Por Antu – Para UTE-NOTICIAS – 10-04-2026

Si observamos el caso de la Universidad Austral de Chile en el contexto de un gobierno como el de José Antonio Kast, podemos distinguir una tensión central: la violencia que incomoda y la violencia que gobierna.

Se condena con rapidez la violencia de los estudiantes. Se la exhibe, se la amplifica y se la convierte en prueba de desorden.  Pero rara vez se realiza el mismo ejercicio con la violencia que la precede.

Porque sí: existe una violencia anterior, más profunda y más constante. Reducir el financiamiento de la educación,  limitar el acceso y estrechar las posibilidades de desarrollo de miles de jóvenes no es una simple “decisión técnica”. Es una forma de ejercer poder sobre la vida de otros. Es decidir quién avanza y quién queda atrás.

Eso tiene un nombre: violencia estructural.

A diferencia de la violencia visible, esta no se condena: se administra. Se justifica en nombre  de la eficiencia, del orden fiscal o de la responsabilidad económica. Se presenta como neutral, cuando en realidad distribuye costos y beneficios de manera profundamente desigual.

Aquí emerge una asimetría política fundamental: la violencia del poder se vuelve invisible, mientras que la violencia de los subordinados se vuelve intolerable.

Cuando los estudiantes reaccionan, lo hacen dentro de un marco que ya los ha limitado. No parten desde  la igualdad, sino desde  una desventaja estructural. Su margen de acción es menor y su capacidad de incidencia institucional es más débil. Y, sin embargo, se les exige una pureza absoluta en sus formas: que protesten, pero sin incomodar; que critiquen, pero sin alterar el orden; que resistan, pero sin cuestionar las reglas del juego.

Es una exigencia imposible.

Toda transformación real implica algún grado de conflicto, y todo conflicto implica tensión. Reconocer esto no significa romantizar la violencia directa —lo que sería un error político y ético—, pero sí obliga a poner el foco donde corresponde: en las condiciones que la hacen emerger.

Cuando  la política  económica  deteriora  sistemáticamente las  condiciones  de vida,  no solo  se erosiona el bienestar material, sino también la legitimidad del sistema. Y cuando esa legitimidad se debilita, el conflicto deja de ser una anomalía y pasa a ser una consecuencia.

Por eso, condenar únicamente la violencia visible sin cuestionar la estructural no es una posición neutral. Es tomar partido por el estado actual de las cosas. Es defender un orden que, precisamente, está siendo impugnado.

La discusión sobre la violencia suele comenzar en el lugar equivocado: en el momento en que esta irrumpe visiblemente —una protesta, un enfrentamiento, una acción que altera el orden—. Pero para entonces, lo esencial ya ha ocurrido. La violencia no comienza ahí; comienza mucho antes, en la forma misma en que se organiza la sociedad.

La economía no es un ámbito neutral de decisiones técnicas, sino un espacio de poder. Decidir sobre el financiamiento de la educación, el acceso a recursos o las condiciones materiales de existencia no es  simplemente administrar: es  gobernar.  Y gobernar,  en sociedades  desiguales, implica necesariamente imponer.

Aquí es donde el concepto de violencia estructural adquiere su sentido más profundo: no se trata solo de carencias o desigualdades, sino de una forma sistemática de producirlas y reproducirlas.

En este marco, la violencia estudiantil aparece como un efecto, no como una causa. El sistema logra que la atención se concentre en la reacción y no en la estructura; en la protesta y no en la condición que la hace necesaria. No solo ejerce poder, sino que moldea la forma en que ese poder es percibido. Así, la violencia del orden se vuelve invisible, mientras que la violencia contra el orden se vuelve escandalosa.

No es casual. Es funcional.

Porque mientras la discusión permanezca en el plano de los excesos de la protesta, el modelo que los produce permanece intacto.

Desde una perspectiva  estratégica,  no toda  expresión  de conflicto  es políticamente eficaz. La violencia espontánea puede ser una expresión auténtica del malestar, pero también puede ser su forma más débil: desorganizada, fácilmente aislable y susceptible de ser utilizada por el mismo poder que se pretende cuestionar.

En ese sentido, la conducción  del conflicto es fundamental. Un conflicto sin dirección puede  ser absorbido por el sistema que lo genera y terminar reforzando aquello que buscaba impugnar.

Así, la pregunta final es:

¿Qué formas de acción permiten no solo expresar el conflicto, sino transformarlo en poder político real?

ANTU – Ex dirigente de la Universidad Tecnica del Estado

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