Por: Álvaro Ramis. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Crónica Digital. 22 abril, 2026
En las comunas populares el Estado llega más tarde y las promesas se gastan más rápido. Cerro Navia, La Cisterna, Puente Alto, San Joaquín y Pudahuel. Donde el municipio no es una burocracia lejana: es el lugar donde la vecina lleva al niño enfermo porque no tiene para pagar una clínica, donde el adulto mayor viene a buscar el almuerzo que no tendrá en casa, donde el camión de basura es lo que separa la dignidad del abandono.
Por eso, cuando el presidente Kast anunció su «megarreforma» y prometió que «no vamos a afectar los municipios», no aplaudimos. Preguntamos. Y el silencio que recibimos como respuesta dice más que cualquier declaración de prensa.
La propuesta de eliminar el pago de contribuciones para los adultos mayores suena, en el titular, a una medida solidaria. Pero tiene letra chica. Y los titulares no pagan los sueldos de las educadoras de párvulos, no financian las rondas del médico en el CESFAM ni sostienen el carro bomba que apaga los incendios en las poblaciones donde las casas son de madera. Las contribuciones son, junto al Fondo Común Municipal, el corazón que bombea recursos desde las comunas ricas hacia las comunas pobres. Y ese corazón late porque hay cotizantes que pagan.
En nuestras comunas, prácticamente nadie paga contribuciones hoy. Eso significa que el beneficio no llega a nuestros vecinos: llega a los propietarios de Las Condes y Vitacura. La medida es, en los hechos, un subsidio regresivo disfrazado de sensibilidad social.
Nos dirán que habrá compensación. Lo esperamos. Lo exigimos. Pero dudamos que exista una forma de compensar esta pérdida. Hasta hoy, nadie del Ejecutivo nos ha llamado para explicar de dónde vendrá ese dinero, en qué plazos, bajo qué garantías. No hemos sido invitados a ninguna mesa de trabajo. No existe un borrador, no existe un mecanismo, no existe siquiera una reunión agendada. Solo existe la palabra del presidente, pronunciada en una conferencia de prensa, sin números, sin firma, sin ley.
Mientras tanto, nosotros ya estamos haciendo los cálculos. Cuántos programas de seguridad habría que cerrar. Cuántos contratos de aseo habría que no renovar. Cuántos talleres para adultos mayores —esos mismos adultos mayores que la reforma dice proteger— habría que suspender. Y eso sin considerar que el costo del combustible no baja, que el precio de los insumos médicos sube, que las demandas de nuestros vecinos crecen mientras los recursos permanecen congelados o disminuyen.
Entendemos que el gobierno quiere crecer, que quiere inversión, que quiere empleo. Compartimos esos objetivos. Pero el crecimiento que se financia desarmando los municipios de la periferia no es crecimiento: es traspasar el costo hacia los más pobres, que pagarán la rebaja tributaria de las grandes empresas con menos servicios en su barrio.
No somos opositores de principio. Somos administradores de lo urgente. Y desde lo urgente les decimos: vengan a hablar con nosotros antes de legislar. Vengan a ver qué significa recortar doscientos millones de pesos en una comuna donde esos doscientos millones son todo. Vengan a explicarle a la señora que espera turno en la municipalidad por qué la «megarreforma» que aparece en el noticiario no llegará a su barrio, pero sí se irá de él.
El presidente prometió no tocarnos. Pero reformar el financiamiento municipal sin dialogar con los municipios ya es tocarnos. Y si la compensación no llega concreta, negociada y legal, no habrá promesa que alcance para tapar el agujero.
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