Por : Marco Fajardo Caballero Periodista de ciencia, cultura y medio ambiente de El Mostrador – 22-02-2026
Actualmente son más de 50 en todo el país y carecen de un financiamiento estable, ya que funcionan con fondos concursables. De hecho uno de los reclamos durante el gobierno de Gabriel Boric fue la promulgación de una Ley de Sitios de Memoria, que no ocurrió.
Una gran incógnita enfrentan en el nuevo Gobierno de José Antonio Kast los sitios de memoria existentes en el país.
Un pésimo antecedente, de hecho, ocurrió en noviembre pasado, cuando en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto la oposición dejó sin financiamiento a sitios de memoria y fundaciones de derechos humanos.
Actualmente son más de 50 en todo el país y carecen de un financiamiento estable, ya que funcionan con fondos concursables. De hecho uno de los reclamos durante el gobierno de Gabriel Boric fue la promulgación de una Ley de Sitios de Memoria, que no ocurrió.
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A eso se suma que actualmente las organizaciones está divididas en dos agrupaciones: por un lado la Red de Sitios de Memoria, que agrupa a 52 organizaciones, y por otro lado la Coordinadora de Sitios de Memoria, que son ocho e incluye lugares emblemáticos como el Estadio Nacional.
“Las organizaciones de memoria y derechos humanos tuvieron grandes expectativas (con el gobierno del Presidente Gabriel Boric), pero la concreción de ellas o no se han cumplido o se han llevado adelante sin la necesaria y justa participación de las organizaciones, lo que resulta en iniciativas desarrolladas a destiempo y sin la contundencia de contenido pertinente. Pareciera que el gobierno, más que un compromiso real con la Memoria y los Derechos Humanos, está preocupado por mostrar resultados y presentar un check list de metas cumplidas”, critica una fuente del mundo de los derechos humanos.
Respecto a Kast, lo que parece unir a todos en el mundo de los derechos humanos es la falta total de expectativas.
“No me hago ilusión alguna con el gobierno de Kast. Él, ha sido renuente para admitir las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y además, a diferencia de (el fallecido presidente Sebastián) Piñera, ha visitado con frecuencia a los presos de Punta Peuco”, critica el Premio Nacional de Arquitectura, Migue Lawner, quien fue prisionero político en el campo de concentración de Isla Dawson.
Institucionalidad
Actualmente, al interior del Ministerio de las Culturas, existe la Unidad de Sitios de Memoria, que forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y tiene como misión principal articular, coordinar y ejecutar políticas públicas orientadas al reconocimiento, resguardo y sostenibilidad de los Sitios de Memoria en Chile.
Su labor se enmarca en los compromisos asumidos por el Estado en materia de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, según información oficial.
En este contexto, la Unidad implementa el programa “Sitios de Memoria: Reconocimiento, Resguardo y Sostenibilidad Patrimonial”, cuyo objetivo es abordar el progresivo deterioro de los valores y atributos patrimoniales de los Sitios de Memoria, especialmente en aquellos sitios que han sido declarados Monumento Histórico.
Según el Informe Anual de Estadísticas Culturales 2024, son “aquellos sitios declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales como Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico Mueble e Inmueble, y donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.
El mismo reporte que en 2023 hubo 21 proyectos de este tipo que recibieron un total de 892 millones de pesos, mientras al año siguiente aumentaron a 27, con $1.256 millones.
La categoría Sitios de Memoria es la que representa la mayoría de los casos dentro de los Monumentos Históricos declarados, con un total de 60 sitios. También hay presencia de Archivos de Derechos Humanos, que cumplen un rol clave en el resguardo del acervo documental, los cuales están concentrados solo en la Región Metropolitana (10 registros).
En cuanto a las tipologías, las más frecuentes entre los Sitios de Memoria son los Centros Clandestinos (22 registros), los Sitios Históricos (8 registros), los Cuarteles (6 registros) y los Recintos Carcelarios (5 registros). Esta diversidad da cuenta de los distintos tipos de espacios utilizados en la represión estatal durante la dictadura, los cuales han sido posteriormente resignificados como Sitios de Memoria, cumpliendo un rol relevante en la divulgación, rescate y preservación de la memoria histórica.
Evaluación de Boric
El sabor que dejó el gobierno saliente entre los sitios de memoria es agridulce. Es cierto que como mandatario visitó Villa Grimaldi (en la foto superior), uno de los más emblemáticos, en 2023. Pero recién el último 11 de septiembre, a seis meses de dejar el gobierno, el Presidente anunció el Proyecto de Ley de Sitios de Memoria, “para que su mantención no esté en jaque cada año”.
Sin embargo, esta idea había sido presentada por la Red de Sitios de Memoria desde principios del año 2017, en las postrimerías del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, hace casi una década. El proyecto de Boric fue presentado sin participación de las organizaciones redactoras de la propuesta, por lo cual su contenido solo fue conocido al ser enviada al Congreso y hay acuerdo en que el proyecto de ley presentado es insuficiente en cuanto a identificación, preservación y mantenimiento de los sitios, señalan desde el mundo de los derechos humanos.
“Ha sido consistente con los sitios de memoria. Ninguno ha sido afectado, pero tampoco ha habido esfuerzos sustantivos para su debida conservación”, sintetiza Lawner.
“El gobierno del presidente Gabriel Boric, en su inicio, hizo grandes compromisos respecto de Memoria y Derechos Humanos, los cuales hacían sentido a las organizaciones de Derechos Humanos; sin embargo con el paso del tiempo una a una estas expectativas fueron decayendo. Primero la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en el cual esperábamos anuncios de políticas públicas, estuvo plagado de consignas vacías, sin participación de las organizaciones y con una marcha del 11 de septiembre en la que solo algunas agrupaciones lograron pasar junto a la Moneda -escoltadas por carabineros-, mientras el resto fueron reprimidas por las fuerzas policiales”, critica un dirigente.
“Luego se instala el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que las agrupaciones y organizaciones de familiares y de Sitios han celebrado y acompañado, tiene rango de decreto presidencial, pero no de ley, lo cual no garantiza su permanencia en el tiempo. En la actualidad hay esfuerzos en el Congreso por otorgarle dicha categoría, pero no sabemos si el tiempo alcanzará para lograrlo”.
A mediados de 2024 ya hubo una primera crisis por falta de fondos, que amenazaba con cerrar varios sitios de memoria. Fue enfrentada por el Ministerio de las Culturas con una nueva convocatoria concursable, a pocas semanas de celebrarse una nueva edición del Día de los Patrimonios.
Valoración y críticas
Desde la Red Nacional de Sitios de Memoria valoran el trabajo que han desarrollado, desde hace años, con reparticiones del Estado como la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del MINCAP.
También celebran las acciones de este gobierno como el Plan Nacional de Búsqueda o la recuperación y apertura de sitios de memoria, como 3 y 4 álamos, Irán 3037 o el ex cuartel Borgoño.
Sin embargo, son “bastante críticos” respecto a “la inexistencia de políticas públicas robustas e integrales en el ámbito de la memoria histórica”.
“Específicamente, existe una deuda central: la promulgación de una ley de sitios de memoria, que dé sostenibilidad a los sitios de memoria en el país, más allá de los hitos mediáticos y las declaraciones de buenas intenciones”.
A la Red también le preocupa la existencia de solicitudes de declaratoria de monumento nacional para sitios de memoria que no avanzan, como la base naval de El Bosque y decretos de declaratoria para sitios de memoria, ya aprobados en el Consejo de Monumentos Nacionales, como el Sitio de Memoria ex Tercera Comisaría de cerro Barón de la ciudad de Valparaíso y el Memorial del Hospital Base de Osorno, que llevan meses esperando la firma de la ministra Carolina Arredondo. También la anunciada expropiación de la ex Colonia Dignidad que sigue sin concretarse.
“En este panorama es imposible tener una evaluación positiva de la gestión de este gobierno en materia de sitios de memoria, pues sin una ley de sitios de memoria se hace muy difícil dar continuidad a este proceso en el próximo gobierno que ha sido parte del asedio y hostigamiento a los sitios de memoria”, afirman.
Expectativas
En cuanto a las expectativas, directamente en la Red no hay.
“No tenemos expectativas, por el contrario, como Red Nacional de Sitios de Memoria entendemos que el ascenso de un gobierno de extrema derecha, abiertamente negacionista y reivindicador de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura civil militar, es una amenaza para los sitios de memoria, y pone en riesgo todos los avances alcanzados y sostenidos durante todos estos años por la lucha del movimiento de derechos humanos y la sociedad civil organizada”, señalan.
Asimismo, alertan que ante la ausencia de una Ley de Sitios de Memoria integral que asegure la supervivencia de los sitios de memoria en el tiempo, la protección, recuperación, señalización y financiamiento se encuentran supeditados a las voluntades de del gobierno.
“En este contexto de asedio, estamos organizados, preparados y alerta para denunciar, enfrentar y frenar cualquier intento de retroceso en materia de justicia transicional, especialmente en lo que refiere al derecho a la memoria, que se articula con el derecho a la verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación integral porque son obligaciones del Estado y haremos valer esa obligación”, advierten.
Desafíos
El escenario implica, entonces, múltiples desafíos para estas organizaciones de derechos humanos.
“El principal desafío será impedir que este gobierno termine con los avances que hemos conseguido durante estos más de 30 años de lucha del movimiento de derechos humanos, e impedir que instale la impunidad liberando a criminales de lesa humanidad. Tampoco vamos a permitir que desde el Estado se instalen discursos negacionistas y relativizadores de las violaciones a los derechos humanos”, afirman desde la Red.
“Para ello estamos preparados como organizaciones, fortaleciendo y articulando nuestro trabajo a nivel nacional para estar alerta y vigilantes ante cualquier retroceso, y también para potenciar y profundizar el trabajo en materia de promoción y defensa de los derechos humanos y de educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria, centrales para la construcción de sociedades que tengan como piso ético la memoria, la verdad y la justicia”.
“Será necesario movilizarnos permanentemente a fin de asegurar su debida mantención”, complementa Lawner.
El Mostrador consultó con una fuente de las futuras autoridades, la que señaló que por el momento no quieren pronunciarse respecto al tema.
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