Marcelo Mella Polanco – Docente de la USACH – Apuntes Políticos – 21-02-2026

El proceso político puede analizarse como una sucesión de narrativas que permiten organizar diagnósticos, movilizar convergencias, definir adversarios y construir ideas-fuerza sobre el cambio. La función de estos “marcos cognitivos” es ofrecer atajos mentales para interpretar las condiciones políticas y ordenar la disputa por el poder. En Chile, el ciclo posterior a la Concertación (1989–2010) ha estado marcado por la incapacidad de los gobiernos de coalición para generar una visión compartida que trascienda a cada administración.

Tras los cuatro gobiernos concertacionistas, se abrió un período caracterizado por administraciones minoritarias de alternancia y una fragmentación creciente del sistema de partidos. En ese contexto, las estrategias opositoras -desde la Coalición por el Cambio en adelante (Nueva Mayoría, Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Republicanos)- recurrieron sistemáticamente a narrativas de “demolición”, con alta rentabilidad electoral. Estas estrategias no buscan solo poner fin a un gobierno, sino clausurar un ciclo político, por tanto, se alimentan del malestar, capitalizan el descontento social, la frustración colectiva y el resentimiento, sin resolverlos ni ofrecer soluciones estructurales.

Desde 2010, los resultados de alternancia con Piñera I (2009), Bachelet II (2013), Piñera II (2017), Boric (2021) y Kast (2025), muestran que estas narrativas de “demolición” fueron efectivas, en la medida en que todas las oposiciones de este período consiguieron defenestrar al gobierno de turno. Sin embargo, la relación entre gobierno y oposición sufrió un quiebre que terminó afectando tanto la legitimidad como la eficacia de las administraciones.

Tomando como proxy esta relación, se observa que, de las cincuenta acusaciones constitucionales presentadas entre 1990 y 2024, solo dieciséis corresponden a los veinte años de la Concertación, mientras que treinta y cuatro se concentran en los quince años transcurridos desde 2010 en adelante. Paralelamente, la satisfacción ciudadana con la democracia en Chile cayó un 17% entre 2010 y 2024, como se aprecia en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Satisfacción con la democracia en Chile, 1995–2024

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro.

Tras el cierre del ciclo concertacionista, se han sucedido cuatro narrativas de demolición que han impedido la proyección de los gobiernos y han fracasado en reconstruir estabilidad de largo plazo.

La primera fue la “tesis del desalojo”, formulada por Andrés Allamand para la campaña presidencial de 2009. Su premisa sostenía que el objetivo central debía ser desplazar a la coalición gobernante, subordinando programa y deliberación a la lógica de la alternancia. Esta tesis aportó disciplina estratégica y claridad de propósito, pero redujo la política a una competencia de reemplazo, empobreciendo el debate programático y estrechando los márgenes de cooperación institucional durante el primer gobierno de Piñera.

Posteriormente emergió la “tesis de la retroexcavadora”, planteada por Jaime Quintana. Según esta narrativa, el problema ya no era quién ejercía el poder, sino qué estructuras heredadas de la dictadura permanecían intactas. La metáfora expresó un impulso reformista profundo, orientado a remover los cimientos del modelo institucional. Su aporte fue dotar de épica al cambio impulsado por la Nueva Mayoría; su costo, elevar la conflictividad institucional al proyectar una baja disposición al acuerdo y a la gradualidad.

Ese impulso derivó en la “tesis de la refundación”, promovida por el Frente Amplio. A diferencia de la retroexcavadora, esta narrativa no se limitaba a políticas públicas específicas, sino que aspiraba a una reorganización sistémica del orden institucional, económico y social, con el proceso constitucional como eje articulador. Sin embargo, cuando la ambición transformadora no cuenta con respaldo suficiente en la correlación efectiva de fuerzas, la promesa refundacional tiende a traducirse en frustración y desafección.

Actualmente, desde el extremo opuesto al Frente Amplio, se instala como narrativa ganadora la “tesis del gobierno de emergencia”, utilizada por José Antonio Kast para ganar la presidencia en las elecciones de diciembre pasado. Este marco redefine al país como un escenario de urgencia frente a crisis múltiples, al menos en materia de seguridad, crecimiento y control del gasto, y legitima un estilo de conducción centrado en decisiones apremiantes. Su fortaleza radica en la claridad de prioridades y en la capacidad de simplificar la agenda; su riesgo consiste en tensionar los contrapesos institucionales bajo una lógica de excepcionalidad de duración incierta.

Consideradas en conjunto, estas cuatro narrativas orientadas a la competencia electoral buscaron resolver primero el problema de conquistar el poder y solo después el de la coordinación política. El resultado ha sido, desde 2010, por una parte, alternancias pendulares, con escaso espacio para estrategias que combinen reformas viables, acuerdos amplios y realismo respecto de las mayorías disponibles. Por otra, se ha producido un desplazamiento de las oposiciones hacia estrategias de demolición que van desde lo estratégico (como la Coalición por el Cambio) hasta lo programático (como Apruebo Dignidad y Republicanos).

Sin embargo, aunque las estrategias de agitación y demolición pueden servir para ganar elecciones, rara vez generan gobiernos efectivos. Por el contrario, debilitan la capacidad del ejecutivo para construir acuerdos amplios y acumulan costos reputacionales crecientes para la democracia. Se trata en consecuencia de estrategias que, siendo eficaces en la búsqueda del poder, producen deterioro sistémico progresivo. La principal amenaza de estas metáforas de la demolición radica en que, como ocurre con los aprendices de brujo, activan dinámicas que luego resultan difíciles de contener.

Esto adquiere especial gravedad en democracias como la chilena, caracterizadas por presidencialismo, multipartidismo extremo y una alta dependencia de gobiernos de coalición funcionales. Recuperar el equilibrio y la sensatez de la clase política, evitando las estrategias parasitarias de la demolición, exige volver a distinguir entre ganar el poder, resolver problemas de política pública y preservar el valor de las instituciones democráticas.

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