By Simon Del Valle 25 enero, 2026 - El Clarin Chile
El quiebre entre el Partido Socialista y el eje Frente Amplio–Partido Comunista no es un episodio táctico ni una desavenencia pasajera. Es la expresión tardía —y algo desnuda— de una fractura que venía incubándose desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric y que hoy, a las puertas de un nuevo ciclo político marcado por el ascenso de la ultraderecha, adquiere una gravedad mayor.
Durante los cuatro años de administración progresista, la alianza entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad nunca logró cuajar como un proyecto político coherente. Funcionó, en el mejor de los casos, como un pacto de conveniencia electoral y de gobernabilidad mínima. No hubo una convergencia programática sólida, ni una lectura compartida del momento histórico que atravesaba el país tras el estallido social de 2019. Esa debilidad estructural terminó reflejándose en un gobierno sin dirección clara, tensionado permanentemente entre dos almas que jamás se reconocieron como parte de un mismo proyecto.
Diversos diagnósticos internos del PS coinciden y denuncian en que la relación fue deteriorándose a medida que el Frente Amplio y el Partido Comunista concentraron la conducción política del Ejecutivo, desplazando a los partidos del Socialismo Democrático de los espacios de decisión relevantes. En ese contexto, más que una diferencia ideológica de fondo, lo que se acumuló fue una molestia política: la sensación de haber sido arrinconados por una izquierda que, desde su perspectiva, pretendía clausurar simbólicamente los logros de la ex Concertación y reescribir la historia reciente.
La derrota presidencial de Jeannette Jara terminó de consolidar esa lectura. En sectores del Socialismo Democrático se instaló con fuerza la idea de que la alianza con el FA y el PC no solo fue estéril, sino políticamente costosa. La narrativa que comenzó a circular es clara: la izquierda “más dura” habría hegemonizado el gobierno, fracasado electoralmente y arrastrado consigo al resto del bloque. A partir de ahí, la decisión fue perfilar identidad propia, aun a costa de romper con quienes, hasta hace poco, eran aliados de gobierno.
Los primeros coletazos de esa ruptura ya son visibles. El Socialismo Democrático ha iniciado conversaciones con la derecha para definir la gobernanza administrativa del Parlamento a partir del 11 de marzo. En el Senado, avanzan acuerdos para repartir la testera y las comisiones entre Republicanos, Chile Vamos, la DC y sectores socialdemócratas, excluyendo explícitamente a Apruebo Dignidad. En la Cámara de Diputados, aunque el escenario es más incierto por el rol del PDG, todo apunta a un acuerdo similar que deje fuera a los extremos.
No se trata solo de un reordenamiento parlamentario. Es una señal política de fondo: la voluntad explícita de construir una oposición “responsable” y “moderada”, incluso si eso implica pactar con un gobierno de ultraderecha encabezado por José Antonio Kast. Un gobierno que no solo busca desmontar derechos sociales conquistados en las últimas décadas, sino que ha conformado un gabinete con figuras que defendieron abiertamente a Augusto Pinochet y su legado, incluyendo abogados involucrados en la defensa del dictador en causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos.
En ese escenario, la pregunta inevitable es qué tipo de oposición pretende ejercer el Socialismo Democrático. ¿Una oposición constructiva frente a un proyecto que explícitamente busca profundizar el modelo neoliberal, debilitar el rol del Estado y restringir derechos? ¿O, más bien, una oposición funcional que permita gobernabilidad a cambio de cuotas de poder institucional?
El caso de la Ley Naín-Retamal opera aquí como punto de inflexión y, a la vez, como coartada. La absolución del ex carabinero Claudio Crespo —quien dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social— volvió a poner en el centro la responsabilidad política de quienes impulsaron y aprobaron esa normativa en 2023. Frente Amplio y Partido Comunista rechazaron la ley en su momento. El Socialismo Democrático la respaldó, junto al gobierno, bajo la presión de la agenda de seguridad. Hoy, en lugar de asumir esa responsabilidad, parte de ese sector opta por convertir la crítica en una disputa moral contra sus antiguos aliados.
La reacción del PS —congelar relaciones con el FA y el PC— no parece orientada a una reflexión profunda sobre los errores del ciclo progresista, sino a marcar distancia y disputar el liderazgo de una futura oposición. Una oposición que, paradójicamente, corre el riesgo de no ser oposición en absoluto. Porque con una derecha que controla cerca del 50% del Congreso, el apoyo explícito o tácito del Socialismo Democrático puede convertirse en una aplanadora legislativa al servicio del nuevo gobierno.
Mientras tanto, la oposición real —la que no se deja domesticar por los equilibrios institucionales— probablemente emergerá por fuera del Parlamento. En las calles, en los territorios, en las movilizaciones que inevitablemente surgirán frente a los abusos, incumplimientos y retrocesos que traerá consigo un gobierno de ultraderecha. Allí, todo indica que el Frente Amplio y el Partido Comunista volverán a ocupar un rol central, mientras el Socialismo Democrático corre el riesgo de quedar atrapado en una estrategia de corto plazo, más preocupada de administrar su declive que de enfrentar el momento histórico.
La paradoja es evidente: partidos con una larga tradición en la historia política chilena, que jugaron un rol clave en la transición, hoy parecen dispuestos a sacrificar cualquier horizonte transformador con tal de conservar influencia institucional. Un paso más en el alejamiento de la sociedad que dicen representar. Y ese costo, más temprano que tarde, se pagará caro.
Simón del Valle
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