitación— con la empresa Atisba, propiedad de Iván Poduje, para reformular el plan maestro del proyecto Margamar. Esta iniciativa buscaba transformar el estero Marga en un eje urbano con ciclovías, áreas verdes y desarrollo inmobiliario, pero nunca se concretó debido a su alto costo estimado (cercano a US$100 millones) y la inviabilidad de obtener financiamiento estatal.

A pesar del fracaso, el Estado desembolsó más de US$ 3 millones por estudios básicos y adicionales a la firma canadiense Baird & Associates (asociada a Poduje y Atisba), a través de un contrato directo del Ministerio de Obras Públicas en 2014. Además, la municipalidad pagó $11.500.000 en honorarios a Atisba en 2007. Estos montos se consideran parte de las pérdidas del proyecto fallido, aunque no hay evidencia de irregularidades penales directas.

A esto se suma una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en junio de 2025 ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, que exige a Poduje restituir más de $12.381.300. El argumento principal es que Poduje cobró honorarios como consejero del Consejo de Concesiones del MOP (cargo que ocupó desde 2014 hasta enero de 2022), sin cumplir el requisito legal de ser académico activo de una facultad de arquitectura durante el período del 16 de julio al 1 de octubre de 2020.

Poduje renunció a su cargo en la Pontificia Universidad Católica el 16 de julio de 2020 y firmó un nuevo contrato con la Universidad Mayor el 1 de octubre de 2020, participando en al menos tres sesiones del consejo sin vínculo formal académico durante ese lapso. Poduje se defiende argumentando que realizó el trabajo, asistió a las sesiones y que solo hubo una “demora administrativa” en el nuevo contrato; estima el monto en aproximadamente $9 millones más intereses, y rechazó una propuesta del CDE para devolverlo en 20 cuotas sin intereses ni multas.

Además, se cuestiona una posible dualidad de funciones en períodos como 2016, al combinar su rol público como consejero del MOP con asesorías privadas en proyectos de infraestructura, por ejemplo: Autopista Vespucio Oriente – AVO y el mismo Margamar. Aunque la demanda es civil (cobro de pesos por pago de lo no debido), designar a Poduje en un cargo ministerial contradice el énfasis en probidad y transparencia, promovido por la nueva administración.

Finalmente, CIPER (2025) reveló coordinaciones de Poduje con “trolls”, como @canserbero73 (TOKY), @DRESTRUM__Pl (Dress), @Politica2chile y @camilo_anania, dedicados a difundir ataques e información falsa contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

En síntesis, Barros y Poduje presentan biografías atravesadas por conflictos de interés, defensas del poder económico y un uso -y abuso- del Estado.

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