Valentina Forján Espinoza- Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)  – 29 de Enero 2026 – El desconcierto

Lo que está en discusión, entonces, no es un nombre propio, sino una forma de entender el ejercicio del poder y a quiénes se considera parte del proyecto país. Gobernar no es para unos pocos ni para quienes creen lo mismo, sino para toda la población. Por eso, no podemos dejar de advertir que nuestros derechos están en riesgo cuando se gobierna sin considerar a las mujeres como sujetas políticas plenas.

Como mujeres hemos valorado la cartera establecida por la presidenta Michelle Bachelet al instalar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Este ministerio permitió -en primer lugar- visibilizar que, por el solo hecho de ser mujeres, vivimos situaciones particulares que deben ser abordadas desde políticas de gobierno y de Estado, con el objetivo de generar transformaciones profundas en la sociedad. De esa manera, la ministra Antonia Orellana ha desarrollado un trabajo que como mujeres hemos destacado, y así lo supimos el 11 de marzo de 2022, cuando por fin pudimos decir: ¡Tenemos Ministra!

Ese reconocimiento se tradujo en una conducción ministerial con una orientación clara y coherente con las demandas históricas del movimiento feminista. La trayectoria de la ministra Orellana permitió anticipar que existirían esfuerzos reales por abordar problemáticas urgentes, comenzando por la violencia de género y, de la mano de ello, mejorar la calidad de vida de las mujeres.

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Esa convicción se expresó en políticas públicas concretas que impactaron directamente en la vida de miles de mujeres a lo largo del país. La Ley Papito Corazón ha permitido el pago de miles de millones de pesos adeudados a mujeres que han debido hacerse cargo de la crianza en solitario, tanto en la tarea cotidiana como en el peso económico que esta conlleva. Esta ley es, sin duda, una expresión concreta de justicia social.

Pero la justicia económica es sólo una dimensión de las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en nuestra sociedad. En ese marco, la Ley de Violencia Integral busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en razón de género, entendida como aquella que se produce por el hecho de ser mujer o por los roles y desigualdades de género.

Esta ley amplía el reconocimiento de formas de violencia que anteriormente no eran consideradas, incorporando la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral y gineco-obstétrica. Además, reconoce a niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de la violencia ejercida contra sus madres o cuidadoras, garantizando protección y reparación tanto para ellas como para sus familias.

A la violencia se suma otra desigualdad estructural, muchas veces invisibilizada, pero fundamental para comprender la posición que ocupamos las mujeres en el país: las tareas de cuidado. El recientemente publicado Sistema Nacional de Cuidados reconoce que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y que el Estado, junto a la sociedad y otros actores, debe garantizar estos derechos.

Esto resulta especialmente relevante en un país donde el 97% de las mujeres mayores de 15 años realiza labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, destinando en promedio cinco horas diarias a estas tareas, aproximadamente dos horas más que los hombres. Este sistema abre la posibilidad de avanzar hacia una corresponsabilidad real, mediante programas públicos, formación y profesionalización de personas cuidadoras y eventuales formas de remuneración.

Este enfoque integral no se limitó al diseño de leyes, sino que también se expresó en el fortalecimiento de la institucionalidad y del trabajo territorial. El trabajo colaborativo entre municipios y SERNAMEG permitió el desarrollo de oficinas para la mujer, que han entregado asesoría, reparación y acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia de género. A ello se suma la labor de difusión y prevención que SERNAMEG realiza de manera descentralizada a lo largo del país.

Nada de lo anterior habría sido posible sin una definición política clara respecto del lugar que debían ocupar las mujeres y la equidad de género en la toma de decisiones del gobierno. En ese sentido, la determinación del presidente Gabriel Boric de incorporar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al Comité Político fue una decisión inédita y relevante. El Comité Político es el espacio donde se definen prioridades, estrategias y respuestas frente a escenarios de crisis, y su integración permitió transversalizar la agenda de género en la planificación y gestión del gobierno.

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Sin embargo, aun con estos avances persisten deudas legislativas importantes, como la Ley de Sala Cuna Universal, fundamental para que las mujeres puedan trabajar, y la Ley de Aborto con Plazos, entendida como una respuesta necesaria a un problema de salud pública que afecta especialmente a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Ese proceso, que requería continuidad y profundización, enfrenta hoy un quiebre político evidente. El presidente electo José Antonio Kast ha señalado que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no será parte del Comité Político. Esta decisión, que no resulta sorpresiva, implica relegar la violencia de género y la desigualdad a un lugar secundario, sacando a las mujeres de la mirada estratégica a la hora de gobernar.

Esta definición no es aislada, sino que dialoga directamente con la mirada que el nuevo gobierno ha expresado respecto de las mujeres. Al revisar las propuestas presidenciales, la palabra “mujer” aparece apenas cinco veces: cuatro vinculadas a su incorporación al mercado laboral, sin considerar las tareas de cuidado que la dificultan, y una asociada a la natalidad, donde se cuestionan las decisiones reproductivas que podamos tomar.

En ese marco, no resulta extraño que quien asuma la conducción del Ministerio de la Mujer llegue cuestionando su propia existencia y sin una propuesta clara de continuidad. Judith Marín recibe una cartera respecto de la cual no ha manifestado voluntad de profundizar lo avanzado, ni ha presentado un análisis político que permita anticipar una gestión orientada a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

A ello se suman declaraciones públicas que permiten anticipar el enfoque que podría marcar esta nueva etapa: su oposición al aborto, incluso en las tres causales, y sus expresiones ofensivas hacia las disidencias sexogenéricas. Y es necesario ser claras en este punto: el problema no es su religión ni sus creencias personales. El problema es instalar en una posición de poder a una persona que pretende que su cosmovisión se imponga al conjunto de la sociedad, postergando derechos fundamentales de mujeres y de la comunidad LGBTIQA+.

Lo que está en discusión, entonces, no es un nombre propio, sino una forma de entender el ejercicio del poder y a quiénes se considera parte del proyecto país. Gobernar no es para unos pocos ni para quienes creen lo mismo, sino para toda la población. Por eso, no podemos dejar de advertir que nuestros derechos están en riesgo cuando se gobierna sin considerar a las mujeres como sujetas políticas plenas.

Por eso, levantar la voz hoy no es exageración ni consigna vacía, sino una responsabilidad política y colectiva. Como feministas lo hemos dicho una y otra vez: saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Jamás hemos exigido que otros vivan conforme a nuestros principios, pero no permitiremos que nuestros derechos sean aplastados por las creencias de terceros. La religión y el Estado están separados desde la década de 1920, y no podemos permitir que se retroceda en aquello que tanto ha costado conquistar.

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