Simon del Valle - El Clarin Chile – 25-03-2026
FOTO: kast durante una visita el regimiento militar victoria el miércoles.
La polémica por el alza de los combustibles y la imposibilidad de intervenir con mayor fuerza a través del Mepco terminó desbordando el debate económico para convertirse en un conflicto político mayor. No por el precio de la bencina en sí, sino por la estrategia comunicacional del gobierno: instalar la idea de que “Chile está en quiebra”.
La frase no solo fue rápidamente desmentida por economistas de distintos sectores, sino que incluso obligó al propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a matizarla públicamente. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.
Lo que ocurrió no fue simplemente un error técnico. Fue un choque frontal con uno de los pilares más profundos del modelo chileno: la credibilidad económica.
El error que activó todas las alarmas
En economía, las palabras importan. Y pocas son tan delicadas como “quiebra”.
Decir que un país está quebrado equivale, en términos reales, a afirmar que no puede cumplir sus obligaciones financieras. Es decir, que está al borde del default. Es una señal que, en condiciones normales, provocaría reacciones inmediatas en los mercados: aumento del riesgo país, caída de la moneda, encarecimiento del crédito.
Nada de eso estaba ocurriendo en Chile.
Por eso la reacción fue transversal. No solo desde la oposición política, sino desde economistas, centros de estudio, exautoridades y actores del mundo financiero. El consenso fue claro: el diagnóstico era incorrecto y peligrosamente irresponsable.
El propio ministro de Hacienda tuvo que salir a corregir el rumbo, dejando en evidencia una descoordinación interna poco habitual en un tema tan sensible.
Más que un error: una ruptura con el consenso
Pero reducir lo ocurrido a un simple “error comunicacional” es quedarse corto.
Lo que hizo el gobierno fue tensionar —quizás sin medir completamente las consecuencias— el consenso básico que ha sostenido la economía chilena por décadas: la defensa de la estabilidad macroeconómica como activo estratégico.
Desde el retorno a la democracia, Chile construyó su reputación internacional sobre tres pilares:
- Responsabilidad fiscal
- Respeto a las reglas del mercado
- Previsibilidad institucional
Ese “modelo” —frecuentemente calificado como neoliberal— permitió al país acceder a financiamiento en condiciones favorables, atraer inversión extranjera y mantener estabilidad en contextos regionales más volátiles.
Decir que el país está “quebrado” golpea directamente ese relato.
La reacción del establishment
La respuesta del establishment económico fue inmediata, no por una defensa del gobierno anterior, sino por la necesidad de proteger ese activo reputacional.
Para los mercados, la confianza lo es todo. Y la confianza se construye con consistencia, no con declaraciones contradictorias.
En ese sentido, la afirmación del gobierno fue percibida como una amenaza innecesaria. No porque cambiara la realidad económica, sino porque podía alterar la percepción de ella.
Ahí está la clave.
Chile puede tener déficit, puede tener deuda, puede enfrentar restricciones fiscales. Pero mientras mantenga credibilidad, esas tensiones son manejables.
Perder credibilidad, en cambio, es otro escenario.
Kast contra el statu quo
Lo ocurrido también revela algo más profundo: el gobierno de José Antonio Kast está dispuesto a tensionar —y eventualmente romper— con el statu quo económico-político que ha dominado Chile por décadas.
Su discurso no busca solo describir la realidad fiscal. Busca reinterpretarla en clave política: un Estado devastado, una herencia crítica, una necesidad de ajuste.
El problema es que, al hacerlo, entró en conflicto con actores que tradicionalmente han sido aliados naturales de la derecha: el mundo empresarial, financiero y técnico.
Decir que Chile está quebrado no es una crítica al gobierno anterior. Es un cuestionamiento a todo el sistema.
Y ese sistema reaccionó.
Un costo político inesperado
En ese sentido, la jugada del gobierno puede terminar siendo más costosa de lo previsto.
Al intentar instalar un relato de crisis, terminó generando fricción con la élite económica que sostiene gran parte de la gobernabilidad en el modelo chileno.
No se trata de un quiebre inmediato, pero sí de una señal: hay límites que incluso un gobierno ideológicamente afín no puede cruzar sin consecuencias.
Porque el sistema puede tolerar críticas, reformas e incluso tensiones. Pero difícilmente tolera la erosión de su principal activo: la confianza.
Un problema de equipo
Lo ocurrido también deja en evidencia debilidades internas.
La falta de coordinación entre la comunicación política y el equipo económico, sumada a la necesidad de correcciones posteriores, proyecta una imagen de improvisación en un área donde la precisión es fundamental.
En economía, no hay espacio para ambigüedades.
Y menos cuando se trata de la solvencia de un país.
El fondo del conflicto
Más allá de la coyuntura, lo que está en juego es el tipo de relación que este gobierno quiere establecer con el modelo económico chileno.
¿Busca administrarlo, corregirlo o confrontarlo?
Hasta ahora, la señal es contradictoria: una agenda que en lo económico parece ortodoxa, pero una narrativa que tensiona sus fundamentos.
Y esa tensión no es gratuita.
Un límite que el sistema no permitirá cruzar
El episodio deja una conclusión clara: el statu quo económico chileno —con todas sus críticas— sigue teniendo capacidad de defensa.
Y reaccionó.
No por razones ideológicas, sino por supervivencia.
Porque en un país cuya economía depende fuertemente de la confianza externa, hay ciertas palabras que no se pueden usar a la ligera.
“Chile está quebrado” es una de ellas.
Y el mensaje que quedó instalado es igual de claro:
se puede tensionar el sistema, pero no deslegitimarlo sin costo
Simón del Valle
