Marcelo Mella Polanco – Académico De La Usach – Apuntes políticos – 27 de enero 2026

Minnesota es un estado del Medio Oeste marcado por lagos, inviernos extremos y altos estándares de vida. Su capital humano es robusto, su tejido cívico denso y su tradición participativa particularmente sólida. El área metropolitana de Minneapolis–St. Paul combina diversidad urbana y dinamismo económico con extensas zonas rurales de cultura política más conservadora. No se trata de un “swing state” volátil, sino de un pivote estable del bloque demócrata en el Medio Oeste. Sus diez votos electorales y su elevada participación convierten a Minnesota en un termómetro nacional de la salud democrática estadounidense.

Hoy, sin embargo, Minneapolis enfrenta algo más que uno de los inviernos más crudos de su historia reciente. La ciudad atraviesa un verdadero congelamiento democrático. En las calles de las Twin Cities, el aire bajo cero se mezcla con el humo químico de gases lacrimógenos disparados sin distinción. El sonido seco de los disparos de agentes federales irrumpe en la noche, mientras la comunidad intenta procesar la muerte de Alex Pretti.

Pretti tenía 37 años. Era enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Veteranos. Dedicó su vida a atender a quienes sirvieron al Estado. Hoy, irónicamente, fue abatido por ese mismo Estado.

Lo ocurrido en Minnesota no puede ser reducido a una operación rutinaria de orden público. Tampoco se trata de un exceso aislado. En palabras del propio gobernador Tim Walz, estamos ante una “campaña de brutalidad organizada”. Las agencias federales de inmigración han mutado hacia una lógica de fuerza de ocupación, operando con una impunidad más propia de un ejército extranjero que de instituciones sometidas al Estado de Derecho.

La pregunta de fondo ya no es únicamente por qué mueren ciudadanos, sino por qué el gobierno federal ha decidido desplegar sus recursos para infundir temor selectivo, transformando la aplicación de la ley en un instrumento de castigo político dirigido a comunidades específicas.

La cámara como trinchera frente a la narrativa oficial

La muerte de Alex Pretti probablemente habría sido absorbida por la maquinaria burocrática bajo la clásica etiqueta del “sospechoso armado”, de no haber mediado una forma elemental pero decisiva de resistencia civil: la grabación ciudadana. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional y el propio Presidente difundían imágenes de un arma supuestamente cargada, calificándolo de “presunto asesino”, los registros audiovisuales captados por testigos revelaban otra secuencia de hechos. Pretti estaba filmando a los agentes cuando fue atacado.

El asesor de seguridad nacional de la administración Trump, Stephen Miller, llegó incluso a afirmar públicamente (Posteo en X) que un “aspirante a asesino” había intentado matar a funcionarios federales, alineando al Ejecutivo con una retórica de guerra interna contra sus propios ciudadanos.

En este contexto, “presenciar” deja de ser un acto pasivo. Observar, registrar y difundir se transforma en una forma de soberanía cívica frente a un poder que pretende imponer su versión como única realidad válida. En Minneapolis, la cámara se convierte en la última línea de defensa frente a la mentira estatal.

ICE como milicia partidista del Ejecutivo

El despliegue de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en ciudades como Minneapolis o Portland no es casual ni operativo. Como ha señalado el periodista Adam Serwer en The Atlantic, estas fuerzas están siendo utilizadas como una auténtica “milicia partisana”, dirigida contra territorios considerados políticamente desleales o excesivamente liberales. La retórica del combate al fraude o a la inmigración irregular funciona, en este marco, como una coartada para una estrategia de intimidación política en regiones donde el respaldo electoral a Trump es minoritario.

Se asiste aquí a una forma de “innovación autoritaria”. El Ejecutivo evita recurrir al ejército regular, -sujeto a disciplina institucional y restricciones legales estrictas en su trato con civiles- y opta, en cambio, por agencias federales equipadas para el combate urbano, investidas de una estética y una lógica militarizada que les permite eludir controles constitucionales. Los agentes, “kitted up” para la confrontación, participan de un simulacro militarista que diluye la frontera entre seguridad pública y represión política.

La selección de los blancos no es aleatoria. Se concentra en comunidades con alta presencia somalí-estadounidense, un grupo al que el propio Presidente ha estigmatizado explícitamente, con el objetivo de fracturar la cohesión social de ciudades percibidas como hostiles al proyecto presidencial.

La identidad como campo de disputa

El perfil de las víctimas ha desarticulado la narrativa oficial. Alex Pretti era un enfermero blanco. Renee Good, abatida en su automóvil el 7 de enero, también lo era. Para una administración que se concibe a sí misma como portadora de una “misión civilizadora” masculina frente al caos, el hecho de enfrentar resistencia de ciudadanos con este perfil constituye un fracaso simbólico profundo.

La reacción comunitaria ha sido reveladora. Residentes blancos han utilizado conscientemente su propio privilegio racial como barrera de protección, interponiéndose físicamente entre los agentes federales y sus vecinos más vulnerables. De este modo, se desafía la premisa nativista de que la cohesión social solo es posible entre iguales. Minneapolis demuestra que la identidad no es un destino biológico, sino una elección política de lealtad hacia el otro.

El “derecho” presidencial a no tener límites

En el plano jurídico, el proceso es aún más inquietante. A través del llamado shadow docket y una sucesión de fallos de emergencia, la Corte Suprema ha comenzado a validar la capacidad del Ejecutivo para operar al margen de reglas escritas. En este contexto, el juez Brett Kavanaugh ha erosionado de manera explícita el principio de igualdad ante la ley al sugerir que el idioma —hablar español o hacerlo con acento— puede constituir un elemento legítimo de sospecha.

En su voto concurrente en Noem v. Vásquez Perdomo (septiembre de 2025), Kavanaugh sostuvo que, en controles migratorios, factores como el idioma, combinados con el lugar o la situación observada, pueden justificar una detención para verificar estatus migratorio. En oposición, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que normalizar el idioma como criterio de sospecha institucionaliza la discriminación racial y lingüística, erosionando garantías constitucionales básicas en comunidades donde el bilingüismo es cotidiano.

Para juristas y académicos del derecho, el mensaje es inequívoco: los precedentes dejan de importar cuando chocan con la voluntad del líder. Las normas se aplican a los ciudadanos, pero no a los agentes federales. Bajo esta lógica de “ingeniería demográfica”, el único principio constitucional que sobrevive es que el Presidente debe obtener lo que desea, aun cuando ello transforme a Estados Unidos en el tipo de régimen del que muchos de sus habitantes huyeron en el pasado.

El futuro inmediato de la democracia

Lo que ocurre en Minneapolis es, en última instancia, un experimento de cohesión comunitaria bajo presión extrema. A pesar del miedo, de las amenazas de rastreo vehicular y de una retórica oficial que criminaliza la protesta, la resistencia persiste. El coraje no consiste en la ausencia de temor, sino en actuar sabiendo que el próximo en la lista puede ser uno mismo.

Para el martes 27 de enero se espera la salida del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, rostro visible de la represión migratoria en Minnesota, mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha exigido la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Por ahora, la solidaridad local opera como el último dique de contención frente a la erosión acelerada de las libertades civiles en Estados Unidos. Pero la pregunta que interpela al resto del país es ineludible: ¿puede la resiliencia de una sola ciudad frenar un modelo estatal que ha optado por el poder presidencial sin límites como horizonte final? Si Minneapolis cae, lo que hoy parece una excepción en el helado norte estadounidense corre el riesgo de convertirse en la norma nacional.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.